Por Miriam Hernandez
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Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla en los últimos 27 años, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por los delitos de peculado, lavado de dinero y falsedad ideológica. Esto luego de que el Ministerio Público (MP) lo señalara de participar en el presunto desvío de casi Q9, 990, 071 millones.
El alcalde de Chinautla fue enviado a prisión preventiva por existir peligro de fuga y obstrucción a la averiguación de la verdad.
El MP acusó a Medrano de ocultar la verdadera naturaleza de bienes obtenidos, en este caso los montos de por lo menos 6 cheques firmados por Catalina Gómez Muyús y posteriormente depositados por terceros a cuentas de Medrano.
Medrano fue liberado del delito de obstrucción de la acción penal por el que el MP también lo señaló.
Los hechos imputados ocurrieron entre 2005 y 2006, época en que Gómez Muyús era tesorera municipal.
La jueza resolvió luego de escuchar a la fiscalía, a la defensa y otros tres implicados de los cuales solo uno hablaría inicialmente, pero que después de su intervención fue seguido por dos sindicados más.
Las tres personas declararon haber recibido montos en efectivo de Medrano como préstamos a la comuna y se desligaron de haberlos depositados a las cuentas del jefe edil. Según Muyús los depósitos eran devoluciones de préstamos que Medrano hacía a la Municipalidad por falta de fondos.
Estas versiones según el MP, difirieron de las pruebas de descargo presentadas por Arnoldo Medrano en la etapa de antejuicio, pues entonces él argumentó que los montos fueron depositados en sus cuentas por concepto de compra venta de terrenos en San Pedro Ayampúc.
La defensa rebatió las acusaciones de obstrucción de la acción penal y uso de documentación falsa del MP, argumentando que en el antejuicio no se habló nunca de los cheques ahora mencionados sino de contratos celebrados con la empresa DIMACO.
En su declaración la misma Catalina Gómez Muyús dijo haber recibido en efectivo Q50 mil y Q70 mil de Medrano. Gómez Muyús insistió en que eran préstamos por falta de fondos de la comuna, pero reconoció que no era el procedimiento correcto. Ninguno de los sindicados dijo tener documentación de dichas transacciones.
El juez otorgó al MP dos meses de investigación continúe las investigaciones del caso. Otros implicados ligados a proceso son Anabella Alvarado Batres, sindicada por falsedad material y encubrimiento propio, por presuntamente validar anómalamente un documento como notaria; Jorge Ulises Francia Estrada y Eduardo Francisco Castellanos Castillo por lavado de dinero y Catalina Gómez Muyús por peculado y lavado de dinero. Esta última también fue enviada a prisión preventiva mientras que los demás fueron beneficiados con arresto domiciliario.
