POR MARIELA CASTAÑÓN
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A pesar de los cambios en la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) y de dos normativas que buscaban regular el ingreso de teléfonos celulares en las cárceles, los ilícitos continúan planificándose desde los centros penitenciarios por medio del uso de la telefonía, pues entre 2013 y 2015 se incautaron 6 mil 136 móviles en las prisiones.
En la administración de gobierno que inició Otto Pérez Molina, fueron nombrados Luis González, Edgar Camargo, Anthony Pivaral y Alexander Toro Maldonado como directores del Sistema Penitenciario (SP), pero eso no se ha traducido en mejoras para la institución.
González fue removido del puesto y Camargo enfrenta un proceso legal, tras ser sindicados de tener vínculos con el reo Byron Lima, mientras que Pivaral fue destituido supuestamente por permitir privilegios a reclusos en Matamoros.
A pesar de los cambios realizados, la corrupción y la planificación de ilícitos continúan desde las prisiones, muestra de ello es que entre 2013 y 2015 se incautaron 6 mil 136 teléfonos celulares que fueron usados por los reclusos. Los decomisos se lograron en un total de 4 mil 439 requisas realizadas, según fuentes oficiales.
Iván Velásquez, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dijo el pasado 11 de noviembre sobre el golpe a la estructura del reo Byron Lima: “Ya hemos visto el caso del Sistema Penitenciario, donde no se solucionó precisamente la corrupción, y la exigencia de dinero para obtener algunos beneficios, incluso los mínimos que debería garantizar el propio Sistema Penitenciario, aún continúa”.
LEYES SIN RESULTADOS
En 2013 entró en vigencia la Ley de Equipos Terminales Móviles, la cual buscaba endurecer las penas para quien ingresara o facilitara un teléfono celular en las prisiones.
En tanto, en diciembre de 2015 entró en vigencia la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento a la Infraestructura para Transmisión de Datos, la cual demandaba a las empresas de telefonía buscar soluciones técnicas para evitar la señal de celular.
Las normativas no evitaron el ingreso de teléfonos.
PROBLEMA PERSISTE
Hace algunos días fue consultado el viceministro de Seguridad, Elmer Sosa, sobre los planes a implementar durante los últimos meses del año, cuando se agudiza la violencia en las calles a causa de los delitos planificados desde las cárceles; el funcionario explicó que los planes se mantenían y no se hacían solo en algunas fechas.
Hoy nuevamente fue consultado Sosa, por la reunión sostenida ayer con representantes de las empresas de telefonía e indicó que continuaban trabajando para aplicar los inhibidores de señal en los 21 centros carcelarios.
El funcionario admitió que estos no funcionan en todas las cárceles, en tanto, agregó que han surgido algunos inconvenientes como en Pavón, donde los “inhibidores fueron saboteados” pero se coordina con las empresas de telefonía para reparar el problema.
Por otro lado, La Hora buscó a representantes de del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones (Cetel) para conocer las diligencias realizadas para cumplir con lo que demanda la Ley, pero al cierre de esta nota no fue posible obtener respuesta.
Argumenta análisis de perfiles
El viceministro de Seguridad, Elmer Sosa, argumentó sobre los traslados de un civil y tres expolicías a la cárcel El Infiernito, que se tomó esa decisión tras un análisis de riesgo y de peligrosidad.
Por otro lado, el funcionario agregó que se trasladó un informe al Juez Contralor, que ya emitió su opinión y en su momento se dará cumplimiento a la orden.
