POR WALESKA HERNÁNDEZ
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Nueve presuntos integrantes de la red de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), conocida como Negociantes de la Salud, permanecerán en libertad condicional por orden de la Sala Tercera de Apelaciones.
La Sala de Apelaciones rechazó los recursos interpuestos por el Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el IGSS, contra dichas medidas.
Por otro lado, el tribunal de apelación dio con lugar una apelación presentada por la defensa del procesado Juan Carlos Umaña Velásquez, beneficiándolo con arresto domiciliario.
La sala avaló la resolución del Juez Séptimo de Primera Instancia Penal, emitida el 23 de noviembre pasado, con la cual otorgó medidas sustitutivas a nueve procesados; sin embargo, ordenó nuevas condiciones para la misma.
La sala aumentó la fianza impuesta de Q35 mil a Q100 mil cada uno, y cambió la frecuencia con la que deberán presentarse a firmar el libro de medidas sustitutivas de cada ocho días a cada quince días. Además, los implicados tienen prohibido salir del país y comunicarse entre ellos.
Los beneficiados son: Carlos Enrique Palma Carranza, Roberto Francisco Estrada Morales, César Estuardo Hernández Monroy, Carlos Rodolfo Salvatierra Soto, Hugo René Navas Bonilla, José Rafael Arriaga fuentes, José Rodolfo Barrientos Montepeque, Mateo Estuardo Ramazzini Menéndez, Juan Carlos Umaña Velásquez
Alejandro Enrique Toledo Paz, Juan Pablo Muralles Morán y Gustavo Adolfo Alejos, considerados por el ente investigador como los cabecillas de la red, permanecen en prisión.
ANTECEDENTES
De acuerdo con la fiscalía, proveedores de medicamentos y equipo médico acudían a los operadores de la estructura, para procurar la venta de su producto o servicio al IGSS. En tanto, los operadores se dirigían a los funcionarios periféricos para lo que el ente investigador denomina “mover códigos”, es decir, incentivar o promover el consumo de un producto o servicio en las distintas unidades del Seguro Social.
De esa cuenta, con amenazas y premios estimulaban a los médicos tratantes a recetar cierta cantidad de un medicamento específico para aumentar la necesidad de la compra del mismo.
Según la investigación del MP en coordinación con la CICIG, los operadores también acudían a los funcionarios centrales para incidir en la manipulación de los procesos de adquisición de productos o servicios. Otros proveedores recurrían directamente a los funcionarios centrales para intervenir en la manipulación de los procesos de adquisición.
La actividad irregular desplegada por los operadores para incidir en los procesos de adquisición de la institución se llevaba a cambio de “comisiones” porcentuales pagadas por el proveedor y que eran compartidas con los funcionarios centrales y periféricos.
