POR WALESKA HERNÁNDEZ
whernandez@lahora.com.gt
El 2016 pondrá a prueba al Sistema de Justicia debido a que todos los casos de corrupción develados el año anterior llegarán a la etapa intermedia, en la cual se definirá si los acusados enfrentarán juicio por los señalamientos del Ministerio Público (MP).
El próximo 18 de enero, el juzgado B de Mayor Riesgo celebrará la audiencia de apertura a juicio contra el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, así como contra el resto de implicados por su vinculación a la red de defraudación aduanera La Línea.
Javier Monterroso, exsecretario privado del MP, considera que uno de los retos que enfrentará la Fiscalía es el incremento en la carga de trabajo, principalmente en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que además ha perdido a uno de sus fiscales más experimentados, Antonio Morales, quien investigó el caso La Línea desde sus inicios.
Asimismo, la Fiscalía de los Derechos Humanos deberá preparase para un nuevo inicio de juicio contra Efraín Ríos Montt, exjefe de Estado acusado de genocidio y delitos de lesa humanidad, apunta Monterroso.
El debate ha sido retrasado incontables veces por los recursos y estrategias utilizados por la defensa, que ya anunció que buscará detener el proceso nuevamente.
Otro juicio emblemático que regresará a tribunales en enero es el del femicidio de Cristina Siekavizza. El experto señaló que este caso en particular tiene una ventaja, y es que hay un fiscal especial dedicado exclusivamente a este proceso, mientras que los demás llevan 100 procesos cada uno.
Para Gerson Sotomayor, especialista en temas de justicia del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, los retos del MP y la fiscal general Thelma Aldana son amplios.
“Deben fortalecer la institucionalidad del órgano investigador, y para lograrlo las evidencias que presenten en cada caso deben ser contundentes para evidenciar que las personas implicadas realmente cometieron los ilícitos. Además, el sistema de justicia debe operar en un Estado de derecho y no de impunidad”, explicó.
Por otra parte, para Sotomayor, la presión social y, más aún, la atención mediática y política son factores que ahora forman parte del mismo proceso. Sin embargo, esto no puede afectar la independencia de los jueces y no puede ser un factor que influya en sus decisiones.
Para Domingo López, de la Procuraduría General de la Nación, el trabajo de la institución en los procesos que afectan los intereses del Estado será pesado.
Según indica, el MP y la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad (CICIG), son los encargados de la investigación; sin embargo, su labor es velar porque los intereses del Estado de Guatemala, en su caso, no se vean afectados.
Juan Francisco Sandoval, fiscal encargado de FECI, comentó que a pesar de las limitaciones que tienen en personal y presupuesto, el trabajo se lleva a cabo de la mejor manera posible.
Por su parte, Comunicación social indicó que el MP tiene un mandato constitucional que deben cumplir a pesar de los obstáculos que puedan tener.
