POR KIMBERLY LÓPEZ
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Desde el 2008, el Estado ha invertido Q7 mil 13 millones en programas sociales, dirigidos a combatir la pobreza y lograr el desarrollo de sectores vulnerables; sin embargo, desde el Consejo de Cohesión Social, hasta el Ministerio de Desarrollo (Mides), la implementación de estos proyectos ha sido un fracaso, según demostró la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014 (Encovi).
De acuerdo con datos del Ministerio de Finanzas, en los últimos ocho años, el total del gasto ejecutado en los programas de bolsas de alimentos, comedores públicos, escuelas abiertas y transferencias condicionadas asciende a Q7 mil 13 millones, sin que exista un mecanismo adecuado para fiscalizar cómo fueron invertidos y si cumplieron con sus objetivos.
Para el 2016, el Mides, la entidad encargada de su ejecución recibirá Q 1 mil 27 millones, es decir Q210 millones menos que en el 2015, y tendrá el reto de hacerlos valer. Durante el proceso de aprobación del presupuesto general, la Comisión de Finanzas del Congreso cuestionó la asignación de recursos a dicha cartera, ya que su uso político quedó, una vez más, develado en las pasadas elecciones.
Sin embargo, el uso clientelar de los programas sociales y su ineficacia para combatir los niveles de pobreza en el país no se limita a la última administración, sino que data desde hace varias administraciones.
Vivir en condiciones de pobreza es, según la Encovi, alcanzar con mucha dificultad el consumo mínimo de alimentos necesarios para sobrevivir al día. En Guatemala, siete de cada diez personas menores de 18 años sobreviven de esta manera.
La pobreza, como fenómeno, lejos de disminuir con el paso del tiempo, expande su alcance hacia un sector poblacional más grande. Hace ocho años la Encovi indicó que la pobreza extrema afectaba a un 13.33 por ciento de la población, mientras que la pobreza no extrema, a un 40.38 por ciento; es decir, más de 5 millones de guatemaltecos.
Para el 2014, esa proporción de personas en condiciones de pobreza extrema creció a 23.4 por ciento y la pobreza no extrema llegó a 59.3 por ciento. En otras palabras, ahora existen 9.37 millones de personas pobres.
Estas cifras no son alentadoras y dejan ver que los esfuerzos del Estado por mejorar las condiciones de vida de la población, no están funcionando.
INTENTOS FALLIDOS
Este fenómeno fue el que motivó la implementación del concepto de Cohesión Social como estrategia de gobierno para reducir los índices de pobreza durante el 2008, según afirma el expresidente Álvaro Colom.
El objetivo del mismo era implementar una plataforma institucional para la ejecución de programas sociales tendientes al combate de la pobreza.
Para su puesta en marcha se retomaron programas ya utilizados en otros países de América Latina, como Bolsas Familia en Brasil y Plan Familia en Argentina.
Sin embargo, los logros del Consejo de Cohesión Social fueron opacados desde un principio por los señalamientos de falta de transparencia, de falta de herramientas para mostrar resultados y de ser una plataforma electoral para el gobierno en turno en ese tiempo, concretamente para la candidatura de Sandra Torres, quien los dirigió y luego se divorció de Colom para participar en política.
La oposición, encabezada por Otto Pérez Molina, aprovechó las debilidades del Consejo para criticar al Gobierno de turno; pero una vez ganó las elecciones, tampoco pudo implementar un modelo de institución que supliera dichas carencias, señalan los analistas consultados.
El Gobierno de Pérez Molina creó el Mides, con el objeto de unificar los esfuerzos para la implementación de programas sociales.
Esta vez, las denuncias de clientelismo y uso político de los proyectos vinieron de una fuente interna al Mides: la ministra Norma Quixtán Argueta.
En conferencia de prensa, la ministra informó sobre una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por supuestas anomalías en los programas del Ministerio.
«No había orden en los programas sociales, todo se manejaba por supuestos favores políticos», dijo Quixtán.
La funcionaria aseguró que además se documentaron al menos 15 plazas fantasma en la institución, de personal que cobraba un salario sin presentarse a trabajar.
Además, Quixtán denunció que el programa Mi Bolsa Segura se trabajaba de forma antojadiza, sin respetar los estatutos legales.
Según los datos más recientes del Mides, hasta el 15 de octubre de 2015 se habían invertido Q320 millones 422 mil 215 en los programas de Bolsa Segura, Bono Seguro, Comedores Seguros, Becas y Jóvenes Protagonistas. Hasta ese entonces, el Ministerio había ejecutado a penas el 43 por ciento de su presupuesto.
POLÍTICAS INEFICIENTES
Alejandra Contreras, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), opina que las estadísticas de pobreza en el país muestran que es evidente que la política social implementada en los últimos dos Gobiernos para reducir la brecha de desigualdad, no ha producido el impacto esperado por la población.
La implementación de programas sociales, orientados desde el 2008 a la entrega de alimentos en ciertos sectores del país, no ha sido una estrategia bien vista y se le ha criticado, principalmente, de «atender a la pobreza, en vez de atacarla», dijo.
Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), asegura que «los programas sociales actuales no generan oportunidades de empleo para la gente que participa en ellos».
Esto, según el analista, desvía el enfoque que deberían de tener, porque lejos de ser una opción viable para la reducción de pobreza se convierten en programas de asistencialismo y no permiten que se propicie una verdadera mejora en las condiciones de vida de las familias beneficiadas.
«En varios países de América Latina se han enfocado en atender a grupos especialmente vulnerables o en condiciones de pobreza. En Guatemala no son una solución ideal, es más adecuado generar oportunidades y empleo; pero esto puede tomarse como una medida de emergencia que genera condiciones para que surjan estos empleos», sugiere Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).
A esto, Maúl agrega que las instituciones no han identificado plenamente a los beneficiarios de los programas y que, por ello, no se pueden evaluar los resultados, pues los beneficios son dirigidos a personas que realmente no los necesitan.
De acuerdo a informes presentados por el Mides, los municipios del departamento de Guatemala son los principales beneficiarios de los programas sociales de entrega de alimentos y transacciones monetarias. Familias de Mixco, Guatemala, Petapa, Villa Nueva, fueron los destinatarios.
De acuerdo a la Encovi, Guatemala es el departamento con menor índice de pobreza en todo el país (33.3%). No obstante, ha sido el lugar en donde más se han concentrado las políticas de programas sociales.
Esto es visto por muchos analistas como una consecuencia de la politización de los mismos, pues, lejos de priorizar las necesidades de las familias, se han utilizado como «una herramienta para comprar voluntades», aseguran.
«Desde su inicio, hace ya seis o siete años fueron politizados, fueron manipulados políticamente», afirma el viceministro de Protección Social del Ministerio de Desarrollo, Antonio de León.
Según Luis Linares, dicha situación se debe a que los alcaldes han procurado implementar estos programas dentro de sus municipios, no por tener índices altos de pobreza extrema, sino para asegurar su reelección en vísperas de la contienda electoral.
«El programa de alimentos, particularmente, se ha prestado al uso clientelar» asegura De León. Además, explica que de una base de datos que tiene alrededor de 254 mil usuarios, 189 mil no tienen perfil socioeconómico. Esto quiere decir que las bolsas no se entregan a personas en situación crítica de pobreza.
EL RETO DE LAS NUEVAS AUTORIDADES
En el último año, alrededor de Q 800 millones han sido destinados al funcionamiento de programas sociales, según datos del Mides.
Para el 2016 la entidad encargada de estos, recibirá Q 1 mil 27 millones. No obstante, la politización, el clientelismo y el riesgo de caer en políticas asistencialistas son los principales retos que enfrentan las futuras autoridades a cargo de los programas sociales.
Las cifras de pobreza refuerzan la idea de que es necesaria la reorientación de las políticas de asistencia social para, a través de estas, paliar el problema de la falta de recursos mínimos para miles de familias.
La respuesta a estas deficiencias, según Linares, es implementar un nuevo diseño que no genere dependencia de la población hacia el Estado, sino que los dirija hacia un desarrollo independiente y progresivo.
Sin embargo, el viceministro considera que, debido a los altos porcentajes de pobreza extrema, «el asistencialismo no es un pecado», siempre y cuando los beneficios estén dirigidos a sectores de la población que realmente lo necesiten, porque se encuentran en una situación extrema y requieren de ayuda inmediata. Para ello, es indispensable hacer una selección adecuada de los destinatarios, sin ningún interés político, explicó.
«No se puede convertir un pobre extremo en un emprendedor de un solo paso, es muy difícil que eso suceda porque el pobre extremo no tiene las condiciones de salud necesarias para iniciar un negocio propio o salir adelante», indicó.
Un aspecto que no debe quedar de lado es la implementación de políticas para procurar la generación de más y mejores fuentes de empleo, opinan los analistas. Sin embargo, la ejecución de planes para promover estas condiciones se ven retrasadas por la atención a la situación de pobreza, por medio de transacciones, entrega de alimentos o bonos.
Frente a esto, el presidente electo Jimmy Morales, ha reiterado públicamente su desacuerdo con el uso clientelar de los programas sociales y la entrega de alimentos. Asimismo, asegura que está dispuesto a apoyarlos, siempre que vayan dirigidos a la población que se encuentre realmente en pobreza extrema y hacia niños con desnutrición aguda.
NO ES LA ÚNICA CAUSA
A pesar de todas las deficiencias de los programas sociales, el fracaso en su funcionamiento no es lo único que ha propiciado el aumento de la pobreza en los últimos años, señalan los expertos.
Varios analistas coinciden en que «no se puede atribuir la pobreza a un solo factor», porque existen otras condiciones que no permiten la mejora en la calidad de vida de ciertos sectores. La falta de empleo, empleos con salarios y condiciones precarias, y el poco acceso a niveles altos de educación, son otras causas que se deben atacar.
Según Antonio de León, «no se puede atribuir el fracaso de las políticas de reducción de la pobreza, exclusivamente a los programas sociales». No obstante, los índices elevados son prueba de que es urgente la reorientación de las estrategias de ayuda social para contrarrestar, de alguna forma, el impacto de la pobreza en el país.
