POR WALESKA HERNÁNDEZ
whernandez@lahora.com.gt
En los últimos diez años, el Organismo Judicial (OJ) solo destinó el 4 por ciento de su presupuesto a la inversión, pese a que la demanda de casos creció en un 44.34 por ciento en ese mismo periodo. Esta situación, que abona al aumento de la mora judicial y, por ende, al aumento de la impunidad, se repetirá año tras año, mientras el Estado no asigne los fondos necesarios para el crecimiento de la institución y las autoridades de la misma no manejen los recursos con transparencia y eficiencia.
De los Q70 mil 796 millones 305 mil 204 aprobados por el Congreso como techo del Presupuesto General 2016, Q1 mil 191 millones 867 mil 311 fueron designados para el OJ.
De acuerdo con Nora Torres, la gerente general del OJ, lo asignado deja a la institución con un déficit de Q1 mil 87 millones, por lo que ya tienen contemplado solicitar 950 millones de ampliación presupuestaria para terminar el año cumpliendo con las obligaciones básicas, dejando de lado cualquier pretensión de inversión.
Los fondos privativos del OJ no son de gran ayuda, pues apenas se recaudan alrededor de Q140 millones anuales.
De esta forma, con el 1.68 por ciento del presupuesto nacional, el OJ debe mantener 673 órganos jurisdiccionales en toda la República y cumplir con su misión de “administrar justicia garantizando su acceso a la población, en procura de la paz y armonía social”.
Además, el OJ tiene una planilla de 10 mil 300 empleados que representa una erogación de Q115 millones mensuales, lo que significa que el presupuesto asignado ni siquiera alcanza a cubrir el pago de salarios para todo el año.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Gerencia General estima que, sin una ampliación presupuestaria, la institución podrá funcionar hasta mediados de este año.
ALTA DEMANDA
Mientras el presupuesto se reduce, la demanda crece. Del 2006 al 2015 el OJ recibió Q2 millones 404 mil 039 casos nuevos.
Torres explicó que cada uno de estos casos se traduce en varias audiencias que consumen tiempo y recursos en los órganos jurisdiccionales, cuya capacidad se ha quedado corta.
En los últimos siete años, el número de órganos jurisdiccionales ha pasado de 632 a 673, es decir que desde el 2009 tan solo se han creado 41 sedes del OJ, la mayoría con el apoyo económico de la comunidad internacional, ya que los presupuestos asignados han sido muy bajos para pensar en inversión.
De hecho, en los últimos 10 años, el OJ solo dedicó el 4 por ciento de los Q15 mil 134 millones 366 mil 945.78 que recibió a inversión. El 96 por ciento restante fue ejecutado para el funcionamiento, y apenas fue suficiente.
“Existen algunos juzgados en que los operadores de justicia carecen de los insumos básicos para realizar su labor, pero deben continuar realizándolo”, relató Torre a La Hora.
Rafael Rojas, presidente del OJ, indicó que las autoridades tienen que reorganizarse con mucha eficiencia para continuar brindando un buen servicio a la población, y de esa cuenta, evalúan constantemente los resultados que cada unidad de trabajo realiza para determinar su efectividad.
Por ejemplo, a criterio del entrevistado, los Juzgados de Paz Móviles no dieron el resultado que se esperaba, ya que solo reciben la denuncia sin darle seguimiento a los casos. Por lo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están considerando su eliminación total y que así el personal se reoriente a otros juzgados que lo necesitan.
UN ABONO A LA IMPUNIDAD
Si el presupuesto limitado no les permite crecer a la misma velocidad que lo hace la demanda, y ni el personal ni las instalaciones son suficientes, los problemas financieros de OJ se convierten en un abono para la mora judicial y, por consiguiente, para la impunidad.
En una década, el OJ solo ha resuelto el 39.8 por ciento de los casos ingresados en ese periodo y, según jueces consultados, hay casos que ya tienen más de 7 años en tribunales.
Un ejemplo claro es el de los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo, que a inicios del año anterior estaban saturados a tal punto que los juicios debían esperar dos años para celebrarse por motivos de agenda.
En un esfuerzo por agilizar los procesos, la CSJ decidió crear el juzgado y el tribunal C de Mayor Riesgo, un proyecto que fue posible con una donación de Q3 millones de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos.
Sin embargo, según refiere el juez Pablo Xitumul, presidente del nuevo tribunal, a la fecha ya ingresaron diecisiete casos que llenaron la agenda del órgano jurisdiccional hasta septiembre próximo.
En ese sentido, para Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, aunque el OJ es grande, necesita crecer más, ya que, a su criterio, con el tamaño actual, no puede brindar la justicia pronta que la Ley manda.
Ibarra señala que no solo hacen falta más juzgados, sino más jueces y personal de apoyo.
“La saturación de los procesos frente al escaso personal con que cuentan, incide en que haya poca calidad en la gestión de la administración de justicia y da lugar a que se provoque una mora judicial, que es una característica del Poder Judicial desde hace muchos años”, indicó la analista.
MÁS RECURSOS Y MEJOR ADMINISTRACIÓN
Ibarra cree que los problemas presupuestarios podrían aliviarse si el OJ recibiera una mejor asignación presupuestaria, pero también si sus autoridades hicieran un mejor uso de los recursos que disponen.
“La CSJ tendría que ver qué recortes puede realizar para optimizar los recursos que le asignan. No pueden quejarse de que no cuentan con los recursos económicos para contratar nuevos jueces, si nadan en asesores, que son tan bien pagados como los trabajadores del Congreso. Debe aplicarse un poco de sentido común y tener una actitud responsable por parte de las autoridades, para que se utilicen adecuadamente los recursos”, comentó.
Además, para la entrevistada, tanto el OJ, como el Ministerio Público (MP) y el Instituto de la Defensoría Pública Penal, tendrían que coordinar esfuerzos para administrar el incremento de trabajo. “Si antes no podían, ahora van a poder menos”.
Edwin Martínez, exviceministro de Finanzas, indicó que “para arreglar el problema de falta de inversión se necesitaría un presupuesto general de cien a doscientos mil millones de quetzales”; sin embargo, las arcas del Estado no recaudan para poder otorgar dicha cantidad.
“El presupuesto que se les asigna cada año viene del Organismo Ejecutivo y cada vez ha ido creciendo; sin embargo, la actividad económica desde 2008 presentó un decrecimiento que afectó a la recaudación tributaria. Esto aunado a los problemas internos que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), no permitieron que se incrementaran los niveles de cobro”, explicó.
Por su parte Salvador Baldizón, quien fue miembro de la Comisión de Finanzas del Congreso que analizó y autorizó el presupuesto, indicó que durante el tiempo que estuvieron analizando la iniciativa, dieron oportunidad a la sociedad civil para que emitiera su opinión respecto de las asignaciones presupuestarias.
“En el caso del MP, la fiscal Thelma Aldana se presentó a exponer sus necesidades y requerimientos para el próximo año. Sin embargo, el Organismo Judicial nunca se presentó. De haberlo hecho, habríamos tenido más argumentos para incrementarles su presupuesto”, aseguró.
Aun así, Baldizón asegura que la Comisión no redujo el presupuesto, sino que se adecuó a la asignación que Finanzas recomendó.
JUSTICIA PRONTA, PERO TAMBIÉN INDEPENDIENTE
Más que inversión, el sector justicia necesita realizar una reforma estructural para asegurar la independencia de sus operadores, lo cual fue uno de los acuerdos más importantes de la firma de la paz y que hasta la fecha no se ha concretado, señaló Helen Mack, coordinadora para la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia.
“Que el sistema judicial pueda crecer e invertir en nuevas instalaciones y más juzgados es prioritario, sin embargo, en el informe que presentó la Comisión, los cambios deben ser más profundos: reformas a la Ley de la Carrera Judicial, un Consejo de la Carrera Judicial independiente y no controlado por la Corte de Justicia, un sistema de evaluación del desempeño, e incluso una reforma de cómo se seleccionan los jueces cuando se contratan”, explicó.
Mack concluyó que la mora judicial debe combatirse a la par de la corrupción interna, ya que de otra forma no se lograrán progresos en la administración de justicia.
ALTA DEMANDA
Mientras el presupuesto se reduce, la demanda crece.
Del 2006 al 2015 el OJ recibió Q2 millones 404 mil 039 casos nuevos.
Cada uno de estos casos se traduce en varias audiencias que consumen tiempo y recursos en los órganos jurisdiccionales, cuya capacidad se ha quedado corta.
En los últimos siete años, el número de órganos jurisdiccionales ha pasado de 632 a 673, es decir que desde el 2009 tan solo se han creado 41 sedes del OJ, la mayoría, gracias a la comunidad internacional.
En los últimos 10 años, el OJ solo dedicó el 4 por ciento de los Q15 mil 134 millones 366 mil 945.78 que recibió para inversión. El 96 por ciento restante fue ejecutado para el funcionamiento, y apenas fue suficiente
