Por DEREK GATOPOULOS y COSTAS KANTOURIS
ALEXANDROUPOLIS, Grecia
Agencia/AP
Grupos y activistas defensores de los derechos humanos pidieron al gobierno griego que levante las restricciones en la frontera con Turquía, tras dos naufragios que dejaron un saldo de 46 migrantes muertos.
Al menos 60 personas han muerto en aguas griegas este mes cuando intentaban cruzar de Turquía a las islas griegas, en pateras y botes precarios y con mal tiempo. El sábado, los vientos fuertes impidieron que buzos guardacostas continuaran la búsqueda de cadáveres frente a la isla de Kalymnos, donde murieron la mayoría de las víctimas de los accidentes de la víspera.
Marie Elisabeth Ingres, jefa de la misión griega de Médicos Sin Fronteras, dijo que la creación de un «punto de cruce seguro» en la frontera greco-turca debe ser una prioridad.
«Desde el comienzo de esta crisis, MSF ha pedido que se instale una recepción legal y segura en la frontera terrestre entre Turquía y Grecia», dijo Ingres a la Associated Press.
«En la actualidad, aunque hay instalaciones para la recepción en la frontera terrestre, se impide a la gente cruzarla, y a ésta no lo queda otra opción que recurrir a medios ilegales para llegar al continente, con lo cual arriesgan sus vidas y las de sus familias en el mar».
Más de 850.000 refugiados y migrantes viajaron a las islas griegas en 2015, camino de Europa central y del norte, en la crisis de refugiados más grave que ha conocido el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Apenas 3.600 personas habían cruzado la frontera greco-turca en los 12 meses anteriores, en una región con fuerte presencia militar y policial con una cerca de 10,5 kilómetros construida hace cuatro años.
Un campo de tránsito para refugiados cerca de la ciudad fronteriza griega de Orestiada, donde estuvo la AP, tiene apenas 40 personas, en fuerte contraste con las instalaciones sobrepobladas en Lesbos y otras islas griegas, que tuvieron un promedio de 2.300 personas diarias el año pasado y llegaron a tener 7.000.
El ministro de Migración, Ioannis Mouzalas, dijo en una entrevista el año pasado que era «imposible en las condiciones actuales» permitir un registro masivo en la frontera, con lo cual insinuó que las autoridades se verían abrumadas por el número de arribos.
