POR KIMBERLY LÓPEZ
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El superintendente de Bancos, José Arévalo, aseguró que hoy se discutió con el vicepresidente Alfonso Fuentes Soria y otros funcionarios, sobre la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y combate al lavado de dinero, la lucha contra el terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva.
Ese fue uno de los temas tratados en la reunión de la Comisión Presidencial de Coordinación de Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Fenecimiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (Copreclaft).
De acuerdo a la información recibida de bancos, empresas financieras y entidades obligadas a informa a la Superintendencia de Bancos (SIB), Arévalo informó que hasta la fecha se tiene conocimiento de 1,248 reportes de transacciones sospechosas (RTS), en la que estarían involucradas 5,524 personas.
De esa cantidad de personas, aproximadamente 2 mil corresponden al rubro de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Asimismo detalló que de los reportes de transacciones sospechosas, solamente 134 se han transformado en denuncias. En total estas transacciones suman Q2,167 millones, especificó el funcionario.
Sin embargo, aclaró que esta cifra se puede modificar según sean los reportes recibidos hasta el último día de diciembre. Asimismo, agregó que los delitos relacionados a estas denuncias son relacionados a prácticas de corrupción, lavado de dinero, defraudación aduanera, tráfico de armas, entre otros.
Esta información es parte de las estadísticas proporcionadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y cifras preliminares contenidas en el informe de evaluación a entidades nacionales realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El vicepresidente Alfonso Fuentes Soria, recordó que los resultados del mencionado informe, serán presentados el 22 de enero del próximo año. Y mencionó que se han discutido estrategias para “hacer que la ciudadanía pueda estar enterada de estos temas”.
NUEVO CONTROL
El Congreso de la República emitió una reforma a la Ley de Contrataciones del Estado, en la que se contempla un nuevo registro para contratistas y proveedores desde la Superintendencia de Bancos (SIB).
Arévalo anunció que a partir del 4 de abril entrará en vigencia este nuevo rubro de control para reportes de transacciones sospechosas de Contratistas y Proveedores del Estado (CPE).
Este régimen se aplicará a aquellos contratos que superen la cifra de Q90 mil; y será similar a la categoría de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
