Por Redacción La Hora
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La jueza Judith Secaida ligó a proceso a cuatro militares retirados por la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen, hecho ocurrido el 6 de octubre de 1981. Los sindicados fueron enviados a prisión preventiva a la cárcel militar Mariscal Zavala.
El general de división Manuel Antonio Callejas Callejas y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, oficial S-2 del Estado Mayor, fueron ligados a proceso por el delito de desaparición forzada.
Mientras que Francisco Luis Gordillo, Edilberto Letona quienes eran comandante y segundo comandante de la zona militar «GMLB», de Quetzaltenango, fueron ligados a proceso por los delitos de deberes contra la humanidad. Zaldaña también fue ligado a proceso por este delito.
La juzgadora argumentó que la desaparición forzada es un delito continuado y por eso es factible aplicar su tipificación.
Por otro lado, la jueza desestimó el delito de violación con agravación de la pena, en contra de Emma Molina Theissen, hermana de Marco Antonio.
Los cuatro militares fueron enviados a prisión preventiva al Mariscal Zavala. Por otro lado, la jueza concedió 2 meses a la Fiscalía para hacer las averiguaciones del caso. El acto conclusivo será el próximo 11 de marzo.
DESAPARICIÓN DEL MENOR
De acuerdo con la investigación del MP, el secuestro del menor se produjo luego de que su hermana Emma Molina Theissen fuera capturada en septiembre de 1981 en un retén militar de control de carreteras, por llevar documentos calificados como propaganda de estudio y de discusión política.
Ella fue llevada a la zona militar «GMLB» de Quetzaltenango donde logró escapar 9 días después de su detención. Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años, fue desaparecido el 6 de octubre de ese mismo año, por tres presuntos integrantes del Ejército, vestidos de particular, que llegaron a la vivienda de la familia Molina, ubicada en la zona 19, colonia La Florida, en la ciudad capital.
Hasta ahora se desconoce su paradero.
PIDEN JUSTICIA
Lucrecia Molina Theissen, hermana del menor Marco Antonio Molina, víctima de desaparición forzada, solicitó a las autoridades guatemalteca hacer justicia para quienes sufrieron transgresiones en esa época.
La hermana de la víctima indicó que la resolución realizada el pasado diciembre por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llega en un momento idóneo, cuando existen casos paradigmáticos como el de su hermano.
Miembros de las organizaciones Convergencia de derechos humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, entre otras, expresaron que ven de manera positiva las acciones que ha realizado el Ministerio Público, lo que los motiva a creer que es posible avanzar en la creación de una institucionalidad más firme.
