POR WALESKA HERNÁNDEZ
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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) apeló el arresto domiciliario otorgado a Gustavo Martínez Luna, Filadelfo Reyes Cáceres y César Medina Farfán, vinculados al caso de tráfico de influencias denominado “Redes”.
De acuerdo con el ente investigador, al otorgarle medidas sustitutivas a los implicados “se vulneró las garantías del debido proceso y efectiva tutela judicial”.
La CICIG también argumenta que ese día, antes de que se resolviera a favor de los tres imputados, la jueza había suspendido la audiencia de apertura a juicio contra todos los sindicados por este caso, pues existía un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad (CC) a favor de la sindicada Karen Cancinos.
Sin embargo, aceptó conocer la solicitud presentada por la defensa de Gustavo Martínez para que se le otorgaran medidas sustitutivas en lugar de la prisión preventiva.
La jueza otorgó el beneficio, pues según ella manifestó ya no existía peligro de fuga ni obstaculización a la verdad.
La CICIG considera que aún existe el riesgo de que los tres imputados puedan destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. También pueden influir para que otros imputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o evasiva.
ANTECEDENTES
Según las investigaciones, en julio de 2015, los tres sindicados fueron ligados a proceso, junto con Karen Cancinos Muñoz, Edwin Rodas Solares, Carlos Muñoz y Lidia Roca Morales por existir indicios de su participación en una red de tráfico de influencias.
Altos ejecutivos de transnacionales y funcionarios públicos contactaron a César Medina Farfán, quien se concertó con Gustavo Martínez Luna y el exjefe de la SAT, Carlos Muñoz.
Ellos, aprovechando los altos cargos que ocupaban en la administración pública influyeron en los empleados que tuvieron bajo su dirección y supervisión para beneficiar un interés particular, y a cambio obtener un beneficio.
Mientras que Filadelfo Reyes fue contactado por Medina Farfán por sus conocimientos en materia aduanera y haber ocupado el cargo de Intendente de Aduanas en la SAT, lo que le permitió comunicarse con dos de sus exsubordinados para que estos realizaran acciones ilícitas en el marco de sus competencias, con el objetivo de beneficiar a los clientes de la red criminal.
Por este caso también se vincula al juez José Luis Patán Piché, quien recusó al juez pesquisidor designado para tramitar el antejuicio en su contra por el delito de cohecho pasivo, lo cual mantiene detenido su proceso.
