POR REDACCIÓN LA HORA
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La decisión de Alejandro Maldonado de nombrar a Humberto Girón Méndez y a Óscar Platero Trabanino, como director y subdirector de la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI), pone en evidencia la falta de compromiso del gobernante con la lucha contra la impunidad, señalaron analistas, aún cuando hoy se anunció la destitución del segundo funcionario.
Esta mañana, Alejandro Palmieri, vocero del Ejecutivo, anunció en un medio de comunicación radial que el presidente Alejandro Maldonado solicitó la destitución de Platero Trabanino como subjefe de la DIGICI, debido a las «incompatibilidades que su nombramiento podría causar en el trabajo con la CICIG y el MP».
Esto después que activistas de derechos humanos pusieron la voz de alerta sobre los antecedentes del comandante retirado, quien fue parte de la Fundación contra el Terrorismo, una organización que expresó de forma pública su rechazo a la continuidad de la CICIG y al trabajo de la sociedad civil.
En publicaciones de la red social Facebook e intervenciones públicas, Platero Trabanino compartió diversos contenidos, donde acusó a la CICIG de intervencionismo, deslegitimó el trabajo de la sociedad civil y negó el genocidio.
El militar retirado también defendió a Byron Lima Estrada, condenado por el asesinato del Obispo Juan Gerardi Conedera y publicó fotografías con su hijo, Byron Lima Oliva, quien es señalado por la CICIG y el MP de liderar una red de corrupción en el Sistema Penitenciario.
Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia, calificó la decisión de destituir a Platero Trabanino como «incompleta», ya que el Presidente mantuvo en su cargo a Girón Méndez, quien trabajó para la desaparecida Guardia de Hacienda, señalada de cometer violaciones a los derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno.
«Es un peligro que siga en el cargo porque su práctica está basada en una visión contrainsurgente, que considera a todo aquel que se exprese contra el Estado como un enemigo que debe ser eliminado», explicó Hernández.
Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, opinó que la decisión del presidente Maldonado pone en riesgo el trabajo de la CICIG y el MP, ya que desde la DIGICI «se puede realizar un trabajo contrainsurgente, como el que hizo el Estado Mayor».
«Es un reto más para el Presidente electo, cumplir con su promesa y dar continuidad a la CICIG, porque su trabajo es incómodo para los cuerpos que mantienen cooptadas las instituciones y a él se le ha vinculado con esta parte corrupta del Ejército», dijo.
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, considera que la continuidad de Girón Méndez también puede significar una continuidad de las prácticas de la administración de Otto Pérez Molina, durante la cual el abogado fungió como asesor del Ministerio de Gobernación.
