POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Tras un análisis del proyecto de Ley Emergente para la Conservación del Empleo, del Ministerio de Economía que en esencia busca prorrogar las exoneraciones fiscales para las empresas productoras de textiles, vestuario y otras acogidas a los regímenes de maquila y zona franca, el ICEFI advierte que la iniciativa no cuenta con un dictamen favorable de la Administración Tributaria, porque otorga privilegios “excesivos e injustificados” que pondrían en riesgo los ingresos del Estado.
Esta semana, el ministro de Economía, Jorge Méndez Herbruger, entregó al Congreso el proyecto de Ley Emergente para la Conservación del Empleo, el cual contiene reformas a la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89), y a la Ley de Zonas Francas (Decreto 65-89), pero que en resumen, buscan exonerar por diez años del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al sector de vestuario y textiles y al de centros de servicios de llamadas en el país.
Lo anterior, con el argumento de que se debe garantizar la continuidad de al menos 140 mil empleos después del 31 de diciembre de este año, fecha en que vencerían los beneficios fiscales para estas industrias instaladas en Guatemala.
No obstante, Jonathan Menkos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI-, afirmó que la iniciativa no cuenta con un dictamen favorable de la Superintendencia de Administración Tributaria ya que en lugar de cumplir con el compromiso de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio para eliminar las exenciones del ISR que las leyes hoy vigentes contemplan para ciertas exportaciones, contiene más privilegios fiscales “excesivos e injustificados”.
Además, explicó que la actual propuesta no difiere de la Ley de Promoción de Inversión y Empleo (presentada por el Ejecutivo en 2013), la Ley de Fomento al Empleo (presentada por el Partido Patriota en 2014), o la Ley de Condiciones Económicas para Fomentar el Empleo (conocida como la Ley Baldizón de Empleo, presentada por el partido LIDER), ya que la lógica es solo proteger el empleo e incentivar ciertas actividades económicas, sin conocer la realidad financiera del país.
Por ello, el analista sugirió que esta propuesta debe reemplazarse por políticas integrales de crecimiento económico y competitividad real, basadas en el desarrollo de capacidades vía educación, salud, seguridad, infraestructura y justicia.
