POR GRECIA ORTIZ
gortiz@lahora.com.gt
Las últimas investigaciones realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en conjunto con el Ministerio Público (MP), develaron la forma en que estructuras ilícitas que operan en el Estado, lucran con la salud de la población, sin importar si las consecuencias resultan fatales, como las ocurridas con el Caso IGSS-PISA, que tuvo como consecuencia la muerte de varios pacientes.
“¿Quién no va a querer ganar, si la salud es un negocio?” aseveró Alejandro Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt, a César Estuardo Monroy, médico de la Unidad de Oncología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), según evidencian las conversaciones telefónicas reproducidas por el MP, durante la audiencia de primera declaración contra once detenidos por integrar una red de corrupción en el sistema de salud.
El Caso de los “Negociantes de la Salud”, como se denominó a la estructura de la que forman parte Toledo y Monroy, es el tercer caso descubierto en este año en donde la salud pública es utilizada para obtener recursos ilícitos.
Según explicó Thelma Aldana, fiscal general y jefa del MP, los “Negociantes de la Salud”, tenían pleno conocimiento de los eventos de licitación del IGSS para la compra de medicamentos, incluso antes de que fueran publicados en Guatecompras.
Con la colaboración de directores, médicos y funcionarios del sistema público de salud, los operadores de la estructura manipulaban los concursos para beneficiar a empresas farmacéuticas con las que tenían acuerdos. Según con la Fiscal General, el poder de la red era tal, que incluso tenía incidencia en el nombramiento de algunos directores de unidades en el IGSS.
Iván Velásquez, titular de la CICIG, lamentó que la salud se haya convertido en un negocio y aseveró que la estructura recién descubierta es solo uno de los casos que se han presentado en el área de salud.
“Hay muchas otras investigaciones que simultáneamente se vienen alertando. Tenemos todo el propósito de profundizar lo más posible en la corrupción en el sistema de salud y cuando tengamos otros resultados adicionales los iremos presentando”, puntualizó el comisionado.
En ese mismo sentido, Mariano Rayo, titular del Ministerio de Salud, aseguró que se ha localizado más de un caso sospechoso de corrupción en la institución que dirige y en la cual, aún operan estructuras que lucran con los contratos de medicina, equipamiento e insumos. “Es lamentable tener que confirmar que es así, o sea el lucro a partir de la salud es inmenso y arraigadísimo de hace 10, 12 o 15 años”, dijo.
De acuerdo con Rayo, su administración colabora continuamente con las investigaciones del MP y la CICIG, con el objeto de erradicar estas malas prácticas en el Ministerio de Salud.
En tanto, Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del IGSS, comentó que las redes de corrupción en las instituciones encargadas de la salud pública son un fenómeno endémico “es una muestra de una institución que ha perdido su esencia, su naturaleza en cuanto a la proyección, que ha perdido fundamentalmente su autonomía”.
Según el representante del IGSS, desde hace algunos meses realizan auditorías para garantizar el abastecimiento de medicamentos, pero que pese a los esfuerzos, no se pueden hacer investigaciones al nivel del MP.
TODOS QUIEREN UNA PORCIÓN DEL PASTEL
Adrián Chávez, experto en salud del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), manifestó que la compra de medicamentos, equipo e insumos tiene un peso grande sobre el presupuesto de las instituciones de salud, por lo que es un campo llamativo para los corruptos y corruptores.
“De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Salud, el gasto público que se dirige a esta área llega a oscilar en 3 mil millones de quetzales, sólo en la compra de medicamentos, lo que confirma el interés de los emprendedores de negocios dentro del Estado en obtener una comisión de un pastel tan grande”, explicó.
El Ministerio de Salud tiene una asignación presupuestaria para este año de Q5 mil 647 millones 224 mil 460, con los que en más de una ocasión se reportaron crisis por falta de medicamentos, equipo o alimentos en los hospitales a su cargo.
En tanto el IGSS, posee un presupuesto de Q12 mil 478 millones 690 mil 254, que son destinados a atender a 1 millón 344 mil 459 pacientes registrados hasta septiembre, según el Departamento de Recaudación, que contempla únicamente a quienes se les descuenta la afiliación de su salario.
La hipótesis de Chávez podría explicar por qué, pese a la inversión de fondos que cada año hace el Ejecutivo, la precariedad es una constante que afecta todos los días del año a miles de pacientes, necesitados de una red hospitalaria que permanece en una crisis constante.
Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt, uno de los principales centros de la red hospitalaria, denunció que no cuentan con 27 insumos de importancia, entre antibióticos, analgésicos y quimioterapéuticos.
Sobre dicha situación, Zulma Calderón, jefa de la Supervisión Hospitalaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), considera que la razón del desabastecimiento en los hospitales públicos no es la falta de recursos, sino la corrupción y mala administración de los mismos. Según dijo, el financiamiento que reciben las instituciones de salud es suficiente para mantener los hospitales abastecidos.
De acuerdo con la entrevistada, la mayoría de contratos en el Ministerio de Salud y el IGSS están sobrevalorados, por lo que se invierten muchos recursos económicos en la compra de insumos que no son necesarios, dejando de lado el abastecimiento de medicamentos que nunca deben faltar, como el material médico quirúrgico.
Una investigación de La Hora evidenció que el IGSS y el Ministerio de Salud han gastado Q8 mil 500 millones en contratos abiertos de medicinas e insumos, con 82 empresas, de las cuales solamente dos se reparten el 29.87 por ciento de los fondos.
Sin embargo, para Calderón, las irregularidades en las contrataciones no solo se dan en la compra de medicinas. “Se ha hablado mucho de la compra de medicamentos, pero no es solo la compra de medicamentos, también se debe de investigar la compra de equipo, la compra de insumos, incluso los servicios; porque hay algunos hospitales que, a través de servicios contratados, obtienen la comida, la lavandería, etcétera”, aseguró Calderón.
SUBASTA INVERTIDA
Carlos Mencos, titular de la Contraloría General de Cuentas, es partidario de la eliminación de los contratos abiertos, sobre todo para la compra de medicinas para el sistema público de salud.
Para sustituirlos, Mencos propone un mecanismo llamado subasta invertida, el cual consiste en que mediante un acto público, las entidades contratantes realicen subastas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado. “La idea es llegar al precio más bajo y razonable posible para adquirir medicamentos”, señaló.
Según Mencos, ésta podría tener los mismos lineamientos que el contrato abierto, en el sentido de que se puede adjudicar para que los montos que adquiera la institución sean ilimitados. En este caso, añadió, se buscará que los procedimientos se repitan por lo menos cada seis meses, para que las empresas que se hayan quedado afuera tengan la oportunidad de ofertar sus productos.
La subasta invertida está contemplada entre las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, que aún está en discusión en el Congreso, pero que no logra ser aprobada.
LAS VÍCTIMAS
Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo, considera que la población es la principal víctima de la corrupción en el sistema de salud, ya que el dinero que se pudo invertir en el mejoramiento del sistema, se pierde y va a dar a las manos del crimen organizado, generando enriquecimiento ilícito.
«A partir de que se genere el acto de corrupción se empieza a producir de una manera como en cadena toda una serie de actos que van a seguir perjudicando a la población, muchas veces por largos períodos de tiempo», afirmó.
Zulma Calderón opinó que la corrupción en el sistema de salud tiene como consecuencia la baja calidad de los servicios.
Dentro de los principales problemas detectados por la Procuraduría, está la escasa prevención de enfermedades, pues “la salud en Guatemala está enfocada en la atención al daño”. Otro aspecto destacado por Calderón es la falta de disponibilidad y accesibilidad a los servicios, pues los centros de atención son pocos comparados con la cantidad de guatemaltecos y los mismos no están repartidos de forma equitativa, a lo que se debe añadir que existe un déficit de personal.
Sin embargo, la consecuencia más lamentable, coincidieron los analistas consultados, es la muerte de pacientes debido al mal servicio. Un ejemplo concreto, son las 36 muertes de pacientes renales, registradas después de que el IGSS firmara un contrato anómalo con la droguería Pisa, para que ésta prestara el servicio de diálisis peritoneal.
Mientras la CICIG y el MP investigan las irregularidades en la contratación de Pisa, la Fiscalía de Delitos contra la Vida se ocupa de indagar las responsabilidades penales de los 17 sindicados de caso, entre los que se encuentra el entonces director de la Junta Directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez.
“Hay muchas otras investigaciones que simultáneamente se vienen alertando. Tenemos todo el propósito de profundizar lo más posible en la corrupción en el sistema de salud y cuando tengamos otros resultados adicionales los iremos presentando”.
IVÁN VELÁSQUEZ -CICIG-“Es lamentable tener que confirmar que es así, o sea el lucro a partir de la salud es inmenso y arraigadísimo de hace 10, 12 o quince años”.
MARIANO RAYO –MINISTRO DE SALUD-“Se ha hablado mucho de la compra de medicamentos, pero no es solo la compra de medicamentos, también se debe de investigar la compra de equipo, la compra de insumos, incluso los servicios; porque hay algunos hospitales que, a través de servicios contratados, obtienen la comida, la lavandería, etcétera”.
ZULMA CALDERÓN -PDH-
CONTRATOS ABIERTOS, UNA PUERTA A LA CORRUPCIÓN
Según el portal Guatecompras existen a la fecha 82 proveedores de contrato abierto en el ramo de medicinas e insumos hospitalarios para proveer 1 mil 633 productos, que a su vez están amparados en 239 contratos.
Lo reportado por el portal electrónico del Estado son los insumos adquiridos principalmente por el Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
De las 82 entidades que tienen contratos abiertos, dos grupos se reparten un botín igual a Q2 mil 552 millones 478 mil 130 con setenta y seis centavos y esas son: Agencia Farmacéutica Internacional, Sociedad Anónima (Agefinsa) y el grupo de J.I. cohen que actúa a través del señor Cohen, Cohen, Jack Irving y de la Sociedad J.I. Cohen, Sociedad Anónima.
IGSS-PISA
Analistas señalan que la reciente captura de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por un caso de contratación anómala de la empresa PISA dejó en evidencia las falencias del sistema de licitaciones y contrataciones del Estado, las cuales lo hacen blanco fácil para la corrupción.
El uso de empresas como fachada para negocios de corrupción, la corrupción de funcionarios públicos, la incapacidad y en algunos casos complicidad de las Juntas de Licitación y Adquisición, aunada a la poca fiscalización de los organismos de control y una legislación débil en materia de adquisiciones y compras del Estado, son la fórmula perfecta para hacer de este proceso un negocio lucrativo, coinciden analistas.
Carlos Martínez, analista Independiente, señaló que la raíz de la corrupción en las compras y adquisiciones es que actualmente el Estado está controlado por fuerzas delictivas y mafiosas, políticos mafiosos, políticos depredadores.
“La Ley De Compras y Contrataciones del Estado llena las características de cómo hacer un proceso de licitación, pero los funcionarios han tomado como práctica de evadir esta ley”, señala Martínez, quien destaca que esta práctica se extiende a todos los ministerios e instituciones de gobierno.
Para el analista es común que los funcionarios públicos entren en negociaciones con los empresarios para aceptar sobornos y utilicen las Juntas de Licitación y Adquisición para disimular la corrupción y cumplir objetivos de enriquecimiento ilícito.
IGSS-CHIQUIMULA
Las negociaciones entre el diputado Baudilio Hichos y Francisco Cortez Bocaletti, jefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS, para conseguir la adjudicación de un contrato a una empresa vinculada al funcionario, quedaron registradas en 38 llamadas telefónicas interceptadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El MP determinó que Cortez Bocaletti se contactó en octubre del 2014 con el diputado Hichos López para gestionar de forma irregular un contrato para la readecuación de un edificio vinculado con el diputado.
En las llamadas telefónicas Cortez Bocaletti se refiere a Hichos López como “diputado” y se escucha la voz del funcionario público, contra quien los entes de investigación interpusieron una solicitud de antejuicio que aún no ha sido resuelta por la Corte Suprema de Justicia.
Las conversaciones evidencian que los trabajos de remodelación del edificio comenzaron desde antes de que el concurso fuera publicado en el portal Guatecompras y que existe una intención de esconder la construcción, mientras se gestiona la adjudicación fraudulenta.
“Aquí ya estamos listos, ya esta semana termina todo”, asegura Hichos en una conversación, y Cortez Bocaletti le responde, “le cuento que eso ya tiene fecha de recepción, yo voy a comunicarme, ahorita mismo le llamo a Lester porque le pedí un favor que como que es de la empresa que va a ganar , que esconda todo lo que ha hecho porque se la tenemos que hacer cansada a esta gente, verdad diputado, así como que no hay nada, porque esto solo es entre nosotros va”.
NEGOCIANTES DE LA SALUD
En el Caso Negociantes de la Salud salió a luz una estructura dedicada a comercializar medicamentos con el Estado guatemalteco a base de sobornos y favores fue desmantelada y 11 personas detenidas.
Dos presuntos operadores de la organización están prófugos; uno de ellos es Gustavo Alejos Cámbara, financista que fue secretario privado del expresidente Álvaro Colom.
La fiscal general Thelma Aldana dijo en conferencia de prensa que la estructura contaba con operadores, proveedores, funcionarios y particulares.
«El grupo tenía pleno conocimiento de los procesos (de licitación que se hacían con los medicamentos) y se ponían de acuerdo con los precios, qué empresas debían participar y cuáles no debían participar porque ya habían sido beneficiadas antes», dijo Aldana. «Tenían plena incidencia en el nombramiento de directores en áreas importantes del seguridad social».
La fiscal explicó que varios directores de hospitales nacionales, así como responsables de unidades o áreas hospitalarias, han sido vinculados y algunos detenidos por haber participado en la estructura.
La investigación, hecha en conjunto con la CICIG, determinó que existían tres operadores que coordinaban desde dentro de las áreas médicas públicas para beneficiar a ciertos proveedores con los cuales tenían contacto o eran socios de esas empresas.
Iván Velásquez, titular de la CICIG, dijo que los operadores «pretendían a través de la incidencia obtener comisiones… (los proveedores) pagan u ofrecen comisiones para logar colocación y demanda de sus productos y servicios», explicó.
PROBLEMA EN SALUD NO ES NUEVO
Desde 1993, La Hora ha documentado lo recurrente de la crisis en el sistema de salud, que incluye la falta de presupuesto y la corrupción. El director de Diario La Hora, Oscar Clemente Marroquín publicó el 27 de septiembre de 1993 la columna Campaña de un “NO al no hay”, con la que expuso la importancia de solucionar la crisis hospitalaria que ocurría desde entonces.
Campaña de un “NO al no hay”
No puede uno ocultar su ira cuando se entera detalladamente de lo que están viviendo los médicos en los hospitales del Estado para atender a sus pacientes, sobre todo cuando uno ve que jóvenes profesionales reflejan su frustración ante el calvario de la Salud Pública en nuestro país. Ayer mismo en la emergencia de uno de los hospitales, tuvieron que diluir el poco de anestésico local que había en existencia, para poder atender a los pacientes que necesitaban sutura y cuando piden material de sutura adecuado siempre se topan con que no hay del requerido y tienen que improvisar usando otro.
Los procedimientos médicos de rutina se vuelven, ante esa falta de recursos, en verdaderas proezas, al extremo que los pacientes tienen que pasar mucho más tiempo del normal bajo los efectos de la anestesia y no son raros los casos en los que el anestesista le dice a los cirujanos que se apresuren porque ya está pasando el efecto de la última ampolla disponible.
Por ello es que los residentes han emprendido una campaña de “NO AL NO HAY”, tratando de forzar las cosas para que se resuelva la crisis hospitalaria. Dicen cosas para que se resuelva la crisis hospitalaria. Dicen que en el San Juan de Dios tienen actualmente un presupuesto de 40 millones y que para el año próximo pidieron 75 millones, lo que permitiría que el hospital trabaje al 50 por ciento de su capacidad. Y es que de mil 200 a mil 500 operaciones que se realizaban al mes hace unos seis años, ahora han tenido que disminuir a casi 200, lo que se traduce en la existencia de pacientes que tienen 2 años de estar en lista de espera y una presa de 300 pacientes por unidad que no pueden ser atendidos quirúrgicamente.
No olvidemos que a los mismos residentes que en su momento hicieron un movimiento de protesta, el entonces Procurador de los Derechos Humanos les hizo serias recriminaciones por no atender debidamente a los enfermos y comprometer su salud. Pues ahora ese Procurador de los Derechos Humanos es el Presidente de República y acepta como válidas las explicaciones que da su Ministro quien dijo a Crónica que no se pueden proponer “soluciones totales”, pero que mediante reformas financieras, administrativas y de recursos humanos, espera aminorar la crisis. Acepta que el Ministro diga que está bien que el Procurador de Conciencia haga esos señalamientos, pero que no se puede resolver el problema de todos modos aunque haya evidente violación de los derechos humanos.
Esas declaraciones publicadas por Crónica debieran ser suficientes para que el Presidente actuara al darse cuenta que su Ministro no puede resolver la crisis. Nadie está en puestos de responsabilidad simplemente para explicar por qué no se puede resolver la crisis. Nadie está en puestos de responsabilidad simplemente para explicar por qué no se pueden componer las cosas. Para dar esas explicaciones basta y sobra con un pinche portavoz que no gana ni la décima parte del sueldo de un ministro. Lo que urge es que se resuelva el problema.
Siempre he pensado que es poco ético no poder hacer un trabajo bien hecho y cobrar si lo estuvieran haciendo. Yo mencioné el nombre del doctor Hernández Polanco para Ministro de Salud y por ello con la misma solvencia que lo hice suponiendo que su experiencia administrativa sería suficiente para plantar un cambio profundo en esa cartera, planteo ahora su fracaso como Ministro y el riesgo que ello implica para los pacientes.
Lástima que el doctor Hernández Polanco no pueda ir a convivir un turno con los residentes de los hospitales del Estado, a fajarse a la par de ellos tratando de salvar vidas, porque sólo así podría hablar con propiedad y dejar de pensar que la preocupación de García Laguardia es lírica o, como dicen que dijo Ramiro, muy demagógica.
Análisis
Por otro lado una nota del 17 de septiembre de ese mismo año titulada “Sindicato del IGSS anuncia lucha contra la corrupción”, advirtió sobre la posible utilización de medicamentos sin fecha de vencimiento.
Así también el 01 de octubre, Diario La Hora publicó dos análisis referentes a la salud, el primero titulado “El derecho humano a la salud” y el segundo publicado el 17 de diciembre “¿Jugando a Dios?…”, que exponían la crisis en la red hospitalaria.
El editorial del 20 de diciembre de 1993 titulado “Reforma en Salud”, citó: “El refrán dice que “más vale tarde que nunca”, y eso se aplica para lo que ahora estamos viendo. Pero la reforma del sistema de salud tiene que ser profunda y radical, no sólo para evitar que los hospitales sigan siendo centros de muerte más que centros de vida, sino para orientar prioritariamente el gasto público hacia la salud preventiva y hacia acciones de ingeniería sanitaria”.
