POR MARIELA CASTAÑÓN
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Tras la retención del Director de la cárcel de Puerto Barrios en Izabal, se conoció que los reclusos pidieron algunas solicitudes enmarcadas en la legislación, pero no todas, como la pernoctación de sus familiares una vez por semana. Este requerimiento podría traer consecuencias negativas, como la violación de un niño en 2014.
Las solicitudes que sí están enmarcadas en la legislación para procurar una rehabilitación adecuada, y que fueron requeridas por los detenidos el sábado fueron: servicios médicos y de agua potable, el acceso a las áreas verdes, habilitación de galeras para trabajar y evitar que “maltraten a sus visitas”.
Sin embargo, los privados de libertad también pidieron “que la visita pernocte una noche en el centro penal”, a pesar de los antecedentes existentes, como la violación de un niño menor de diez años, en julio de 2014.
En aquella ocasión el niño durmió con su progenitora en la cárcel de Puerto Barrios. Ellos visitaron al reo Luis Amílcar Pérez Coy, sentenciado a ocho años de prisión en un caso de violación.
La justificación que las autoridades fue que aparentemente, por razones de tiempo estas personas no lograron regresar a Alta Verapaz, de donde eran originarios.
El Refugio de la Niñez y la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentaron la denuncia ante el Ministerio Público (MP).
FUNCIONARIOS NO RESPONDEN
La Hora buscó una declaración de Francisco Rivas, ministro de Gobernación y de Alexander Toro, director del Sistema Penitenciario (SP) para saber cuáles fueron los acuerdos alcanzados con los reos de esa prisión, sin embargo, ninguno de los dos respondió a las llamadas realizadas a su teléfono celular.
En tanto, lo único que se conoció fue que en la madrugada de ayer, fue liberado el director de la prisión de Puerto Barrios, tras la llegada de representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), de la Policía Nacional Civil (PNC) y del juez de Paz.
MECANISMOS INAPROPIADOS
A criterio de Eleonora Muralles, directora de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), la retención del director del centro para solicitar peticiones no es el mecanismo apropiado, pues esta acción se enmarca en el delito de secuestro.
Muralles opinó, que aunque algunas de las solicitudes de los reclusos son parte de sus derechos como persona, autorizar que lo familiares duerman en la cárcel no es la mejor opción, pues no existen controles ni protocolos adecuados de seguridad.
La profesional instó al ministro de Gobernación a analizar el trabajo del director del SP y de todos los directivos de centros carcelarios, pues a su criterio, en estos puestos deben estar personas con capacidad, honestidad y probidad.
