POR VIRGINIA CONTRERAS
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Ante la Transmisión del Mando Presidencial, la Iglesia Católica, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Universidad de San Carlos (Usac) manifestaron que el nuevo Gobierno deberá velar porque se realicen las reformas al marco jurídico que quedaron pendientes, puesto que la ciudadanía exigió cambios en los aspectos que favorecieron los actos de corrupción de los dirigentes del Estado y al momento se continúa estando bajo las mismas reglas de juego.
El 2015 estuvo marcado por las distintas manifestaciones ciudadanas que congregaron a cientos de personas y tuvieron como escenario la Plaza de la Constitución, en donde por más de seis meses, la población demandó que se realizaran cambios profundos en el sistema, los cuales debían partir de las reformas a distintas leyes.
Entre las peticiones se encontraban las reformas a la Ley de Contrataciones, la de Servicio Civil y al Sector Justicia, así como la Electoral y de partidos políticos, las dos últimas se encuentran en espera de ser modificadas.
La coyuntura obligó a que distintos sectores se fusionaran para velar por el bien común sobresaliendo el Grupo Garante G4 conformado por la Universidad de San Carlos, Iglesia Católica, PDH y Usac.
Sin embargo, luego de varios pronunciamientos, para el mes de noviembre el G4 manifestaba que las modificaciones que se habían realizado en el Hemiciclo, no obedecían a la demanda social que clamaba por la transparencia y eficiencia en la administración pública, así como las soluciones a los problemas que agobiaban al país.
Al respecto, Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y miembro del G4, destacó que el estancamiento de las reformas se ha debido a la manera en cómo se encuentra gestado el sistema, el cual permite que se cometan abusos.
“Seguimos bajo un marco legal que favorecerá nuevamente la presencia de que exista corrupción, ya que el Estado de Guatemala sigue siendo bastante débil y por lo tanto, es un Estado fallido”, acotó y añadió que la población debe continuar protestando, ya que de lo contrario los avances logrados pueden quedar en el olvido.
A criterio de Rodenas, el futuro mandatario tendrá que apoyar las iniciativas, pues de esta manera, la ciudadanía estará de su lado.
En tanto, Hilda Morales, Procuradora Adjunta II de la PDH, detalló que varias de estas normas continúan en poder del Congreso y al igual que Rodenas, indicó que deberá ser el pueblo quien siga ejerciendo presión para que estas iniciativas avancen, dado que “no se ha visto una voluntad férrea y manifiesta por parte de los legisladores para que sean aprobadas”.
Finalmente, a través de un comunicado, la Usac reiteró su compromiso de continuar con la reforma profunda del Estado y para ello puso a disposición del nuevo mandatario, a su equipo de académicos y científicos, así como su capacidad instalada para estudiar y resolver la problemática nacional, con el propósito de contribuir al bien común, al desarrollo y a la paz social de la población.
Convergencia jura ante ciudadanos
Los diputados electos por el partido político Convergencia, Leocadio Juracán, Sandra Morán y Álvaro Velázquez realizaron una caminata con un grupo de activistas saliendo de la Plaza de la Constitución hacia el Congreso de la República, en donde, según indicaron, el objetivo era demostrar a la población que los representarán dignamente en las curules que están por ocupar.
Juracán, quien fue juramentado como subjefe de bloque de Convergencia, detalló que desde su puesto estará pendiente de que las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, contengan cambios estructurales de fondo, tal como las finanzas de los partidos y las campañas anticipadas.
“Además es importante tomar en cuenta una participación más democrática e igualdad de condiciones”, enfatizó.
