POR SAIRA RAMOS
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El próximo 14 de abril la Corte de Constitucionalidad cambiará de magistrados titulares y suplentes. El Congreso, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), La Universidad de San Carlos, y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), son las cinco instituciones que deberán elegir un representante y su suplente para dicho órgano. El CANG ya tiene cinco binomios en la carrera, mientras que el resto, aún no define el proceso de selección de magistrados que utilizará.

La semana pasada, la Asociación Guatemalteca de Operadores de Justicia (AGOJ) realizó el primer debate de aspirantes a ocupar un cargo por el CANG ante la máxima Corte Constitucional, en el cual participó el actual magistrado titular, Héctor Hugo Pérez Aguilera; el magistrado suplente, Ricardo Alvarado Sandoval; el juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda Sandoval; el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Carlos, Bonerge Mejía Orellana, y el expresidente del CANG y expresidente del Tribunal Electoral del Deporte Federado (Tedefe), Óscar Cruz Oliva.

Los aspirantes a la magistratura expusieron sus planes de trabajo y explicaron sus intenciones, de llegar a tan deseada posición. A continuación, el detalle de lo que dijeron.

OTRO PERÍODO MÁS
Héctor Hugo Pérez Aguilera es el primer magistrado de la CC que anunció sus pretensiones de reelección, aunque extraoficialmente se conoce que el resto de sus compañeros tienen la misma intención.

El magistrado de la CC y el aspirante a ser su magistrado suplente, Jorge Mario Quiñonez, garantizaron que en su próxima gestión seguirá manejándose una política de “puertas abiertas” donde pretende promover el litigio electrónico.

Delante de más de 200 profesionales afirmó que su reelección es motivada porque desea seguir aportando al proceso democrático del país con el resguardo del orden constitucional a través de fallos que le permitan mantener la institucionalidad y provoquen caos.

Además, dijo que desea realizar una convocatoria a institutos y universidades a nivel nacional para consensuar reformas a la Ley de Amparos y Exhibición Personal, promover que todos los abogados recién graduados conozcan la Constitución, e incluir una guía de acciones de orden constitucional que se distribuya en forma impresa y electrónica.

EL SUPLENTE QUE QUIERE SER TITULAR
Ricardo Alvarado Sandoval es el actual magistrado suplente de Pérez Aguilera, pero ahora tiene aspiraciones de ser designado titular, junto a Eloísa Mazariegos Herrera como magistrada sustituta.

El togado dijo que una vez asuma como representante del CANG ante la Corte Constitucional, trabajará sobre los pilares de la transparencia, publicidad, probidad, eficiencia y eficacia.

Asimismo, dijo que velará porque la justicia constitucional prevalezca ante cualquier presión gubernamental, es decir, todos aquellos actos, hechos y disposiciones emanados por los tres poderes del Estado, que tergiversen los derechos de la Constitución.

Los aludidos afirmaron a La Hora que tienen el apoyo de un grupo grande de profesionales del CANG y demás personas que han conocido a lo largo de su carrera profesional. Los magistrados que buscan reelegirse por cinco años más, aseguraron que al finalizar la campaña no deberán rendir cuentas a ningún operador político.

Sin embargo, Pérez Aguilera ha sido objeto de polémicas por fallos en los que ha beneficiado a sectores de poder, y en los cuales ha disentido con el resto de sus compañeros.

BINOMIO CONTRA LA CORRUPCIÓN
El juez Villeda Sandoval, junto a la magistrada suplente de la Sala de Apelaciones de la CSJ, María Cristina Fernández, forman el “binomio contra la corrupción”, con el que buscan ser magistrados titular y suplente del CANG ante la Corte Constitucional por el grupo Alternativa Independiente.

En su plan de trabajo, los profesionales pretenden hacer un diagnóstico para proponer las modificaciones que sean necesarias para reducir los conflictos de interés que a todos los niveles puedan darse dentro de la CC.

Además, indicaron que buscarán promover una reforma al artículo 169 de la Ley de Amparo que establece que “no es incompatible el ejercicio profesional con el cargo de magistrado suplente”; así como reformas para “devolver la esencia del amparo”, pues este, según los candidatos, fue creado como instrumento de protección cuando existe una amenaza de violación a los derechos fundamentales de la persona o para restituirlos cuando la violación ya se consumó.

Villeda y Fernández, proponen que la CC modifique su competencia, haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 16 de la Ley de Amparo, para que los amparos promovidos contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sean conocidos por la CC, y no por la CSJ, como actualmente se hace. Esto, ante el abuso de acciones de amparo y a efecto de dotar al proceso electoral de seguridad jurídica.

Además, proponen que los amparos interpuestos contra el Contralor y el Director del Registro de Ciudadanos del TSE sean conocidos por la Corte Suprema de Justicia, y no por la Corte de Apelaciones.

Los profesionales también pretenden hacer obligatorio que se respete la doctrina legal sentada por la CC. Para esto, proponen varios mecanismos que ayuden a los juzgadores, abogados y partes a conocer la misma con profundidad.

También señalaron como necesario descentralizar las vistas púbicas para que estas no se lleven a cabo solo en la Ciudad Capital, que se continúe con la implementación del sistema electrónico y que todos los procesos sean auditables por los magistrados y la ciudadanía.

TRAS LA MAGISTRATURA
El otro candidato a magistrado titular de la CC, es Bonerge Mejía Orellana, quien, junto al exmagistrado del TSE, Julio Dougherty, enfocan su plan de trabajo en tres pilares.

El primero de estos es la celeridad en el proceso de gestión del despacho. Para este aspecto, según Mejía Orellana, se aplicará el término de “puertas abiertas”, ya que tiene la experiencia en dos de sus decanaturas en la Facultad de Derecho.

El segundo pilar, explicaron, busca defender el orden constitucional, lo cual será demostrado con resoluciones coherentes, “consistentes y verticales”, con potenciación de la Carta Magna.

Tercer lineamiento consiste en la transparencia y la apertura a la ciudadanía, que desde abril del 2015 ha demandado cambios al Estado.

El exdecano de Derecho de la Usac, afirmó a La Hora después del foro organizado por AGOJ, que su deseo de participar por segunda vez como magistrado a la CC nace de su calidad de ciudadano, su capacidad y porque reúne todos los requisitos para optar al cargo.

El aludido detalló que su campaña como candidato es austera, pese a que esta inició desde finales de diciembre del 2015.

Para promocionarse, Mejía Orellana aseguró que utiliza recursos propios, un préstamo solicitado por su esposa, y según dijo, recibe el apoyo de 18 asociaciones de la Ciudad Capital y del interior del país del CANG, que convergen en la Federación de Abogados y Notarios de Guatemala (Fanguate).

Según las organizaciones civiles que han acompañado los procesos de elección de magistrados, sobre Mejía Orellana pesa la sospecha de que es patrocinado por Roberto López Villatoro, conocido como el “rey del tenis”, quien ha admitido participar como operador en varios procesos de selección de autoridades judiciales. Sin embargo, esto fue desmentido por el aspirante a la magistratura, quien afirmó conocerlo, pero no haber tenido acercamientos con el exesposo de Zury Ríos, y hermano del diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Julio López Villatoro.

RESPETO A LOS DERECHOS INDIVIDUALES
En el foro del 20 de enero, el expresidente del CANG y Tedefe, Óscar Cruz Oliva, dijo que su propuesta de trabajo está basada en la defensa del orden constitucional, y que por ello respetará en todo momento los derechos individuales y colectivos de la población, “ya que la ciudadanía ha cambiado y exige una transformación”.

El aludido dijo que una vez sea designado como magistrado titular del CANG ante la CC, garantizará la transparencia y rendición de cuentas; asimismo, dijo que implementará la política de austeridad en el gasto y solicitará el acompañamiento de la sociedad civil a efecto de realizar una auditoria social.

Entre sus planes, Cruz Oliva busca evitar la mora judicial y fortalecer el Instituto de Justicia Constitucional, a modo de dar herramientas a sus juristas, especialmente al Foro Jurídico Guatemalteco.
El aludido, quien aún no ha dado a conocer a su compañero suplente, dijo tener una propuesta seria y responsable; y, agregó no tener ningún acercamiento con López Villatoro con quién también se le vincula.

Los fondos con que financia su campaña, dijo, son propios y de allegados que confían en su propuesta.

DESIGNACIONES EN MIRA DE CICIG
Los cinco candidatos a magistrados titular y suplente del Colegio de Abogados ante la Corte Constitucional, al igual que los del CSJ, CSU, Congreso y Ejecutivo están bajo la supervisión de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), según dijo Iván Velásquez, en un conversatorio organizado por el Movimiento Pro Justicia.

El comisionado resaltó la importancia de la designación de profesionales honestos, ya que existe la posibilidad de que sean los nuevos togados quienes conozcan las acciones de amparo que interpongan los fiscales, representantes, defensores y afectados en los casos de redes de corrupción incrustadas en el Estado, develadas desde abril del 2015.

Este aspecto, para la activista Iduvina Hernández, es tan importante como el que todos los aspirantes a ocupar un espacio en la CC cumplan con los requisitos establecidos en Ley, y que eviten la reelección, como lo han manifestado dos magistrados que se postulan por el CANG.

TRANSPARENCIA
El Movimiento Pro Justicia realizó un llamado a todas las entidades que eligen un representante ante la CC, para que transparenten sus procesos de selección y de ser posible, apliquen la Ley de Comisiones de Postulación.

Pese a este llamado, en su última conferencia de prensa, el presidente Jimmy Morales, dejó entrever que la decisión será “a dedo”, como se ha hecho en el Ejecutivo siempre.

Ante la pregunta de un periodista, Morales se limitó a asegurar que harán “lo que diga la Ley”, pese a las solicitudes de la sociedad civil.

La Ley no establece ningún mecanismo especial para la selección de magistrados y los procedimientos utilizados por entes como el CANG, responden a la voluntad de cada ente de democratizar o transparentar su elección.

En tanto, el Organismo Judicial se encuentra en la etapa de recepción de expedientes de aspirantes y el Congreso ya juramentó a la comisión que se encargará de postular candidatos para la elección del pleno.

El CSU no ha anunciado qué procedimiento utilizará, aunque hasta ahora se ha realizado por medio de concesos a lo interno de dicha institución.


OTRAS CANDIDATURAS

El proceso de preselección, previo a la designación de magistrados por la CSJ, CSU y Congreso ya inició; sin embargo, a la fecha, ninguno de los entes ha recibido ningún expediente previo al proceso donde las mesas y comisiones que funcionarán como postuladoras evaluarán y calificarán los méritos y carreras de los aspirantes. Aunque no han confirmado su participación, extraoficialmente se sabe que los candidatos por el Congreso serían Roberto Villate Villatoro, jefe del bloque Libertad Democrática Renovada (Lider); Oliverio García Rodas, diputado del Partido Patriota (PP); Luis Pineda Roca, exmagistrado de la CSJ; Manuel Duarte Barrera, extrabajador del Legislativo, y el jurista Alejandro Balsells Conde.

Por la CSJ, buscaría su reelección el magistrado titular Roberto Molina Barreto y el vocal VII del Organismo Judicial, Sergio Amadeo Pineda Castañeda.

Mientras que por el CSU, se postularían el exrector universitario, Carlos Estuardo Gálvez Barrios; el actual magistrado de la CC, Mauro Chacón Corado; el exdecano de la Facultad de Derecho de la Usac, José Francisco de Mata Vela, y René Arturo Villegas Lara.

Finalmente, por el Ejecutivo se ha mencionado que Gloria Porras, actual presidenta de la CC buscaría su reelección.

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