POR WALESKA HERNÁNDEZ
whernandez@lahora.com.gt
A 30 años del terror y la violencia sufrida, 15 mujeres han sanado sus heridas y están preparadas para demandar justicia y sentar los precedentes para que lo que les sucedió, no se repita. El próximo lunes comparecerán en el juicio en contra del teniente coronel, Esteelmer Francisco Reyes Girón, y el ex comisionado militar, Heriberto Valdez Azij, acusados por la explotación sexual y laboral de mujeres y hombres en el destacamento militar Sepur Zarco, hechos ocurridos en 1982, en el marco del Conflicto Armado Interno guatemalteco.
Por primera vez en la historia del país, un tribunal abrirá a juicio bajo el cargo de delitos contra los deberes de la humanidad, detallando que pudo ser cometido en las modalidades de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica, en el marco de un Conflicto Armado Interno.
Al ordenar el juicio, el juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo reconoció la magnitud de los delitos como crímenes de guerra y de lesa humanidad, y colocó al centro del debate la utilización y el control de los cuerpos de las mujeres dentro del contexto de la guerra.
Tras pasar por un largo proceso de aceptación y recuperación, el caso fue impulsado por 15 mujeres y 5 hombres sobrevivientes de la violencia y el terror, quienes en el 2012 rompieron el silencio y contaron ante un juez lo que les sucedió.
El presentar sus testimonios en público y poder ser escuchadas, ya es un resarcimiento y un paso en la reconstrucción de las vidas de las víctimas, opina Paula Barrios, directora de la asociación querellante Mujeres Transformando al Mundo.
El trayecto para llegar al juicio no ha sido fácil. «Las mujeres debieron superar su propia vergüenza y la culpa de no haber hecho más para defenderse. Un sentimiento muy recurrente en las víctimas de abuso sexual», explica.
De acuerdo con Barrios, superar esos paradigmas y reclamar justicia, en un mundo ajeno al de sus pueblos, fue el paso más duro del camino hacia la transformación de las víctimas, pero era necesario, debían decirle a sus hijas e hijos, sus vecinos y al mundo entero: «No fue mi culpa, no fui yo».
Con este juicio las mujeres víctimas de violencia sexual durante el Conflicto Armado Interno desean que se conozca la verdad, y que se destruyan los estigmas que por muchos años han llevado sobre sus hombros, así como la vergüenza que han sufrido. No solo para ellas, sino para todas las personas.
La organización internacional Impunity Watch, destaca que la experiencia desarrollada en el Caso Sepur Zarco «es un ejemplo de la posibilidad y oportunidad de llevar casos bajo la concepción de litigio estratégico, que va más allá de la obtención de una sentencia condenatoria, ya que apuesta a la generación de cambios en el sistema de justicia y de incidencia en la sociedad en general».
CUANDO LOS HOMBRES DESAPARECIERON
Las investigaciones del Ministerio Público (MP) indican que entre los años 1982 y 1983, el Ejército de Guatemala, se ubicó de forma temporal en diferentes fincas de las comunidades del municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, y del municipio de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz.
En el lugar, se instalaron destacamentos militares con la anuencia de los propietarios de las fincas. Esto dio inicio por parte de miembros castrenses con colaboración de comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil, a la captura de aquellos hombres, campesinos, que gestionaban la propiedad de sus tierras.
Meses antes, algunos campesinos q’eqchí’s, se habían organizado para gestionar la propiedad de sus tierras ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA). Tras sus capturas, sus casas y cosechas fueron incendiadas y los animales que tenían fueron robados.
LA VIOLENCIA Y LA ESCLAVITUD
Al desaparecer sus convivientes, la mujeres quedaron desprotegidas y vulnerables. A punta de pistola, fueron obligadas, durante seis meses, a ser esclavas domésticas y esclavas sexuales de los militares del destacamento ubicado en Sepur Zarco. Seis meses con turnos cada tres días. Tiempo en el que cocinaban, lavaban los uniformes y cumplían con las demandas de los soldados. Entre tanto, eran constantemente asaltadas sexualmente por uno o varios de ellos, a veces enfrente de sus hijos, a veces en el río, o los caminos del pueblo.
Como resultado de este abuso, las mujeres tendrían constantemente hemorragias, abortos espontáneos y sufrieron las consecuencias de ser medicadas para evitar embarazos.
Luego de esos seis meses de torturas físicas y psicológicas, seguirían otros cinco años y medio en que los que algunas de ellas, según sus testimonios, fueron obligadas a huir a la montaña.
En la montaña muchas vieron morir a sus hijos por desnutrición y frío, sin poder hacer nada para salvarlos.
UN LARGO CAMINO
Luego de la firma de la paz, el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) fue a las comunidades del interior para apoyar a las víctimas de la guerra en el proceso de reinserción a la paz y la vida comunitaria.
Fue durante ese período que descubrieron lo sucedido en Sepur Zarco y dieron inicio a un proceso de reparación psicosocial que llevó seis años, solo para lograr que las mujeres pudieran compartir sus recuerdos de dolor.
En 2009, se unen al proceso Mujeres Transformando el Mundo y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), querellantes adhesivas en el caso. Juntas, estas organizaciones forman la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad.
La primera experiencia de justicia la vivieron en el Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres durante el Conflicto Armado Interno, que tuvo lugar en marzo del 2010, en el Paraninfo Universitario.
El tribunal se organizó como una acción política, a través de la cual, las mujeres sobrevivientes de violencia sexual durante el Conflicto Armado Interno, acabaron con el silencio y contaron sus historias.
La experiencia ayudó a fortalecer la esperanza de justicia de las 15 mujeres sobrevivientes y las empujó a iniciar la causa judicial que el próximo lunes iniciará la etapa de juicio.
Actualmente, las víctimas conforman el colectivo Jalok U, que además de ser querellante adhesivo en el caso, apoya el desarrollo de otras mujeres, a través de actividades comerciales como la elaboración de chocolate y textiles para vender.
EL CAMINO DE LA JUSTICIA
Barrios explicó lo difícil que ha sido documentar y recopilar evidencias sobre los hechos para fundamentar el expediente judicial.
El proceso de este caso se inició con una denuncia presentada por la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad en la Fiscalía de Izabal. En el documento se daba cuenta de una serie de delitos cometidos en contra de un grupo de mujeres que declararon haber sido víctimas de abusos físicos y sexuales por parte de integrantes el Ejército de Guatemala, tres décadas atrás.
El caso fue trasladado a la capital por medio de una solicitud del MP para que se conociera en competencia ampliada en Mayor Riesgo.
Las 15 sobrevivientes rindieron declaración en calidad de anticipo de prueba en septiembre de 2012. Fue la primera vez que un tribunal judicial escuchó los testimonios de víctimas de esclavitud sexual y violaciones.
En junio de 2014, Reyes Girón y Valdez Asij fueron capturados y puestos a disposición de un juez, que ordenó abrir proceso en su contra.
En septiembre de 2014, el MP presentó los argumentos finales de su acusación y en octubre de ese mismo año, el juez Miguel Ángel Gálvez ordenó abrir juicio contra los sindicados.
En junio 2015, el togado aceptó todos los medios de prueba presentados por el MP y remitió el expediente al Tribunal A de Mayor Riesgo, que iniciará el debate este lunes.
DOS DETENIDOS ENTRE DECENAS DE RESPONSABLES
Por los hechos anteriormente descritos, Esteelmer Reyes Girón es acusado del delito de deberes contra la humanidad en su forma de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica.
Además, es señalado de tratamiento inhumano por los vejámenes contra las menores Ana y Hermelinda Cuc Pop; así como por el asesinato de la madre de las menores, Dominga Cuc.
De acuerdo con las declaraciones de los testigos en el caso, se determinó que Reyes Girón era una especie de «patriarca de la comunidad». «A él le llevaban todo tipo de problemas, incluso de índole personal», dijo Barrios.
Entre los testigos, una mujer aseguró que se presentó ante Reyes para que la ayudara a resolver un problema con una vecina. Sin embargo, como respuesta, éste envió a ambas durante varios días a la cárcel.
Otro caso documentado es el de un hombre que contó a Reyes que su esposa le había sido infiel. El castigo ordenado por el «patriarca» era que la violara públicamente, pero debido a que el hombre se negó a hacerlo, ordenó que 10 soldados ejecutaran su mandato.
En el caso de Heriberto Valdez Asij, las pruebas evaluadas, indicó el juez Gálvez, fueron suficientes para que pueda enfrentar juicio por el delito de desaparición forzada, por la captura ilegal de siete campesinos q’eqchi’s el 25 de agosto de 1982.
Además, Asij enfrentará juicio por delitos contra los deberes de la humanidad en su forma de violencia sexual, por supuestamente violar a dos mujeres durante los operativos militares en los que participó durante 1982 entre Izabal y Alta Verapaz.
«EL PROBLEMA ES EL SISTEMA DE JUSTICIA»
La Hora consultó al abogado defensor de Reyes Girón, Moisés Galindo, sobre los señalamientos contra su patrocinado y los hechos que constan en la investigación anteriormente descrita.
Galindo indicó que hablar de pruebas de descargo es «intrascendente» en este caso, ya que a su consideración la investigación es fabricada y los jueces son afines a los querellantes del caso.
«No tiene sentido hablar de defensa si yo tengo a mis enemigas juzgando a mi defendido. Es igual que presente un millón de pruebas de descargo a que no presente ninguna. El problema no es mi defendido, es el sistema de justicia», aseguró.
Esto, en referencia a la resolución de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo que rechazó la excusa presentada por las juezas Jazmín Barrios y Patricia Bustamante para no conocer el caso, alegando «enemistad con el abogado defensor».
Como respuesta, Galindo interpuso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que podría obligar a suspender la audiencia de inicio de juicio.
«Eso va a ser una parodia judicial, donde sea que se respete el debido proceso, jamás se verá que unas juezas que van a juzgar son enemigas del abogado defensor. Eso demuestra que son tribunales políticos, no son tribunales de derecho», indicó.
Galindo agregó: «en un tribunal existe un debido proceso, en el cual de un lado alguien acusa y por otro alguien defiende. Toda historia tiene dos caras y tiene que haber un juez que decida, pero que vamos a ir a hacer, si los jueces son de ellos».
La Hora intentó contactarse con la defensa de Valdez Asij, pero al ser representado por un abogado del Instituto de la Defensoría Pública Penal, no fue posible.
AGRESIÓN SEXUAL, UNA PRÁCTICA RECURRENTE
Este grupo de mujeres no son las únicas que sufrieron agresión sexual durante el Conflicto Armado Interno. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, reconociendo que «las cifras de violación sexual, muestran un subregistro…en relación a otras violaciones de derechos humanos…», registró 1 mil 465 hechos de violación sexual, de los cuales pudo documentar 285 casos.
Hasta hoy, el caso Sepur Zarco es el único que ha llegado a juicio por estos hechos y que reúne a un grupo de mujeres que fueron agredidas sexualmente de forma continua y sistemática. Con esto, se convierte en un precedente jurídico, tanto nacional como internacional.
Actualmente, explicó la representante de Mujeres Transformando el Mundo, continúan presentándose violaciones sexuales por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno. «Existen testimonios en los desalojos recientes que indican que la práctica se sigue utilizando para amedrentar a las mujeres», aseguró.
Esto, pese a que en los convenios firmados por Guatemala ante el Comité de Seguridad de Naciones Unidas, se garantiza la no repetición de los hechos de violaciones a derechos humanos que fueron cometidos durante la guerra.
«El Estado debe crear mecanismos de protección para que tanto el Ejército como La Policía Nacional Civil, tengan protocolos de actuación para que la integridad de las mujeres sea prioridad», señaló Barrios.
Los órganos judiciales, los organismos internacionales y las asociaciones que apoyan a las víctimas de la guerra señalan que es necesario reescribir la historia y contar la verdad, llenar esos espacios que han quedado vacíos en los libros de estudios sociales en donde se narra el conflicto armado interno en una página, ya que la mejor forma de construir una mejor Guatemala es escuchar a quienes vivieron la historia.
«Vine a contar que a mí me obligaron, me llevaron al destacamento de Sepur Zarco.» – Testimonios del Caso Sepur Zarco.
«Mi esposo no sé dónde está, sigo buscando. Me han dicho que ahí en el río Pueblo Viejo lo tiraron. No sé, no lo encontramos, sigo buscando y me duele mucho. Nosotras fuimos violadas, fue violado nuestro derecho, yo viví seis años en la montaña.» – Testimonios del Caso Sepur Zarco.
«Me duele mucho porque por ir en la montaña por culpa de militar, perdí mis hijos, allí se murieron mis hijos, mi esposo; yo soy madre soltera.» – Testimonios del Caso Sepur Zarco.
«A nuestros esposos los mataron, aunque los declaren culpables y vayan a prisión, van a tener comida. Nosotras fuimos obligadas a vivir como perros, durmiendo sobre nylon alrededor del destacamento.» – Testimonios del Caso Sepur Zarco.
«Por mis hijas, por mis nietas, para que no tengan que vivir lo que yo viví» – Testimonios del Caso Sepur Zarco.
