POR CLAUDIA PALACIOS
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Una ley de presupuesto general que se limite a estipular los techos presupuestarios de las entidades estatales y deje con carácter discrecional al Ministerio de Finanzas la decisión de cómo se distribuirán los recursos dentro de los renglones correspondientes, tal como lo ha planteado la Comisión de Finanzas del Congreso, podría ser violatoria de la Constitución y pondría en grave peligro la transparencia de los fondos, señalan analistas.
Carlos Molina Mencos, abogado constitucionalista, considera que la propuesta de un grupo de diputados de la Comisión de Finanzas para formular un presupuesto sin detalle de la distribución del gasto, puede rozar con los principios constitucionales que establecen que todos los desembolsos deben ser presupuestados.
«Depende mucho de la redacción que le den, pero sí creo que riñe con el espíritu de transparencia de la Constitución; es decir, no se puede hacer lo que se quiera con los recursos públicos», indicó.
De acuerdo con el abogado, un presupuesto de este tipo podría ser impugnado ante la Corte de Constitucionalidad y, debido a que el plazo para aprobarlo se vence en menos de una semana y media, se tendría que continuar con el presupuesto del año en curso.
Por otro lado, la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, agregó que la Comisión está incurriendo en «muchísimas ilegalidades» y que por lo mismo los diputados buscan aprobar la Ley de urgencia nacional, sin que exista una discusión a profundidad.
«El Presupuesto tiene que ser una decisión colegiada, obviamente entre el Ministerio de Finanzas, Dirección Técnica de Presupuesto y el Congreso de la República. Lo que están haciendo es dejando la puerta abierta, para que con el nuevo Gobierno, hagan todas las transferencias que quieran», aseguró Montenegro.
Para Renzo Rosal, una propuesta de este tipo, es contraria al momento político y financiero que vive Guatemala. «El país está exigiendo que pueda haber una discusión más sustantiva y más abierta del Presupuesto; eso de dejar a la improvisación o a una sola instancia que decida lo que sucede con él, me parece que es insuficiente», afirmó.
Para el analista, «el desafío o riesgo que está ahora en el Congreso es que esto se está comenzado a prestar ya al chantaje político», dijo.
DEFIENDEN PROPUESTA
Álvaro González Ricci, miembro de la Comisión de Finanzas, defendió la propuesta y señaló que lo técnicos que asesoran la elaboración del dictamen del Presupuesto se aseguraron que no se vaya a cometer ninguna ilegalidad.
«Nosotros queremos presentar los rubros principales de los diferentes Ministerios, definir lo que es función y lo que es funcionamiento y pasar a que el Ministerio de Finanzas y el Ejecutivo, el otro año, puedan definir hacia dónde quieren enfocar los recursos. Hay que tener claro que lo que nosotros queremos es darle la herramienta al Presidente Electo para que pueda gobernar».
La propuesta elaborada por los diputados González Ricci, Álvaro Trujillo, Salvador Baldizón y Juan José Porras pretende un techo presupuestario de 70 mil millones y se apega a la propuesta realizada por el equipo del presidente electo, Jimmy Morales.
PIDE REDUCIR SU ASIGNACIÓN
La Junta Directiva del Organismo Legislativo solicitó a la Comisión de Finanzas que elabora el Presupuesto General del próximo año, una asignación de Q705.6 millones, de los cuales, Q705 millones provendrían de los recursos del Estado y Q600 mil de los fondos del Congreso. Dicha asignación tendría aproximadamente Q300 millones menos de la que se ejecuta en el año en curso.
