POR CLAUDIA PALACIOS
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La jueza Judith Secaida rechazó la solicitud de libertad condicional de Gustavo Martínez, ex secretario general de la Presidencia, quien buscaba revocar la medida de prisión preventiva a la que está sujeto por su presunta implicación en una estructura de tráfico de influencias. El supuesto mediador de la red, César Medina Farfán, y otros dos implicados también solicitaron libertad condicional.
La solicitud de Martínez surge luego de que Edwin Rodas Solares, exviceministro de Energía y Minas, también señalado por el mismo caso, obtuviera una medida sustitutiva por parte del mismo juzgado.
Según los argumentos de la defensa, Martínez y los demás implicados fueron enviados a prisión preventiva ante la posibilidad de que pudieran obstruir las investigaciones del caso, sin embargo, una vez concluido el periodo de investigación, la prisión preventiva puede ser revocada.
Para el Ministerio Público (MP) y las entidades querellantes, el riesgo de que los señalados utilicen sus influencias para obstaculizar la justicia sigue latente, por lo que solicitaron a la jueza contralora rechazar la petición.
El MP advirtió que la red de tráfico de influencias llegaba hasta miembros del Ejecutivo y que algunos de los testigos eran trabajadores de dicha entidad, por lo que los procesados, en especial Medina Farfán y Martínez, podrían impedir su declaración o conseguir que se tergiverse la verdad.
Así mismo, la fiscal recordó que aún están pendientes de ejecutarse tres órdenes de captura de empresarios que se beneficiaron de la red de corrupción.
Por otro lado, la jueza benefició con la libertad condicional a Caren Cancinos, quien según la investigación del MP prestó su cuenta en donde la empresa Jaguar Energy realizó un pago a Martínez en concepto de un soborno.
ANTECEDENTES
Los procesados son señalados integrar y participar de una organización criminal que tenía por objeto beneficiar a empresas privadas y clientes particulares a través de la corrupción de funcionarios y empleados públicos.
César Medina Farfán, señalado en el pasado como testaferro del expresidente Alfonso Portillo, y ahora como principal eje de la red de tráfico de influencias, está sindicado por incurrir en los delitos de cohecho activo, tráfico de influencias, falsedad ideológica y asociación ilícita.
El expediente reúne tres eventos diferentes que tienen en común la presencia de Medina Farfán.
En el caso de Gustavo Martínez, el MP señala que aprovechándose de su posición y cercanía con su suegro, el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, instalaba en la agenda del mandatario reuniones urgentes de empresas como Jaguar Energy, a cambio de un soborno de hasta US $120 mil.
El MP aún no ha actuado contra el juez José Luis Patán Piché, también señalado de obtener beneficios por parte de la red.
