POR MARIELA CASTAÑÓN
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Muertes violentas, motines y actos de corrupción fueron algunos de los problemas que se originaron en las cárceles del país en la actual administración de gobierno, en tanto, el próximo 14 de enero asumirá la Presidencia del país Jimmy Morales, quien no ha revelado el nombre de las personas responsables del Ministerio de Gobernación (Mingob) y de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), tampoco ha dado respuesta sobre cómo enfrentará los retos que actualmente se presentan.
En los últimos meses se originaron al menos tres masacres en diferentes cárceles: en Puerto Barrios, en el departamento de Izabal; en la Granja Penal Canadá, en Escuintla y en El Boquerón en Santa Rosa.
En la primera prisión en mención murieron ocho reos, en la segunda dieciséis y en la tercera siete. Esos acontecimientos acapararon la atención de la opinión pública y develaron nuevamente las fallas en el sistema carcelario.
Los funcionarios del Mingob, Eunice Mendizábal y Elmer Sosa justificaron que el origen de estos conflictos, fueron el hacinamiento y la falta de infraestructura principalmente. Ambos ocuparon de mayo a la fecha los cargos de Ministra y Viceministro respectivamente.
Los antecesores de Mendizábal y Sosa, Mauricio López Bonilla y Edi Juárez propusieron inicialmente la implementación de cárceles y después de módulos de deshacinamiento, sin embargo, la continuidad de esos proyectos quedará bajo la decisión de quienes asuman los cargos en la Cartera del Interior y la DGSP el próximo 14 de enero, ya que no fueron terminados.
La corrupción fue otro de los flagelos que afectó a la DGSP, por denuncias formales se conoció de una red de cobros ilegales por traslados a reos, así como de la sustracción de dinero por parte de directores de centros a los propios reclusos, aunado al ingreso de teléfonos celulares, armas de fuego, entre otros.
SIN CONOCER FUNCIONARIOS Y PLANES
El presidente electo Jimmy Morales dijo recientemente que será hasta que asuma el cargo cuando dará a conocer el nombre de las personas que integrarán su Gabinete de gobierno.
En tanto, se desconoce el perfil de quiénes ostentarán los cargos en el Mingob y en la DGSP, por lo tanto, tampoco se ha revelado la forma de cómo las nuevas autoridades enfrentarán los problemas en las cárceles del país.
INCERTIDUMBRE
Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), manifestó su preocupación por los desafíos latentes y por la falta de información sobre cómo sobrellevar esa situación.
“No vemos en las actuales y en las nuevas autoridades mensajes por lo menos que nos vayan planteando alguna diferenciación de lo que tradicionalmente han hecho. Primero hay que implementar la Ley y ahora una Política Penitenciaria aprobada recientemente, esos deben ser los puntos de partida, lo segundo, las autoridades deben ser personas comprometidas y civiles quienes se hagan cargo del SP, aunque no vemos con mucha claridad quién es el perfil adecuado para dirigir el SP”, destacó Asturias.
De acuerdo con el director del CEG, en los últimos nueve años, las cárceles han sido administradas por personal en retiro del Ejército, quienes a su criterio han demostrado “incapacidad” para controlar Presidios y para implementar las normativas vigentes.
“El SP juega un rol dentro del sistema de justicia y es que debe haber una adecuada investigación frente a los delitos y el SP debe otorgar las condiciones para cumplir una pena y preparar a la gente para ser rehabilitada y resocializada como dice la Constitución Política de la República, en esto no ha habido interés de nadie, los recursos para la rehabilitación y la reinserción son mínimos y este es el punto clave de la Política Penitenciaria”, agregó Asturias.
El entrevistado lamentó que en los últimos gobiernos se capturaran a un promedio de 50 mil personas al año, quienes ingresaron al sistema carcelario y salieron en peores condiciones de cómo entraron, ante la falta de planes y programas que permitieran una reinserción y rehabilitación adecuada.
“Los últimos gobiernos capturaron a 45 mil y 50 mil personas al año y el SP no rehabilitó y resocializó, es una escuela del crimen. Las personas salieron peor de como entraron, uno se pregunta ¿cómo queremos que el SP juega un rol dentro del sistema de justicia en esas condiciones?”, reiteró el profesional.
MASACRES
– El 31 de diciembre de 2015 murieron violentamente ocho reos en la cárcel de Puerto Barrios en Izabal.
– El 29 de noviembre pasado murieron dieciséis privados de libertad en la Granja Penal Canadá en Escuintla.
– El 26 de agosto del año pasado fallecieron siete reos en la cárcel El Boquerón en Santa Rosa.
