POR VIRGINIA CONTRERAS
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El temor, la zozobra y la intimidación son factores involucrados en el fenómeno de las extorsiones, en donde mediante un sistema de justicia debilitado, estos elementos se entrelazan para poner en vulnerabilidad a las personas víctimas de este mal, así lo dio a conocer Daniel Alvarado, asesor en Derechos Humanos del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
De acuerdo con Alvarado, el problema ha sido detectado en los países que conforman el Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras, por lo que el flagelo ha proliferado y ha llegado a alcanzar altos índices afectando directamente a la sociedad.
Asimismo, destacó que se ha detectado que el fenómeno posee una pendiente de subida y bajada, presentando un aumento en este año, lo que a criterio del asesor del GAM se debió al contexto político que ha marcado la escena en la seguridad, en la salud y que repercute en hechos de violencia.
A decir del entrevistado, la inversión extranjera también se ve afectada, dado que se sitúa al país dentro de los más violentos de la región en comparación con El Salvador.
“La inversión extranjera se ve afectada debido a que Guatemala tiene una tasa de 36 muertos por cada 100 mil habitantes y El Salvador 44 por cada 100 mil, son datos que alarman y quienes deseen venir al país seguramente tomaran en cuenta estos elementos”, explicó.
Por último, Alvarado detalló que el flagelo seguirá ocurriendo en tanto el presupuesto para el Ministerio de Gobernación siga siendo ineficiente para su desempeño y derivará en que haya altos índices de violencia e inseguridad.
En tanto, Karla Campos, coordinadora del GAM, lamentó que el delito de la extorsión haya rebasado la capacidad del Estado, ya que según los estudios realizados de 2010 a 2015, éste ha ido en incremento. No obstante, subrayó que en 2010 se reportaba una tasa más alta que en la actualidad.
En ese año, se registraban 66 denuncias por cada 100 mil habitantes; mientras que en el 2014 fueron 53, disminuyendo aún más en el 2012 con 43, pero a partir de ese año se incrementó nuevamente.
Campos señaló que esta variación de cifras podría deberse a que los agentes de la Policía Nacional Civil no tipifican correctamente el delito, por lo que tienden a confundirlo con amenazas, coacción o algo similar.
Ante ello, la coordinadora expresó que es necesaria una capacitación para los agentes y así puedan diferenciar cada uno de ellos. Aclaró que en el Ministerio Público no sucede igual, puesto que la mayoría del personal tiene estudios en Derecho y conocen la disimilitud entre cada uno.
