POR MIRIAM HERNÁNDEZ
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La Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio denegó la petición de la defensa de Otto Pérez Molina para conocer los medios de prueba con los que la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP) pretende comprobar el presunto origen ilícito de sus bienes.
Bryan Palacios, abogado defensor del expresidente, informó a medios de comunicación el pasado viernes que había presentado una apelación ante la Sala de Apelaciones de Extinción de Dominio para que esta le otorgara acceso al expediente de investigación contra su patrocinado.
Palacios argumentó que los defensores requerían conocer los medios de prueba para planear una defensa adecuada, pero en su momento la fiscalía aseguró que el expediente contenía información confidencial.
La Sala de Apelaciones resolvió que el proceso aún se encuentra en etapa de investigación por lo que no es prudente que la fiscalía facilite el expediente a la defensa.
El juez titular del juzgado de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, ordenó la inmovilización de cinco cuentas a nombre del presidente el 10 de septiembre del año en curso. Según la judicatura, Q5 millones 228 mil se encontraban distribuidas en las cinco cuentas y otros US$ 22 mil 723 inmovilizados estaban en una sola cuenta.
La medida cautelar de la inmovilización fue solicitada por el MP, con base en registros de transacciones sospechas emitidos por la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Además, otro bien inmueble inmovilizado del presidente es una finca ubicada en Zaragoza, Chimaltenango. Según el juez Villeda la extensión de la propiedad es de 197 mil 790 metros cuadrados.
La medida cautelar contra la finca entró en vigencia el 22 de septiembre, el inmueble se encuentra a nombre de la empresa Vista Servicios Electrónicos S. A. El representante legal de dicha empresa es Víctor Hugo Hernández, presunto testaferro quien también figuraba como administrador de la empresa Canchas Deportivas de Guatemala, propiedad de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidencia.
En septiembre la judicatura informó que aunque la finca se encontraba a nombre de la empresa Vista Servicios Electrónicos, la inmovilización fue notificada a Otto Pérez Molina porque había manifestado públicamente que el inmueble le pertenece.
Además, el titular del juzgado de Extinción explicó que al intentar verificar la dirección que Vista Servicios Electrónicos S.A. registró como sede se encontró que ninguna empresa funciona en el lugar.
Se concluyó que la supuesta empresa no tenía capacidad económica para poseer una finca como la de Zaragoza ni el capital de Q1 millón 424 mil en una cuenta bancaria, por lo que el monto también fue inmovilizado.
Otra apelación interpuesta por la defensa de Otto Pérez contra el embargo de sus bienes, también fue denegada.