POR MIRIAM HERNÁNDEZ
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En procedimiento abreviado el juez Undécimo de Instancia Penal, José Eduardo Cojulún, emitió una sentencia condenatoria contra once personas, a las que encontró responsables por el delito de tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes.
Según las investigaciones del Ministerio Público (MP), los sindicados negociaban fármacos con afiliados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Las once personas fueron encontradas culpables por traficar medicamentos ilegalmente, y recibieron sentencias de tres años de prisión conmutables por Q5 diarios y pago de multa de Q500. Las penas contempladas por el delito de tráfico ilegal de fármacos y estupefacientes van de 3 a 5 años de prisión.
El MP solicitó la pena mínima de tres años, mientras que el IGSS y farmacéuticas adheridas como querellantes solicitaban penas de cuatro años de prisión y multas de Q2 mil 500 para cada procesado.
Por este caso fueron señaladas 15 personas a partir de pesquisas coordinadas por el MP desde marzo del año en curso. Seis de los sindicados quedaron libres de enfrentar proceso legal por falta de mérito, pero a los nueve restantes se les sumaron dos más, luego de que las investigaciones arrojaran luces sobre su responsabilidad.
La imputación del MP señala a los once por negociar con afiliados del IGSS en las afueras de sedes del Instituto de Seguridad Social, de la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc) de la zona 1 y en el mercado La Florida, zona 19.
Según el ente fiscal, los sindicados esperaban a las afueras de los centros hospitalarios y lugares concurridos donde ofrecían a las personas tarjetas de presentación con su nombre, número telefónico y la leyenda “compra y venta de medicamentos”.
El MP también estuvo de acuerdo con no perseguir a los sindicados por el delito de asociación ilícita por el que también eran señalados originalmente. La fiscalía alcanzó esta conclusión luego de constatar en las investigaciones que los sindicados no tenían una jerarquía, tampoco lograron identificar liderazgos.
“Según la Ley Contra la Delincuencia Organizada, el grupo debe estar estructurado, seguir directrices, cada quien con funciones directas definidas, sin embargo en la fiscalía no pudimos establecer tal estructura” comenta fiscal.
El MP solo pudo establecer que los once se dedicaban a la venta de medicamentos sin autorización.
Para comprobar que los medicamentos no estaban autorizados el MP presentó documentos de la Dirección General de Vigilancia y Control de Salud del Ministerio de Salud de la Asistencia Social, entidad que otorga la autorización sanitaria respectiva y con ellos la fiscalía pretendió demostrar dos hechos.
Primero, la venta de fármacos de forma ilegal por falta de autorización y segundo, las personas se reunían en lugares puntuales a venderlos en zona 1 y zona 9.
