POR MARIELA CASTAÑÓN
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El bebé de seis meses que ayer fue herido en una tienda extorsionada por delincuentes, ubicada en la zona 2, permanece grave tras recibir heridas de arma de fuego en el estómago y brazo. La progenitora del niño murió en el hecho de violencia.
La intención de los esposos María del Rosario López, de 18 años y de Francisco Tun, de 21, era mejorar sus condiciones de vida, la situación de trabajo en la agricultura es más compleja en Sacapulas Quiché; por eso decidieron trabajar en la Capital, relataron familiares a La Hora.
López y Tun apenas se instalaron el viernes en la vivienda que funciona como una tienda, donde empezaron a laborar el sábado, sin embargo, los delincuentes arremetieron contra el negocio que causó la muerte de López, quien tenía a su bebé en los brazos.
María del Rosario murió, mientras que su niño permanece en estado “grave” en el Hospital General San Juan de Dios (HGSJD), informaron representantes del centro asistencial.
López dejó en orfandad al bebé que está herido y a una niña de dos años, explicó Pascual Tun, padre de Tun y suegro de López.
Por otro lado, investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) admitieron que el hecho de violencia está relacionado con el cobro de extorsión a la tienda y que buscan a los responsables de la muerte.
Según la información recopilada por los policías, el inquilino que estuvo antes en la vivienda ocupada por esta familia, también fue afectado por el cobro ilegal de extorsión.
Los investigadores policiales instaron a los familiares de la pareja a denunciar los hechos, sin embargo, ellos consideraron que era mejor no hacerlo por temor a represalias.
“Lo único que queremos es llevarnos el cuerpo de ella –María del Rosario- a Sacapulas. Ya no queremos nada, denunciar no la va a revivir”, dijo uno de los deudos.
DENUNCIAS
De acuerdo con el Ministerio Público (MP), hasta noviembre de este año recibió 4 mil 830 denuncias en los departamentos que aglutinan altos índices de este delito: Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Suchitepéquez, Huehuetenango, Chimaltenango, Retalhuleu, Alta Verapaz, Jutiapa y San Marcos.
Mientras que en 2014, la estadística fue de 8 mil 245 en los referidos departamentos, según el MP.
Las denuncias podrían representar un subregistro, pues no todos los casos son revelados, en tanto, existe otro porcentaje que al ingresar al sistema de justicia se determina que no es extorsión, sino que encaja en otro ilícito, según fuentes consultadas.
Investigaciones de las autoridades han determinado que las extorsiones continúan planificándose desde los centros carcelarios, donde persiste la permisividad de las autoridades para permitir el ingreso de diferentes dispositivos, mientras que las soluciones técnicas implementadas por las empresas telefónicas no funcionaron.
