POR MANUEL RODRÍGUEZ
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La Fiscal General, Thelma Aldana, confirmó hoy que se inició una investigación sobre los convenios financieros para implementar el servicio de transporte Transurbano y subsidiar a los empresarios, firmados entre el gobierno de Álvaro Colom y la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU). La acción del Ministerio Público obedece a una denuncia efectuada por la Contraloría General de Cuentas (CGC), por el supuesto desvío de los recursos del Estado en este proyecto.
En un evento público, la jefa del MP, Thelma Aldana, reveló que en la Fiscalía existe una investigación en proceso sobre los contratos suscritos para la compra de unidades e implementación del sistema prepago en los autobuses de Transurbano por US$35 millones (Q270 millones) y del subsidio a propietarios por Q420 millones anuales a partir del 2010.
«En relación al caso del Transurbano hay una investigación en curso. Pero no puedo dar detalles de los avances ni en relación a las personas que se están investigando», se limitó a decir Aldana al ser consultada sobre las diligencias efectuadas a la fecha para empezar a deducir las responsabilidades penales correspondientes.
La medida de las autoridades fue tomada luego que el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, presentara una denuncia por existir anomalías en los decretos que dieron vida a los aportes económicos para los transportistas y la posible malversación de los fondos del Estado.
«Hicimos un cruce de datos con la Superintendencia de Transporte Público y nos dimos cuenta que incluso hay unidades reportadas pero que ni siquiera están en circulación pero sí se cobra por el subsidio», explicó el funcionario del ente fiscalizador.
Recientemente la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó un informe al MP sobre las supuestas ilegalidades en el aporte otorgado a la AEAU, especificando que «el aporte económico de inversión (al Transurbano), se podría considerar como un detrimento al patrimonio del Estado, al haber transferido fondos del presupuesto nacional para que pudiera financiar, implementar y administrar un servicio público que le compete exclusivamente a la Municipalidad de Guatemala».
De tal forma, que para la titular de la PGN, María Eugenia Villagrán, ambos convenios pueden considerarse inconstitucionales y bajo esa premisa, recomendará en breve a la Presidencia la anulación de los mismos y la devolución íntegra de los fondos, como lo anunció la semana pasada.
«Es de considerar que no existe normativa específica que faculte al Estado a efectuar un aporte económico de inversión hacia una entidad privada, cuyos fines son eminentemente lucrativos. Además, se deja fuera a otras y vemos que hay una preferencia», añadió la representante legal del Estado.
Reportes de la Superintendencia de Transporte Público (STP) establecen que de los 2 mil 929 buses que actualmente forman parte de la flota activa (entre rojos y Transurbano), solo 1 mil 100 circulan por la ciudad de Guatemala.
