Por Redacción La Hora
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Guatemala perderá su oportunidad de cambio, a menos que los líderes nacionales asuman la lucha contra la impunidad, aprueben las reformas al sector justicia que están paralizadas y reúnan los recursos financieros para fortalecer las instituciones nacionales, señaló el Internacional Crisis Group, en un análisis sobre el papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en los cambios que recientemente ha vivido el país.

En un informe publicado este viernes titulado «¿De muleta a motor de cambio? La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala», el Crisis Group, una entidad que se dedica a prevenir y resolver conflictos, señala que el país está viviendo un raro momento de oportunidad, con un nuevo presidente, Jimmy Morales, que ha prometido el combate a la corrupción, así como con ciudadanos envalentonados que presionan por reformas por un gobierno más transparente y una justicia más efectiva.

La entidad señala que detrás de este experimento único está la CICIG, cuyos investigadores trabajaron con fiscales nacionales para desmantelar estructuras criminales dentro del Estado.

Sin embargo, el Crisis Group señala que Guatemala puede perder su oportunidad, a menos que los líderes nacionales asuman como propia la lucha contra la impunidad y aprueben las reformas al sector justicia que están estancadas, así como reúnan los fondos necesarios para fortalecer a las entidades estatales.

En el documento, la entidad realiza un breve repaso de los inicios de la CICIG en nuestro país y señala que los golpes más dramáticos contra la impunidad ocurrieron en 2015, con el arresto de casi 200 funcionarios por casos de corrupción, incluyendo el de la estructura “La Línea”, en el que supuestamente estaban involucrados el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

La organización no gubernamental señala que mucho del éxito se debe a la determinación y persistencia del actual comisionado, Iván Velásquez, un jurista conocido por el descubrimiento de los vínculos entre políticos y paramilitares en Colombia.

No obstante, la CICIG no puede funcionar sin la estrecha colaboración y el apoyo de los fiscales guatemaltecos. La exfiscal general Claudia Paz y Paz y la actual jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, han mostrado la independencia y el coraje para perseguir casos complejos y controversiales contra poderosos sindicados, anotó la entidad.

Para el Crisis Group un ingrediente crucial ha sido el apoyo popular que han recibido, tanto el comisionado Velásquez como los fiscales quienes gozan de amplia aprobación entre los ciudadanos cansados por el crimen y la corrupción.

La entidad recordó que las investigaciones generaron un amplio movimiento cívico por las reformas en la justicia y un gobierno transparente; en un país largamente polarizado por diferencias ideológicas, económicas y étnicas; la cruzada anticorrupción ha unido, al menos temporalmente, a grupos que van desde empresarios a sindicatos, estudiantes universitarios y líderes indígenas.

Sin embargo, la entidad considera que es el enojo por los fraudes del gobierno el que sostiene a este movimiento, más que una clara agenda por el cambio. Los líderes electos deben canalizar este descontento en una acción positiva, iniciando un debate nacional sobre las reformas necesarias para fortalecer la justicia y fomentar la rendición de cuentas, indicó.

Según el Crisis Group, el presidente Jimmy Morales todavía tiene que presentar un programa claro de reformas, incluyendo una nueva legislación para garantizar la independencia de jueces y fiscales, endurecer las campañas de financiación y crear una policía nacional honesta.

Por otra parte, el estado necesita fondos suficientes para promulgar reformas fiscales y tributarias a fin de que sus instituciones de justicia cuenten con los recursos necesarios para pagar buenos salarios, proporcionar condiciones dignas de trabajo y ampliar su cobertura en todo el país, señaló.

Para el Crisis Group, la asistencia internacional no puede durar indefinidamente. La CICIG es la mejor oportunidad de Guatemala para unas reformas genuinas en el sector justica y no debe ser desperdiciada, pero el gobierno debe empezar a planear en vista de su partida fortaleciendo su propia capacidad de combatir el crimen y la corrupción, puntualizó.

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