POR SAIRA RAMOS
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En la próxima sesión plenaria los diputados al Congreso buscarán aprobar la ley de tarjetas de crédito, que busca regular la emisión y uso del plástico, así como establecer controles para que las entidades emisoras utilicen métodos o contraten a entidades que cobren las deudas adquiridas por los tarjetahabientes.
Además, la propuesta pretende que las entidades emisoras fijen un límite de crédito al titular de la tarjeta de acuerdo a su capacidad de pago. Según la iniciativa dicho monto no podrá ser mayor a dos veces del ingreso mensual que el solicitante demuestre percibir en su contrato.
Uno de los objetivos de esta iniciativa es que a los usuarios de ese servicio no se les «menoscabe la dignidad y decoro» al recibir cobros de personas no identificadas. Sin embargo, en caso que las empresas bancarias contraten dicho servicio estas deberán estar inscritas como empresas individuales o personas jurídicas ante el Registro Mercantil.
Entre otros aspectos, la iniciativa de ley de tarjetas de crédito busca fijar un límite máximo del 10 por ciento anual en la tasa de interés, que las entidades emisoras de tarjetas puedan cobrar a los usuarios.
Además que la entidad emisora cobre únicamente el concepto de intereses, comisiones y recargos que previamente hayan sido pactados en el contrato. El proyecto prohíbe la capitalización de intereses, quedando prohibido calcular los mismos sobre comisiones u otro tipo de cargos por servicios prestados por servicio.
Sin embargo, estos últimos han sido punto de discusión entre diputados al Congreso, incluyendo al legislador Oliverio García Rodas, de la bancada del Partido Patriota (PP), quien refiere que la acción es inconstitucional porque atenta contra el libre mercado.
En la sesión del martes 3 de noviembre, los diputados presentarán enmiendas a este y otros artículos de la propuesta de ley previo a su redacción final, según se informó en la plenaria declarada permanente.
Uno de los objetivos de esta iniciativa es que a los usuarios de ese servicio no se les «menoscabe la dignidad y decoro» al recibir cobros de personas no identificadas.
