La Comisión legislativa de Finanzas se prepara para dictaminar mañana la iniciativa de ley del Presupuesto del Estado para 2016, que tendría un techo de Q70 mil 763 millones 967 mil 507. La Hora tuvo acceso al documento, que establece más controles sobre el uso de los recursos públicos, incluye un plan para la eliminación de gastos superfluos, exigencia de reglas claras para los pactos colectivos, obligaciones al momento de realizar inversiones y menos discrecionalidad.
POR REDACCIÓN LA HORA
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El proyecto de presupuesto para 2016, que sería dictaminado este miércoles por la Comisión de Finanzas del Congreso, establece candados en los recursos asignados para el gasto social y de seguridad.
El borrador del plan de gastos señala, en el artículo 62, la prohibición para realizar reducciones, incrementos o modificaciones de las asignaciones del gasto del Ministerio de Desarrollo Social, y la Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Comunicación Social y Secretaría de Obras Sociales.
Específicamente para las carteras de Educación, Salud y Gobernación, la prohibición indica que no se pueden reducir las asignaciones de gasto aprobadas para transferirse a otras instituciones o entidades, y solo se permite efectuar transferencias dentro de la misma institución.
Estas serían las principales asignaciones:
Ministerio de Educación: Q12,892,330,703
Ministerio de Salud: Q5,531,691,485
Ministerio de Gobernación: Q4,473,547,820
Ministerio de Desarrollo Social: Q1,045,484,134
Ministerio de Agricultura: Q1,177,605,400
Ministerio de Comunicaciones: Q3,629,400,702
Otro aspecto que destaca es que, contrario a lo que establece el presupuesto de 2015, que no exige la emisión de Comprobantes de Disponibilidad Financiera (CDF) a las entidades públicas previo a la celebración de contratos, en el proyecto de 2016 no se hace mención de esa disposición.
De esa cuenta, todas las entidades estatales estarían nuevamente obligadas a cumplir con la Ley Orgánica del Presupuesto, que en el artículo 26 BIS que exige la emisión de los CDF, que garantizan la existencia de presupuesto o crédito para cumplir con compromisos.
El proyecto tampoco contemplaría las asignaciones sin destino específico que el Congreso aprobó para el Ministerio de Comunicaciones, y que fueron motivo de polémica durante la discusión del Presupuesto.
NO A LOS GASTOS SUPERFLUOS (SOLO EN EL EJECUTIVO)
El artículo 61 establece la “prohibición de gastos superfluos e innecesarios” y señala que no se puede asignar gasto para adquirir alimentos y bebidas, combustibles, telefonía móvil –en exceso a Q600 mensuales en telefonía– y gastos relacionados al exterior, incluyendo viáticos y gastos de representación.
Sin embargo, estas limitaciones solo aplican para ministros, viceministros, secretarios y subsecretarios del Organismo Ejecutivo, y es permisiva con el resto de funcionarios del organismo Legislativo, Judicial y de otras instituciones.
En el caso de los viáticos y gastos de representación, se exceptúa de la prohibición a la Presidencia y Vicepresidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y a los ministros de Economía y de Finanzas, cuando representen al Estado ante Organismos Internacionales.
Además, se establece que el Ejecutivo, a más tardar el 1 de junio de 2016, deberá emitir un Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, que aplicará a los trabajadores del Estado.
PACTOS COLECTIVOS, NUEVAS REGLAS
El artículo 60 se refiere a las negociaciones de condiciones de trabajo entre entidades del Estado y organizaciones sindicales y de trabajadores. La norma señala que todas las negociaciones de trabajo y pactos colectivos deben cumplir con la legislación vigente y tomarán en cuenta y consideración las condiciones financieras del Estado, “y establecerán el impacto de las nuevas condiciones laborales acordadas sobre las finanzas públicas, detallando los montos de gasto adicional que en el ejercicio fiscal presente o en ejercicios fiscales futuros implique el cumplimiento de los pactos alcanzados.
De esa cuenta, el Ministerio de Finanzas estará obligado a participar en todas las negociaciones de trabajo entre entidades del Estado y entidades sindicales y de trabajadores.
Además de los pactos colectivos, la Ley del Presupuesto también contemplaría auditorías a la nómina de personal de los ministerios de Salud, Educación, Agricultura y Gobernación, así como del Fondos Social de Solidaridad, Fondo Nacional de Desarrollo y el Fondo de Desarrollo Social.
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CON TRANSPARENCIA
La normativa establecería que a más tardar el 1 de abril de 2016, el Ministerio de Finanzas debe emitir el Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones, el cual debe contener los lineamientos que deberán observarse y adoptarse por todos los programas y proyectos que reciban asistencia del estado, con el objeto de facilitar y evaluación y mejorar la gestión y administración de los mismos.
Esta disposición establece responsabilidades para el sector privado que reciba subsidios, así como para el Ministerio de Finanzas y la Contraloría, que deben velar por el buen uso de los recursos públicos.
FONDOS PARA LA JUSTICIA
Para el 2016, el Organismo Judicial solicitó un presupuesto Q2 mil 241 millones, pero según el dictamen, se le asignarían Q1 mil 607 millones 572 mil 832. El Ministerio Público pidió Q1 mil 823 millones 500 mil, y y el proyecto establece Q1 mil 400 millones 729 mil 997.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses recibiría Q145 millones, aunque pidió Q250 millones.
El proyecto de dictamen no especifica la asignación para el Listado Geográfico de Obras y los aportes a las organizaciones no gubernamentales.
