POR WALESKA HERNÁNDEZ
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En apenas cuatro años de operación, el juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio ha pasado a manos del Estado un total de US$29 millones 574 mil 685.19 y Q10 millones 531 mil 193.33 en efectivo; además de 145 vehículos, 4 lanchas, 3 avionetas y 59 inmuebles.
En su mayoría, dichos bienes son producto del trasiego de dinero o del narcotráfico. Entre los casos más importantes se encuentra el de las propiedades de Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano y Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, cuya propiedad fue destinada a los damnificados del derrumbe en El Cambray II.
En el último año se han incrementado los casos por corrupción. Las investigaciones de la Fiscalía de Extinción de Dominio alcanzaron los bienes del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Antes de ellos, solo se registraban dos procesos.
El proceso para extinguir una propiedad es ajeno a cualquier otro proceso penal o civil, explica José Maeda, secretario del juzgado de Extinción. Esto, debido a que los procesos de este tipo no se dirigen contra personas, sino contra bienes, y no busca definir la culpabilidad de su propietario, sino la legalidad del origen de su patrimonio.
El Ministerio Público (MP) debe indagar la titularidad de los bienes, cómo y cuándo fueron comprados, en qué condiciones se realizó la transacción y todo lo relativo al mismo.
La Ley no establece un tiempo límite para a investigación, por lo que hay algunos procesos que llevan años antes de que se resuelva, comenta el secretario. Por esta razón, en la mayoría de casos, el MP solicita que se impongan medidas cautelares sobre los bienes investigados, tales como el embargo o la congelación.
Una vez extinguida la propiedad de los bienes, estos pasan a ser del Estado. Existe una mesa de alto nivel que determina el uso de los mismos. Por ejemplo, los caballos extinguidos a Mario Ponce fueron donados a la Escuela de Equitación para el uso en terapias de niños con autismo.
