POR SAIRA RAMOS
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Una acción de inconstitucionalidad planteada a título personal por el jefe del Estado Mayor, Alfredo Sosa Díaz, en contra de un artículo de la Ley de Reconciliación Nacional, llevó al Ministerio de la Defensa (Mindef) a analizar las medidas que se implementarán contra el funcionario.
El análisis de las altas autoridades del Mindef se hace después que el funcionario planteara ante la Corte de Constitucionalidad (CC), una acción general parcial al numeral ocho de la Ley de Reconciliación, que a su criterio “contraviene” el espíritu de esa normativa y de la Carta Magna, al perseguir los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.
Esa normativa establece responsabilidad en la comisión de los referidos delitos.
El ministro William Mancilla se reunió este miércoles con un grupo de abogados con quienes determinaría las sanciones a las que estará sujeto Sosa Díaz.
En un comunicado de prensa que fue publicado posteriormente el Ministerio de Defensa señaló que la acción del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional fue un «sentir y actuar personal» que no refleja ni cambia la posición institucional que se ha mantenido en el Ejército.
Asimismo señaló que aún analiza la actuación del militar, en armonía con los principios y valores de la institución armada, como la jerarquía y la disciplina.
La acción del jefe del Estado Mayor se da en el marco de las audiencias judiciales contra militares implicados en desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad.
Además, por la próxima apertura de juicio por genocidio que se sigue contra el exjefe de facto, José Efraín Ríos Montt, y el exjefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez, el cual quedó suspendido hace dos días mientras se resuelven las acciones planteadas por la defensa y querellantes.
MERECE DESTITUCIÓN
Para Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Jurístas –CIJ-, el presidente Alejandro Maldonado Aguirre, antes de finalizar su período de transición, debe destituir a Sosa Díaz, porque la acción es improcedente debido que el Derecho Internacional aprobó una doctrina donde se estableció que los referidos delitos no deben ser objeto de amnistía.
Según Cadena, lo grave del planteamiento en contra de los Acuerdos de Paz es que éste haya sido promovido por un funcionario de Gobierno, ya que esto compromete seriamente al Estado de Guatemala.
El promover acciones como las de Sosa Díaz, se hace para “promover impunidad. Esto es sumamente grave para el mandato de Maldonado Aguirre y desde el punto de vista ético es inaceptable. El Presidente lo debe destituir inmediatamente”, dijo Cadena tras conocer la inconstitucionalidad del jefe del Estado Mayor del Mindef.
Entre tanto, el presidente del CIJ espera que la Corte Constitucional declare sin lugar el planteamiento del referido funcionario, de la misma manera que lo ha hecho contra las anteriores acciones que buscan que no se persiga penalmente los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.
El Ejército de Guatemala reafirma su postura Institucional ante la Coyuntura Nacional pic.twitter.com/bkDiPs7GR2
— Ejército Guatemala (@Ejercito_GT) enero 13, 2016
