POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Por anomalías detectadas en dos convenios firmados entre el gobierno de Álvaro Colom y la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), por Q1 mil 425 millones para implementar el servicio de transporte Transurbano y subsidiar a los empresarios, la Procuraduría General de la Nación recomendará a la Presidencia la anulación de los contratos y la devolución íntegra de los fondos. Además, pidió que el caso sea investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La jefa de la PGN, María Eugenia Villagrán, confirmó que tras analizar la legalidad de los convenios para la compra de unidades e implementación del sistema prepago en los autobuses de Transurbano y del subsidio a los propietarios, se detectaron una serie de irregularidades por Q1 mil 425 millones, por lo que se pidió al Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, iniciar una investigación al respecto.
Asimismo, la representante legal del Estado informó que en el transcurso de la próxima semana enviará un oficio a la Secretaría General de la Presidencia, para que se declare la nulidad de dichos contratos ya que aseguró tener en sus manos, suficientes elementos para determinar la posible comisión de delitos en la administración, manejo y entrega de los fondos a la AEAU, que administra el proyecto.
Por medio del Acuerdo Gubernativo 103-2009 emitido por el entonces presidente Álvaro Colom, se autorizó la entrega anual de “un aporte económico” por US$35 millones (Q270 millones) a favor de la AEAU cuyo destino específico era financiar el proceso de implementación del sistema prepago en las unidades del transporte urbano de la ciudad capital.
Además, se suscribió otro acuerdo para subsidiar a los empresarios de Transurbano por costos del combustible; por ese rubro, el Estado se comprometió a aportar Q420 millones anuales a partir del 2010. Es decir, desde ese año, los empresarios pudieron haber recibido Q1 mil 155 millones, si se descuentan los pagos que aseguraron esta semana, que el Gobierno les adeuda por 27 meses de servicio (unos Q945 millones).
Respecto al aporte de Q240 millones que efectúa cada año el Gobierno, Villagrán señaló: “Es de considerar que no existe normativa específica que faculte al Estado a efectuar un aporte económico de inversión hacia una entidad privada, cuyos fines son eminentemente lucrativos. Entonces, se podría considerar como un detrimento al patrimonio del Estado, al haberse transferido fondos del Presupuesto a la asociación relacionada. Además, se deja fuera a otras y vemos que hay una preferencia”.
ENTREGARÁ INFORME
Esta semana, el vicepresidente Alfonso Fuentes Soria se reunió con representantes de la Empresa Municipal de Transporte, encargada de prestar el servicio de Transurbano, para abordar la supuesta deuda que tiene el Gobierno central con respecto al subsidio. El vicemandatario comunicó que los resultados del encuentro serán trasladados al mandatario Alejandro Maldonado en los próximos días.
La Contraloría General de Cuentas (CGC) y la PGN, ya han presentado denuncias en el Ministerio Público sobre estos contratos suscritos durante la administración anterior.
