POR WALESKA HERNÁNDEZ
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En 24 horas el Ministerio Público (MP) solicitó 13 arraigos, una solicitud de antejuicio y una orden de arresto en contra de 15 funcionarios y exfuncionarios.
El ente investigador esperó a que los funcionarios dejaran su cargo para dar inicio a las investigaciones en su contra. El derecho de antejuicio inherente a algunos puestos de elección popular, tales como alcaldes y diputados, no permitió que las pesquisas se dieran antes.
Sin embargo, al perder las elecciones tanto diputados como alcaldes, también perdieron ese beneficio que les otorga la ley.
ALCALDES
De esa cuenta se decretó medida de arraigo contra exalcalde Basilio Cordero Cardona, alcalde de la municipalidad de Jutiapa, a quien el MP sindica de planificar y ejecutar el desvío de recursos de la municipalidad con documentación falsa.
También contra el exalcalde de Chinautla, Édgar Arnoldo Medrano Menéndez, quien enfrenta varios procesos por los delitos de incumplimiento de deberes, contaminación y contravención de medidas sanitarias, lavado de dinero u otros activos, peculado y uso de documentos falsificados, caso especial de estafa y asociación ilícita.
La disposición también se impuso a Otto Fernando Pérez Leal, exalcalde de Mixco, a quien le acusan de los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral y propaganda oficial ilegal, supuestamente cometidos en las elecciones pasadas.
En tanto se presentó un antejuicio contra el actual alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes Monterroso, por la Fiscalía de Delitos Administrativos quien lo acusa de homicidio culposo por el derrumbe ocurrido en El Cambray II. Por este mismo hecho fue aprehendido el exalcalde Antonio Coro.
DIPUTADOS
La medida precautoria de arraigo fue solicitada por Fiscalía contra la Corrupción, mientras se realizan las investigaciones en seguimiento a dos denuncias por tráfico de influencias y abuso de autoridad en contra de la exdiputada Emilenne Aquino Mazariegos.
La Fiscalía de Delitos Administrativos solicitó el arraigo de la exdiputada Daniela Beltranena por su supuesta participación en la creación de 12 plazas fantasmas en el Congreso.
Por su parte la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitó el arraigo de ocho exdiputados, entre ellos Manuel de Jesús Barquín Durán por los delitos de: asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y peculado; Jaime Martínez Lohayza por asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito; Luis Adolfo Chávez Pérez y Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona por abuso de autoridad, y tráfico de influencias; Mario Gerardo Yanes Guerra, tráfico de influencias y abuso de autoridad; Mario Israel Rivera Cabrera por lavado de dinero u otros activos y enriquecimiento ilícito; Gudy Rivera Estrada, tráfico de influencias y cohecho activo; Baudilio Elinohet Hichos López por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.
