POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt

El próximo 14 de enero Jimmy Morales tomará posesión y presentará al equipo de profesionales que lo acompañará en su Gobierno. Hasta la fecha, el presidente electo ha mantenido en secreto los nombres del futuro gabinete, según él, para evitar el desgaste político; sin embargo, el efecto de su maniobra fue al contrario y terminó generando más expectativa de la acostumbrada. ¿Se está exigiendo al nuevo Gobierno más que a administraciones anteriores? ¿Por qué? ¿Cuál será la importancia del nuevo gabinete?

El gabinete es el equipo de trabajo de cada presidente. Los ministros son, de forma figurada, los brazos del Presidente en cada institución y de ellos depende la correcta ejecución de los planes de gobierno.
De los 14 ministros nombrados por el expresidente Otto Pérez Molina al inicio de su gestión, ninguno llegó al final, y algunos incluso se retiraron con señalamientos de corrupción en su contra. Aunque esta situación es común en todos los gobiernos, de acuerdo con analistas, lo ideal es que los ministros permanezcan todo el periodo para desarrollar y finalizar los proyectos incluidos en los planes de la administración de turno.

Si bien, para ser ministro la Constitución solo requiere ser guatemalteco, hallarse en el goce de los derechos de ciudadano y ser mayor de treinta años, Jimmy Morales asumirá la Presidencia en un momento de mayor conciencia ciudadana en la historia de Guatemala, por lo que las expectativas incrementan.

Meses atrás, la Plaza de la Constitución fue escenario constante de manifestaciones masivas que tenían como propósito común exigir la renuncia de los entonces presidente y vicepresidenta, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Todo esto fue consecuencia de una serie de revelaciones de casos de corrupción en el Estado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público.

A partir de ese momento, surgieron distintas iniciativas y agrupaciones ciudadanas que despertaron en “efecto dominó” la necesidad de fiscalizar y vigilar las acciones de los funcionarios y dirigentes del Estado. De esta forma lo ven algunos analistas, que han asegurado que ahora, más que antes, “hay una ciudadanía más despierta y exigente”.

RECHAZO AL SISTEMA DE CORRUPCIÓN
Según Renzo Rosal, politólogo de la Universidad Rafael Landívar, la presión actual sobre Jimmy Morales y su equipo de trabajo es inédita por el contexto político en que fue electo. El entrevistado recuerda que, durante su campaña política, el futuro presidente se autodefinió bajo el eslogan “ni corrupto ni ladrón”.

Para Rosal, quien considera a Morales como el producto de una crisis que afectó la credibilidad del sistema político, “es a él a quien se le exigen conductas, actitudes y decisiones, no solo acertadas, sino distintas a las tradicionales”.

Durante su campaña como candidato a la presidencia, la promesa de hacer “una nueva política”, destacó entre los discursos de Morales, expresando rechazo a las prácticas tradicionales de gobiernos y partidos anteriores, vinculados a escándalos de corrupción.

Sin embargo, el gabinete que había prometido anunciar durante diciembre, no será dado a conocer sino hasta el 14 de enero del próximo año, día en que tomará posesión como nuevo presidente junto al resto de integrantes del Ejecutivo.

EL PRIMER SIGNO DE CAMBIO: TRANSPARENCIA
El político y sociólogo de la Universidad San Carlos, Luis Mack, considera que retrasar el anuncio de las personas que formarán el próximo gabinete de gobierno, lejos de “despistar” a la población, genera desconfianza.

Además, asegura Mack, el secretismo en el que se ha mantenido el tema “lo que genera es que la ciudadanía va estar mucho más expectante”. Es por ello, afirma el politólogo, que “en casos anteriores, la presentación del gabinete era importante, pero no había tanta incertidumbre o presión para que la presentación se hiciera con anticipación”.

Morales se ha defendido de las presiones en varias intervenciones públicas, señalando que la ley no exige que sean presentados con antelación, que nunca se había requerido al presidente electo presentar su gabinete antes de la fecha de toma de posesión y advirtiendo que al no revelar los nombres está protegiendo a los futuros funcionarios de un desgaste innecesario.

Y quizá tenga razón, aunque no completamente. Representantes de la sociedad civil han dejado claro que, al conocer los nombres de los posibles ministros y secretarios, la respuesta del pueblo será crítica.

Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, es contundente al decir que hasta ahora “el mensaje que se ha dado al nuevo gobierno es que ya no queremos un sistema que está obsoleto y lo que esperamos es que escuchen el clamor de lo que se dio en todas las manifestaciones”.

Para la activista, las demandas en contra de la corrupción no han terminado y seguirán siendo un medio de escrutinio. Asimismo, asegura que para los guatemaltecos seguirá siendo prioridad la auditoría a las entidades públicas, así como la rendición de cuentas.

El mes pasado, el presidente Alejandro Maldonado tuvo que desistir del nombramiento de Óscar Platero Trabanino como subdirector de la Dirección General de Inteligencia Civil, debido a las críticas que generó entre defensores de derechos humanos el pasado militar del seleccionado.

En ese sentido, la necesidad de conocer el gabinete recae en el interés de la sociedad civil por evaluar si el perfil de las personas al frente del Gobierno concuerda con la imagen de un funcionario transparente. Jimmy Morales aseguró en varias ocasiones que cumplir con este último requisito es lo que ha retrasado la selección de su equipo de trabajo.

No obstante, Jorge Santos, miembro del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), agrega que hay disposición de diferentes sectores sociales para jugar un papel de observadores y, según sea el caso, exigir la destitución de quienes no cumplan los requisitos deseados, en cuestión de transparencia.

A esta postura de fiscalización y participación ciudadana se enfrentan las nuevas autoridades de Gobierno pues, al conformar su grupo de trabajo, deben tomar en cuenta las exigencias que ha hecho la población, en cuanto al perfil que debe tener todo individuo que aspire a un puesto público.

De acuerdo con el activista, la profesionalización, la honorabilidad y la transparencia son cualidades fundamentales esperadas por la población.

¿QUIÉN ESTÁ EVALUANDO AL GABINETE?
Otra justificación del presidente electo para retrasar el nombramiento de su gabinete es que someterá el listado a una evaluación por parte de la CICIG, el MP y la Contraloría General de Cuentas; sin embargo, hasta la fecha no se presentó ningún nombre ante tales instancias.

“Aún no se termina la investigación de las personas que pueden ocupar esos cargos”, dijo Morales, tras anunciar que prorrogaría hasta enero la revelación de su equipo de trabajo.

Pese a dicha aseveración, Julia Barrera, vocera del MP, aseguró que en la Fiscalía aún no se ha recibido una solicitud de parte del presidente electo, ni de su equipo de trabajo, para analizar los perfiles de los aspirantes a Ministros y Secretarios de Estado, y determinar si sobre estas personas pesan denuncias o procesos penales que les impida ocupar los cargos por cuestiones de honorabilidad e idoneidad.
“No hemos recibido una solicitud en cuanto a nombres de personas específicas de las cuales Jimmy Morales requiera información. Al momento en que se nos requiera el apoyo, con gusto lo vamos a hacer. De existir una denuncia en el sistema de datos del MP, se verificará en la fiscalía que lleva el caso con que estatus se encuentra; si es que está desestimado, archivado o en investigación”, explicó Barrera.

Diego Álvarez, portavoz de la CICIG, señaló que, aunque a la fecha no existe una investigación como tal, la entidad internacional hará los reparos necesarios sobre los funcionarios entrantes, en caso surja información sobre casos en donde esté involucrado algún miembro del equipo de trabajo de Morales.

“El Comisionado (Iván Velásquez) se ha reunido un par de veces con Jimmy Morales, ellos dos únicamente, para hablar de este tema. Entiendo que no es una investigación como tal sino solo se va a verificar si alguna de las personas de su gabinete pudiera estar involucrada en una investigación de la CICIG. Es una colaboración y todo se le dará a conocer al presidente electo”, dijo el entrevistado.

El Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, indicó que el presidente electo sí solicitó acompañamiento de la institución fiscalizadora para verificar la idoneidad de sus funcionarios; sin embargo, dijo que hasta la fecha no ha recibido información.
“Nosotros nos reunimos para poderle acompañar en obtener la información de transición. Efectivamente él me dijo que quiere que lo ayude a evaluar a las personas que formarán su gabinete, para ver cuál es su situación con la Contraloría de Cuentas, pero hasta hoy no he recibido nada. Lo que necesito es el nombre de las personas, no necesariamente el puesto que va a ocupar”, aseguró Mencos.

La constitución prohíbe ejercer el cargo de ministro a los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas no hubieren solventado sus responsabilidades.


¿Quiénes pueden ser ministros?

El artículo 196 de la Constitución establece que para ser ministro se tiene que cumplir con los siguientes requisitos:

a. Ser guatemalteco;
b. Hallarse en el goce de los derechos de ciudadanos; y
c. Ser mayor de treinta años.

Sin embargo, el artículo 197 de la Constitución establece que no pueden ser ministros de Estado:

a. Los parientes del presidente o del Vicepresidente de la República, así como los de otro ministro de Estado, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;
b. Los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas no hubieren solventado sus responsabilidades;
c. Los contratistas de obras o empresas que se costeen con fondos del Estado, de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas o del municipio, sus fiadores y quienes tengan reclamaciones pendientes por dichos negocios;
d. Quienes representen o defiendan intereses de personas individuales o jurídicas que exploten servicios públicos; y
e. Los ministros de cualquier religión o culto.

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