POR REDACCIÓN LA HORA
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El relevo del Jefe del Estado Mayor de la Defensa y las acciones contra el Ministro de la Defensa por la entrega de información militar al Ministerio Público evidenciaron una fragmentación a lo interno de las fuerzas armadas, entre las que persiste un ambiente de tensión y fricciones.
El ministro de la Defensa, William Mansilla, informó ayer que Alfredo Sosa Díaz fue relevado del cargo de Jefe del Estado Mayor de la Defensa por decisión del presidente Jimmy Morales, lo que provocaría molestia entre grupos militares, que a través de reuniones privadas y manifestaciones públicas llaman a la unidad de las fuerzas armadas.
Aunque el Gobierno explicó que se trataba de una reorganización interna, se generó una polémica porque Sosa accionó legalmente ante la Corte la de Constitucionalidad contra el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, lo que evitaría juicios contra militares recientemente capturados, que a criterio de los simpatizantes del Ejército, deberían ser amnistiados.
De acuerdo con el analista Phillip Chicola, la acción planteada por Sosa pudo incidir en la generación de tensiones, debido a que la institución armada es apolítica, jerárquica y no deliberante y el militar participó de un debate político, el cual atentaba con la razón de ser del ejército.
A decir de Chicola, la inconstitucionalidad que había presentado el general creaba un conflicto con «la idea de la subordinación al poder civil», la cual dice que los ejércitos siempre deben acatar las órdenes de las instituciones políticas civiles, sin embargo grupos militares apoyaban la acción del Jefe del Estado Mayor.
En opinión del analista, existe una marcada fragmentación generacional del Ejército, ya que el grado de tenientes coroneles para arriba son oficiales que vivieron en el Conflicto Armado Interno y su visión particular es que ellos se sienten perseguidos por la justicia y tienen la idea de que la amnistía debería ser general para todos, en donde las acciones de Sosa representaban esa facción.
El experto indicó que lo contrario sucedía con el grado de tenientes coroneles para abajo «ya son oficiales que entraron a la institución posconflicto y son los que aprendieron la doctrina de la subordinación al poder, el rol del Ejército en una sociedad democrática y son ajenos a la discusión de que si la justicia les debe llegar o no, o si la amnistía aplica o no».
ACCIÓN POLÉMICA
También ayer la abogada Thelma Inés Peláez Pinelo interpuso una solicitud de antejuicio contra Mansilla, argumentando que el funcionario violó el artículo 30 de la Constitución Política del país.
Según la abogada, el ministro no debió haber proporcionado información y algunos documentos confidenciales del Ejército al Ministerio Público (MP).
La letrada que accionó contra el ministro era abogada de Sosa Díaz, que justamente fue destituido de su cargo por las actuales autoridades del Ejército.
En palabras de Chicola, sería difícil que prospere la acción contra Mansilla, debido a que el funcionario estaba acatando una orden judicial y por lo tanto no se puede alegar que actuó en forma ilegal.
Sin embargo, la denuncia el Ministro dejó en evidencia férreas divisiones entre grupos de militares, a pesar de que reciamente han manifestado que debe privar la unidad del Ejército.
El investigador y militar retirado, Mario Mérida, considera que esa situación conllevaría a oxigenar la estructura de los mandos militares y vio en el relevo del Estado Mayor de la Defensa una manera de poner orden.
