POR VIRGINIA CONTRERAS
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La crisis en el sistema de salud no se limita al desabastecimiento; la prevención de enfermedades y la atención primaria también están en esas condiciones. En enero de este año, 6 millones de guatemaltecos en las comunidades de más difícil acceso fueron privados de la atención primaria en materia de salud como producto de la falta de presupuesto y la corrupción. Aunado a ello, la inversión en programas de prevención de enfermedades y promoción de la salud es menos de la tercera parte del presupuesto del Ministerio. Analistas consideran que ambas deficiencias agudizan aún más la crisis en los hospitales, que se han visto obligados a asumir la carga.
A finales de octubre, Jorge de León Duque y Alberto Brunori, representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), respectivamente, presentaron el monitoreo realizado en conjunto de las Políticas Públicas para el cumplimiento del Derecho a la Alimentación en el país, el cual resaltaba que la falta de presupuesto y de la institucionalización de los servicios de salud en el primer nivel de atención, por medio del Programa de Extensión de Cobertura (PEC) afectó a 6 millones de personas aproximadamente.
De acuerdo con el estudio, los habitantes de Santa Rosa, Escuintla, Quetzaltenango, Petén, Alta Verapaz, San Marcos, Guatemala y Chiquimula, entre otros, se beneficiaban de acciones de atención primaria en salud, con énfasis en la prevención, control de problemas prioritarios y la atención a los grupos más vulnerables.
Ambas entidades lamentaron que el Ministerio de Salud rescindiera este año más de 70 contratos con las organizaciones que prestaban esta asistencia a las comunidades rurales del país, ya que con ello se agravaron los problemas en la red hospitalaria nacional ante la crisis financiera del Estado.
EL PEC
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la atención primaria de salud es el núcleo del sistema de salud de un país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad.
La atención primaria es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de una comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país.
Según el Acuerdo Ministerial 1355-009, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) inició el proceso de reforma del sector salud en el año de 1996 con la reorientación de la prestación de los servicios básicos de salud, para que así, se permitiera ampliar la cobertura y a su vez, alcanzar a las poblaciones marginadas. Para lo anterior se previeron acciones de fortalecimiento de la red institucional y también se concretó una alianza estratégica con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a través de la firma de convenios.
Los servicios básicos de salud a brindarse estaban enfocados a la atención integral del niño y de la mujer, atención a la demanda de la morbilidad en general y urgencias, así como apoyar los esfuerzos del Pacto Hambre Cero y fortalecer el programa Ventana de los mil días para lograr una mejor atención de las mujeres desde el embarazo.
Los mismos serían prestados a través del Programa de Extensión de Cobertura (PEC), en coordinación con el grupo de las ONG que formaban parte de la Coordinadora Nacional de Extensión de Cobertura de Servicios Básicos de Salud (Conec).
CORRUPCIÓN Y FALTA DE PRESUPUESTO
Verónica Taracena, titular de la Copret, en octubre de 2014 presentó en el Ministerio Público (MP) una denuncia contra el exministro de Salud, Jorge Villavicencio, para que rindiera cuentas por Q417 millones utilizados para el PEC y los contratos de las ONG.
A decir de Taracena, la denuncia contra el ministro estaba bien sustentada, con dos cajas de pruebas contundentes. Asimismo señaló que se estaban haciendo análisis en nueve hospitales y no descartaba la posibilidad de que surgieran más denuncias penales contra funcionarios de mandos medios.
Aunado a esto, para enero del presente año, el MSPAS a cargo del extitular de la cartera Luis Monterroso, adeudaba a las organizaciones Q93 millones, que correspondían a siete meses de trabajo de 32 mil 923 empleados, entre médicos, enfermeras auxiliares y profesionales, educadores, administrativos y facilitadores comunitarios.
Para el 3 de febrero, el Ministerio informó que prescindía del servicio de todas las ONG, en las áreas de Huehuetenango, San Marcos y Alta Verapaz, y a cambio fortalecería a las instituciones relacionadas con extensión de cobertura.
En esa ocasión, Monterroso manifestó que luego de realizar algunos cálculos financieros se determinó que con la cobertura de una jurisdicción o área de salud de un servicio de tercerización, el Ministerio podía cubrir tres, y añadió que destinarían Q70 millones para fortalecer los puestos de salud en los tres departamentos mencionados en donde ya no funcionarían las ONG.
La reacción del presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Extensión de Cobertura de Servicios Básicos de Salud (Conec), Abilio López, no se hizo esperar y destacó que las organizaciones recorrían los lugares más lejanos de los departamentos para prestar servicios de salud y con la cancelación del convenio se descuidaría a la población necesitada.
Luego de ocho meses de este suceso un informe realizado en conjunto por la PDH y la OACNUDH pondría en evidencia lo dicho por López.
CONSECUENCIAS
Para el actual ministro de Salud, Mariano Rayo, al momento de que se tomó la decisión de cancelar el cien por ciento de las organizaciones que prestaban los servicios se dejó de atender el nivel primario, porque el Estado no se preparó para cubrir la salida de estas.
«El problema radicó en que se tomara la decisión de rescindirles el contrato a todas, sin que estuviera el Estado con la capacidad suficiente para realizar su labor», explicó.
Pero a la par de esta situación, destacó que existen 350 expedientes pendientes de resolver para que las entidades devuelvan todo el equipo, vehículos e instalaciones, que eran financiadas por el Estado y que estas utilizaban.
El funcionario detalló que pese a que no todas efectuaban de la mejor forma su trabajo, «ahora no hay ni las ONG, ni suficiente material y menos recurso humano, para realizar lo que estas hacían».
A criterio del Ministro, la extinción de los PEC y la deficiencia del sistema de salud en la salud preventiva han puesto en jaque la crisis hospitalaria.
¿QUÉ HAN EJECUTADO?
El Ministerio de Salud tiene a su cargo ocho programas preventivos y de promoción de salud, que en promedio solo han ejecutado el 50 por ciento de su presupuesto y que pese a los esfuerzos no son suficientes para cubrir la demanda de la población.
Hasta octubre del presente año, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) registró la muerte de 89 niños como consecuencia de la desnutrición crónica.
El Programa de Prevención de la Desnutrición Crónica, el cual brinda apoyo técnico a los servicios de salud para la implementación de intervenciones alimentario-nutricionales adecuadas y con pertinencia cultural que contribuyan a la reducción de la desnutrición infantil, tiene un presupuesto vigente de Q1 mil 592 millones 250 mil 045, pero a la fecha solo ha ejecutado el 45.49%.
En tanto, el Programa de Prevención de control de la Tuberculosis, que establece las normas y estrategias que brinden el soporte técnico a las Direcciones de Área de Salud para la detección exitosa, diagnóstico oportuno y tratamiento gratuito y observado de los casos de tuberculosis en el país, con un presupuesto vigente de Q45 millones 770 mil 674, ha ejecutado un 38.85%.
Las muertes por tuberculosis en el 2014 sumaron 86 casos, según datos del Ministerio de Salud.
Seguido de este, el programa de Prevención y control de ITS, VIH/SIDA, que organiza procesos de gestión, normatización, investigación epidemiológica, capacitación y planificación en el componente de OTS, VH y Sida, mediante la integración y coordinación intra e intersectorial, reporta un presupuesto de Q133 millones 915 mil 424, ha utilizado un 49.36%.
La cartera de Salud registró 79 muertes por VIH/SIDA el año pasado, predominando los casos ocurridos en Petén, Izabal y Quetzaltenango.
Por su parte, el programa de Prevención de la mortalidad materna y de mortalidad neonatal, que reportó 334 fallecimientos el año pasado, tiene un presupuesto de Q369 millones 649 mil 638, pero solo ha ejecutado el 69.57%.
En tanto, el programa de Fomento de la salud y medicina preventiva, que promueve las herramientas necesarias mediante capacitación continua, para que puedan haber acciones sobre los determinantes de la salud, principalmente el agua segura para consumo humano, un tren de aseo adecuado y una correcta manipulación de alimentos, logrando con ello llevar un estilo de vida saludable, de Q865 millones 346 mil 608 ha ejecutado el 73.46%.
Además, el que se refiere al control de las enfermedades vectorales y zoonóticas, que abastece a las 29 áreas de salud de Vacuna Antirrábica Humana, Vacuna Antirrábica de uso animal y los Hospitales Nacionales y Regionales de Suero Antiofídico; de Q165 millones 183 mil 969, ha invertido un 61.98%, frente a un 84.21% del Programa de Recuperación de la Salud, el cual tiene un monto de Q2 mil 100 millones 301 mil 009.
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS
Según Arlyn Jiménez, analista del Instituto por la Democracia (ID), el sistema de salud se centra en el área curativa y, por lo tanto, los recursos se utilizan en los hospitales, con lo que se descuida la salud preventiva, en donde entran los programas anteriormente mencionados, que a su criterio deben ser fortalecidos para que ejecuten exitosamente su quehacer.
Zulma Calderón, jefa de la Defensoría de la Salud de la PDH, manifestó que el 99.9% del esfuerzo de ese gabinete se invierte, desde la parte operativa hasta la parte presupuestaria, en la atención al daño y añadió que prácticamente es nula la inversión en prevención.
«De lo poco que se hace en prevención es el tema de las vacunas y según datos del 2014, las coberturas fueron desastrosas, entonces se necesita, para poder reestructurar el sistema de salud, que todo se invierta tanto para la atención en prevención como la atención primaria y que ambas sean integrales», acotó.
En esa línea, Calderón explicó que el panorama cambiaría si se contara con el involucramiento de las municipalidades, gobernaciones y el Ministerio de Educación.
En tanto, Francisco Arredondo, exministro de Salud opinó que como meta a mediano plazo se necesita encaminar al sistema de salud a la fase preventiva. Además, señaló que la inversión que se hace a esta entidad es muy poca, según lo que se estipuló en los Acuerdos de Paz, en donde se indicó que el MSPAS debía recibir entre un 1 y 2% del Producto Interno Bruto «y lo que recibe ahora es, incluso, por debajo del 1%», resaltó.
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS
Programa de prevención de la desnutrición crónica
Presupuesto vigente: Q1,592,250,045
Ejecución: 45.49%
Programa de Prevención de control de la tuberculosis
Presupuesto vigente: Q45,770,674
Ejecución: 38.85%
Programa de Prevención y control de ITS, VIH/SIDA
Presupuesto vigente: Q133,915,424
Ejecución: 49.36%.
Programa de Prevención de la mortalidad materna y neonatal
Presupuesto vigente: Q369,649,638
Ejecución: 69.57%
Programa de Fomento de la salud y medicina preventiva
Presupuesto vigente: Q865,346,608
Ejecución: 73.46%
Programa de control de las enfermedades vectorales y zoonóticas
Presupuesto vigente: Q165,183,969
Ejecución: 61.98%
Programa de Recuperación de la salud
Presupuesto vigente: Q2,100,301,009
Ejecución: 84.21%
