POR GRECIA ORTIZ
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Según expertos, el porcentaje de población guatemalteca mayor de 60 años se duplicará para el año 2040, pasando de representar el 6.61 por ciento (1 millón 070 mil 321 personas) del total de la población, a constituir aproximadamente el 14 por ciento (3 millones 800 mil personas) de la misma. Sin políticas públicas capaces de suplir la demanda de servicios de salud, protección social y recreación de este sector poblacional, y sin espacios en el mercado laboral para su fuerza de trabajo, el presente de la población envejecida ya es de pobreza, abandono y enfermedad, ¿cuál será su futuro?
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que solo el 17 por ciento de los guatemaltecos con 65 años en adelante recibe seguridad social o pensión, un número bajo comparado con el promedio de 42 por ciento en Latinoamérica. El resto de adultos mayores debe trabajar para procurarse un sueldo o vivir de la caridad, en el caso de que no tengan familiares que se hagan cargo de sus necesidades.
Como consecuencia, en Guatemala la vejez no es la edad del retiro, como sí lo es en muchos otros países. La Organización Internacional de Trabajo (OIT), calcula que alrededor del 40 por ciento de personas con 65 años o más aún forma parte de la fuerza laboral del país.
En ese mismo sentido, datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que de los 6.3 millones de guatemaltecos que forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), el 8.4 por ciento tienen 60 años o más. De estos, 75 por ciento son hombres y 25 por ciento mujeres.
Sin embargo, la demanda de trabajo se reduce conforme la edad avanza, señala Luis Linares, de la Asociación de Investigación en Estudios Sociales. «Los adultos mayores no tienen posibilidades de insertarse en un empleo formal. Las empresas requieren jóvenes con conocimientos actualizados y menores expectativas de salarios, y esto hace más difícil que las personas mayores logren encontrar empleos que satisfagan sus necesidades», explicó.
Según el analista, pese a las dificultades que conlleva, el empleo informal es la única opción disponible para las personas mayores. Las estadísticas del INE lo confirman, el 84.5 por ciento de los adultos mayores que trabajan, se ubican en el sector informal.
PROGRAMAS NO CUBREN LA DEMANDA
El Ministerio de Trabajo y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) tienen a su cargo programas de apoyo a los adultos mayores, sin embargo, estos no son suficientes para atender la demanda de atención.
De enero a octubre del presente año el programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) del Seguro Social pagó un total de Q1 mil 364 millones 301 mil 214 a 77,316 adultos mayores en concepto de pensión. Esto significa que cada uno recibió en promedio Q1 mil 764.58, aproximadamente la mitad del costo de la Canasta Básica, que para octubre pasado fue estimada en Q3 mil 507 por el INE.
El programa aporta a sus pensionados 12 mensualidades al año. En diciembre otorga un aguinaldo equivalente al 100 por ciento de la pensión y un bono navideño de quinientos quetzales.
La cantidad económica que reciben los beneficiarios se entrega en efectivo, y depende de la cantidad de aportes que hicieron en el transcurso de su vida laboral. Para optar a una pensión por parte del IGSS se debe tener 60 años cumplidos y como mínimo 240 cuotas pagadas, de las que se otorga el 80 por ciento del promedio de los últimos tres años de salario.
Aunque el programa se financia de los aportes de los mismos pensionistas, la demanda es cada vez más amplia. Datos del Seguro Social indican que de enero a octubre del presente año se recibieron 6 mil 701 solicitudes de ingreso al programa.
Los adultos mayores en situación de pobreza que nunca trabajaron en el sector formal, o que no llegaron a pagar la cantidad de cuotas requeridas por el programa de pensiones del IGSS, solo pueden formar parte del Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor (del Mintrab) que otorga una ayuda económica de Q400 mensuales a cada uno de los beneficiarios.
La Hora, solicitó información al Ministerio de Trabajo sobre el total de los adultos mayores que se han beneficiado con dicho programa, así también se gestionó una entrevista con el titular del mismo; sin embargo, al cierre de edición no se recibió respuesta alguna al respecto.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene bajo su responsabilidad los Centros de Atención al Adulto Mayor; sin embargo, no se proporcionó información exacta sobre cuántos existen y en qué condiciones se encuentran.
Un informe circunstanciado de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) correspondiente a 2014 señala que, de acuerdo a los monitoreos realizados, el Ministerio de Salud no mantiene una vigilancia efectiva sobre estos centros, lo que contribuye a que no cuenten con las condiciones propicias para la atención de ancianos.
El informe de la PDH revela que los centros a cargo de la cartera de Salud eran 111 hasta octubre de 2014 y no 70 como señalan los registros de dicha institución.
El Estado también creó los centros de atención «Mis años dorados», administrados por la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente. Hasta noviembre de 2014 existían 52 centros en todo el país y atendían a 3 mil 500 personas mayores.
DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN
Teresa Maldonado, de la Defensoría de las Personas Mayores de la PDH, refirió que la violencia contra los ancianos no solo proviene del Estado, sino de las propias familias.
La Unidad de Maltrato de la PDH, recibe alrededor de 26 denuncias mensuales sobre tratos inhumanos contra personas mayores, quienes manifiestan ser víctimas de discriminación, maltrato físico, emocional y económico.
En los lugares de trabajo, señaló Maldonado, «se cree que al llegar a los 60 años las habilidades de las personas tienen alguna disminución para que se pueda seguir efectuando las tareas asignadas y esto es discriminación», dijo.
A criterio de Maldonado, los adultos mayores son utilizados para fines políticos en tiempos de campaña, pues se les ofrecen programas de asistencia que al final no solucionan los problemas de fondo.
Maldonado considera que ni siquiera en los hogares de ancianos se presentan condiciones dignas, y señaló que en el 99% de los centros de atención no se cumple las normativas específicas.
Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene de Salud Mental, indicó que la discriminación es más visible en los sectores que son considerados vulnerables, tal como sucede con los ancianos. «Esa pérdida de valores humanos ha significado que ya no se tenga una valoración respecto al anciano o anciana en términos de lo que significan para nuestras propias vidas», explicó.
Garavito mencionó que es común que las familias confinen a los ancianos a los lugares más recónditos de las viviendas, a fin de evitar que socialicen. Mientras tanto, desde el Estado, tampoco hay programas que permitan fomentar el respeto y la educación hacia el adulto mayor. «Se van fortaleciendo otro tipo de valores, en donde la gente anciana no entra», dijo.
Otra deficiencia que el entrevistado señaló, es que no existen espacios para que los adultos mayores se recreen de manera sana, «ni hay recursos orientados para dicho fin y para ese segmento de la población, como a otros», acotó.
Las repercusiones del abandono y la exclusión en los ancianos, se refleja en períodos de depresión, pérdida de valoración propia y aislamiento.
FALTA DE INTERÉS
La presidenta de la Plataforma Nacional de Asociaciones de Adultos Mayores (Planadiam), Ana Escobar, comentó que existe falta de interés por parte de las autoridades para promover políticas públicas a favor de los ancianos.
Escobar calcula que el programa de aporte económico de Q400 que reciben los adultos mayores tiene un alcance de 103 mil personas. Sin embargo, advirtió que la demanda es mucho mayor, pues se conoce que hay unas 200 mil solicitudes de personas que buscan ser beneficiarias del programa.
Para la entrevistada el presupuesto es la principal limitante para la ampliación de la cobertura. «se tiene que hacer una reforma a esta Ley, para que el Estado pueda incrementar el presupuesto», indicó.
Según Escobar, un aproximado de 200 mil personas jubiladas recibe beneficios estatales, lo que representa el 3 por ciento de la población de adultos mayores. «El resto de adultos mayores están viviendo de la ayuda de familiares, de la caridad pública, los que deambulan o viven en lugares de ancianos y otros que se han logrado mantener por sus propios aportes», acotó.
Los retos son muchos, detalló Escobar, «hay que buscar alternativas para insertar de nuevo a los adultos mayores en el trabajo remunerado y alternativas para protegerlos del abandono, la pobreza y las enfermedades», dijo.
La propuesta de Planadiam es crear una entidad encargada del desarrollo de los programas en beneficio del adulto mayor. «Nosotros queremos que exista un Instituto Nacional del Adulto Mayor, en donde se trabajen políticas y leyes de seguridad social, así como temas de seguridad pública con ellos, porque hay un alto porcentaje de muertes de adultos mayores por violencia y porque mueren atropellados en la calle, porque pierden el sentido del oído o de la vista», explicó su Presidenta.
Para Escobar también es urgente fortalecer la atención a la salud de los adultos mayores, «pues la causa más frecuente de enfermedad es una gripe que puede ser tratada en el Ministerio de Salud, pero no hay programas de prevención, no hay jornadas de vacunación contra la influenza, ni hay jornadas de vacunación o nutrición», señaló.
DEBE EXISTIR UNA POLÍTICA
Mariano Rayo, ministro de la cartera de Salud, indicó que los adultos mayores están entre los grupos con mayores niveles de vulnerabilidad, ya que el Estado no ha cumplido con su función de asegurarles condiciones de vida dignas, ni acceso a servicios de salud de calidad.
Rayo admitió que las administraciones anteriores no cumplieron con la responsabilidad que tiene el Ministerio de Salud de vigilar los hogares de ancianos, pues no existe una normativa que permita verificar su funcionamiento de manera efectiva. El Ministro indicó que debe existir una política específica, dirigida hacia esta población.
«Sin lugar a discusión, tiene que existir una política, tienen que crearse proyectos, programas específicos dirigidos a personas que dieron en su vida lo mejor de sí mismos y a los que ahora el Estado les falla, al no asegurarles una vejez digna», dijo.
¿QUÉ PROPUESTAS DE LEY SE HAN PROMOVIDO?
Escobar, del Planadiam, refirió que en el Congreso hay una iniciativa que busca que se otorgue un bono navideño a jubilados del Ejército, así como a sus viudas, huérfanos y padres, que ganen menos de Q5 mil.
Además, otra de las iniciativas busca que se declare el 30 de agosto como el día nacional de los abuelos y abuelas.
El Congreso aprobó en 1996 la Ley de Protección para Personas de la Tercera Edad, que asegura a los adultos mayores descuentos especiales en todas las compras, el ingreso gratuito a centros recreativos, subsidios para el transporte, así como tratos preferenciales y atención médica, pero éstos beneficios no son aplicados por que son desconocidos por los empresarios y porque no existe un entidad que se encargue de hacer que se cumplan, aseveró Escobar.
CIFRAS
A partir de los 60 años se considera a una persona como adulto mayor.
En Guatemala viven 1 millón 070 mil 321 personas de 60 años o más, estima el INE.
70 asociaciones de adultos mayores trabajan en el país.
De 500 a 3 mil asociados acuden a estas agrupaciones.
250 mil personas son jubiladas.
106 mil son beneficiados con el Aporte al Adulto Mayor.
209 denuncias por abandono registra la PDH.
Q400 reciben los beneficiados del programa de personas mayores, por parte del Ministerio de Trabajo.
535,647 personas mayores complementan la PEA, de 60 años o más.
Carlos Lozano, experto mexicano de la Nathal Actuarios y Consultores, S.A., calcula que según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Observatorio Demográfico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la población guatemalteca crecerá a una tasa anual promedio de 1.67% en los siguientes 40 años, mientras que las personas mayores de 60 años lo harán a razón de 3.8%.
Esto implica que para 2040 habrá unos 3.8 millones de personas mayores de 60 años, lo cual hace reflexionar sobre la necesidad de impulsar los fondos de pensiones privados para garantizar una vida de calidad.
«Esa pérdida de valores humanos ha significado que ya no se tenga una valoración respecto al anciano o anciana en términos de lo que significan para nuestras propias vidas».
ANTONIO GARAVITO -LIGA DE HIGIENE DE SALUD MENTAL-«Se tiene que hacer una reforma a esta Ley, para que el Estado pueda incrementar el presupuesto».
ANA ESCOBAR -PLANADIAM-«Sin lugar a discusión, tiene que existir una política, tienen que crearse proyectos, programas específicos dirigidos a personas que dieron en su vida lo mejor de sí mismos y a los que ahora el Estado les falla, al no asegurarles una vejez digna».
MARIANO RAYO -MINISTRO DE SALUD-
