Por Beatriz Juez
DPA
Unos 200 inmigrantes indocumentados y activistas pro reforma migratoria se manifestaron en Washington delante del Tribunal Supremo para pedirle al máximo órgano judicial de Estados Unidos que desbloquee los decretos migratorios anunciados hace un año por el presidente Barack Obama.
«Estamos aquí enviándole un mensaje a la Corte: es el momento de actuar para que liberen a cinco millones de nuestros hermanos y hermanas», dijo Gustavo Torres, director ejecutivo de la organización pro reforma migratoria CASA en Acción.
Hace un año, Torres fue a la Casa Blanca a celebrar junto a centenares de inmigrantes el anuncio de los decretos migratorios de Obama y agradecer al presidente su decisión de dar papeles a unos cinco millones de indocumentados, la mayoría hispanos.
Los permisos, sin embargo, nunca llegaron porque 26 estados, liderados por Texas, presentaron una demanda en los tribunales contra los decretos migratorios de Obama.
En febrero, un juez de Texas bloqueó temporalmente los decretos migratorios. La semana pasada, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Quinto, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener el bloqueo. Y hoy la administración Obama apeló ante el Tribunal Supremo la decisión.
Un año después de esa celebración delante de la Casa Blanca, la lucha de Gustavo Torres y millones de inmigrantes latinos continúa en las escalinatas de mármol blanco del Tribunal Supremo.
«Realmente me siento con la misma energía (que hace un año) porque la historia, las leyes y la razón están de nuestro lado. Se ha demorado un poco, pensábamos que iba a ser un poco más rápido, pero ahora llegamos a la parte final. Los jueces son seres humanos y nos escucharán y yo creo que van a tomar una decisión a nuestro favor», explica este activista de origen colombiano.
El jardinero mexicano José Piña, de 34 años, era uno de los que pedían a los jueces que voten a favor del alivio migratorio. «Hay millones de familias, como la mía, que venimos aquí a buscar un mejor futuro. No venimos aquí a hacer crimen, somos gente trabajadora», asegura a dpa Piña, que lleva 17 años viviendo en Estados Unidos.
Este inmigrante indocumentado y su mujer se beneficiarían del programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA), porque llevan más de cinco años viviendo en el país y son padres de dos niños que son ciudadanos estadounidenses porque nacieron allí.
Si el Tribunal Supremo aprueba DAPA, Piña y su mujer obtendrían un permiso de trabajo temporal y la garantía de que no serían deportados durante tres años.
Mientras tanto vive con el miedo a ser detenido y que les deporten a México. «Tal vez podría trabajar allí, pero no sería lo mismo y lo más doloroso sería estar sin mis hijos», cuenta Piña.
La salvadoreña Ana Quintanilla, de 39 años, confía que los jueces la saquen del «limbo» en el que se encuentra. «Ahorita yo sin papeles me da miedo ir a buscar trabajo porque piden papeles para poder trabajar legalmente», explica Quintanilla. Esta salvadoreña, que se dedica a cuidar niños y limpiar casas, sueña con tener algún día un permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos.
Frente al Tribunal Supremo también estaba José Luis Hernández, de 29 años, presidente de la Asociación Migrantes Retornados con Discapacidad (AMIREDIS), una asociación hondureña que ayuda a los mutilados por «La Bestia», el tren de carga que recorre México y con el que los inmigrantes intentan llegar a Estados Unidos.
Hernández, al que han concedido asilo hasta 2019 en Estados Unidos, no se beneficiaría de los decretos migratorios de Obama, pero confía en que algún día se beneficie de la reforma migratoria si el Congreso la aprueba finalmente.
«Yo siempre he dicho que no es posible que me crezca mi brazo, mi pierna, pero hay cosas que si son posibles como este tipo de leyes que tanto beneficiarían a miles de familias», explica este inmigrante hondureño, que a los 18 años perdió una pierna, un brazo y dos dedos de una mano al caer de «La Bestia».
LAS CONSIGNAS
«Todos somos inmigrantes»; «No más odio, soy estadounidense»; «Nuestras familias merecen justicia»; «Los niños tienen derecho a estar con sus padres»; «DAPA mantiene a las familias unidas»; y «No deporten a mi mamá» rezaban los carteles que llevaban algunos de los manifestantes, que gritaban «Sí, se puede» y «Vamos a volver».
«Realmente me siento con la misma energía (que hace un año) porque la historia, las leyes y la razón están de nuestro lado. Se ha demorado un poco, pensábamos que iba a ser un poco más rápido, pero ahora llegamos a la parte final. Los jueces son seres humanos y nos escucharán y yo creo que van a tomar una decisión a nuestro favor».
GUSTAVO TORRES«Hay millones de familias, como la mía, que venimos aquí a buscar un mejor futuro. No venimos aquí a hacer crimen, somos gente trabajadora».
JOSÉ PIÑA«Ahorita yo sin papeles me da miedo ir a buscar trabajo porque piden papeles para poder trabajar legalmente».
ANA QUINTANILLA«Yo siempre he dicho que no es posible que me crezca mi brazo, mi pierna, pero hay cosas que si son posibles como este tipo de leyes que tanto beneficiarían a miles de familias».
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ
