POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt
Esta mañana, la Procuradora General de la Nación (PGN), María Eugenia Villagrán, confirmó que la institución remitió un informe al Ministerio Público (MP) donde se establece que el subsidio de US$35 millones (Q270 millones) de parte del Estado a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), es ilegal e inconstitucional y que quienes lo avalaron en su momento, incluyendo el expresidente Álvaro Colom, pudieron haber incurrido en “arbitrariedades”.
Según la titular de la PGN, “el aporte económico de inversión (a Transurbano), se podría considerar como un detrimento al patrimonio del Estado, al haber transferido fondos del presupuesto a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) para que pudiera financiar, implementar y administrar un servicio público que le compete exclusivamente a la Municipalidad de Guatemala”.
Por su parte, Édgar Guerra, de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, opinó que el Ministerio Público debe continuar con la investigación penal, ya que “esta es una oportunidad de sentar precedentes importantes, hay posibilidades de abuso de autoridad y de ser investigados y estamos hablando de la estructura del Estado, del presidente de la época hasta ministros de Finanzas y tal vez de Comunicaciones”.
