POR REDACCIÓN LA HORA
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El 31 de diciembre de 2015 fueron publicados en el diario oficial los acuerdos gubernativos del Ministerio de Trabajo que fijan un salario mínimo diferenciado para las y los trabajadores de las industrias de manufactura ligera para la exportación que se establezcan en los municipios de Masagua (Escuintla), Estanzuela (Zacapa), San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya (El Progreso).
Este salario, que asciende a Q1,954.95 mensuales, es 23% inferior al salario mínimo para la actividad exportadora y de maquila a nivel nacional para 2016, fijado en Q 2,534.15, monto que de por sí no cubre el costo de la Canasta Básica Vital.
“La decisión de aplicar un salario mínimo diferenciado es contraria a las obligaciones internacionales de derechos humanos adquiridas por Guatemala”, recordó Alberto Brunori, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH). “Es una medida regresiva que incrementa la situación de vulnerabilidad de las y los trabajadores y sus familias”, puntualizó.
Con anterioridad, en diciembre de 2014, el Gobierno aprobó un salario mínimo diferenciado para los referidos municipios, el cual fue suspendido y posteriormente declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad. En esa misma ocasión, los relatores de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación y sobre pobreza extrema y derechos humanos a través de un comunicado recalcaron que el salario mínimo diferenciado obstaculiza el desarrollo sostenible, y recordaron que “la explotación de la mano de obra no es una opción viable para propiciar el desarrollo económico y social”.
De igual forma, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultuales de la ONU expresó que el salario mínimo en Guatemala no cumple con la obligación de brindar un nivel de vida adecuado para las y los trabajadores y sus familias, que les permita adquirir los productos necesarios para una alimentación de calidad y culturalmente pertinente, vestido, vivienda, educación y salud adecuados, entre otros derechos humanos básicos.
“¿Acaso no existen otros medios para estimular las inversiones productivas y fomentar el empleo que no sean salarios ínfimos? reiteró Brunori. El Representante de OACNUDH recordó que el país ocupa la última posición en cuanto a la incidencia negativa del crimen organizado sobre la competitividad, la posición 128 en relación al mal uso de recursos públicos, y una puntuación similar en cuanto a calidad de la educación primaria y secundaria. “¿No serán estos los obstáculos a la competitividad del sistema productivo guatemalteco, más que los salarios?”, cuestionó.
OACNUDH Guatemala exhortó al Gobierno de Guatemala a revertir esta decisión y asegurar el cumplimiento de los derechos laborales y condiciones de trabajo justas y favorables para todas y todos los trabajadores, de acuerdo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
