POR GRECIA ORTIZ
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El grupo G4 –integrado por el Procurador de Derechos Humanos, la Universidad de San Carlos, la Iglesia Católica y una representación de iglesias evangélicas– pidió a la población que se manifieste para propiciar reformas encaminadas a reestructurar el Estado. Para eso es necesario tener en cuenta al menos diez aspectos que pueden hacer la diferencia para una mejor Guatemala.
1. Participación ciudadana
Lizandro Acuña, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), califica la participación ciudadana como una pieza clave para impulsar reformas en el Estado. “Existe la obligación de contribuir y participar; quienes tenemos esa opción podemos proponer reformas a las leyes para mejorar nuestros sistemas, tanto de seguridad y justicia, como en lo económico”.
Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, recordó la participación ciudadana en el paro del 27 de agosto, cuando se exigió la renuncia de Otto Pérez Molina, pero luego los movimientos bajaron su intensidad y “dejamos de ir al parque”.
Mack destacó que si bien se logró un objetivo, todavía faltan varios cambios profundos que trasciendan a los gobiernos. “La población debe tomar conciencia de eso, y no debe dejar que la apatía nos gane, se requiere no solo de la participación sino de la conciencia y el deber ciudadano”, comentó Mack.
2. Transparencia en lo público y privado
Luis Linares López, analista de la Asociación de Investigación en Estudios Sociales (ASIES), destacó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas tanto en el sector público, como en el privado.
Y es que el tener a disposición del público información de cómo se manejan los recursos del Estado es una motivación para pagar impuestos. “Explicar la forma de cómo se compra, cuánto se gasta, con quién se gasta, exponer sueldos, viáticos y viajes” es vital para que la ciudadanía confíe en las autoridades.
Por otro lado, también señala la responsabilidad de particulares para ser transparentes en su actuar, correspondiendo a la transparencia que se exige del ámbito público.
Linares ejemplificó que el funcionamiento de la estructura de defraudación aduanera de “La línea” se debe, en parte, a la falta de información sobre el pago de impuestos. “Estas sospechas no existirían si hubiera transparencia en el pago de tributos; en otros países esos montos que se pagan si se pueden ver”.
3. Cambiar el modelo económico, las compras y contrataciones y la contraloría
De acuerdo con Renzo Rosal, analista independiente, resulta primordial cambiar el modelo económico para que se garantice el bienestar de la población.
La situación de pobreza multidimensional se estima en un 70.3 por ciento, según el informe “Panorama Social de América Latina” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y que entre otros aspectos, destaca que Guatemala se posiciona entre los 14 más violentos del mundo y los siete más violentos de Latinoamérica.
Según el informe esta situación refuerza la idea de que la pobreza persiste como un fenómeno estructural característico de la realidad latinoamericana.
Los índices del trabajo infantil también prevalecen en su mayoría en las áreas rurales del país, con un 57.9%, que tienen población mayoritariamente indígena, una cifra superior a los espacios donde prevalece la población no indígena, donde el indicador llega al 42.1 por ciento.
Además, se hace indispensable modificar la matriz de compras y contrataciones del Estado, así como la modificación de la Contraloría General de Cuentas para que en el país pueda existir una verdadera obligación de rendir cuentas.
4. Cultura de legalidad
Si bien el papel de la ciudadanía pasa por demandar reformas del Estado, incluyendo cambios legislativos, también está presente la responsabilidad de adoptar una cultura de legalidad y respetar las normas de convivencia.
En agosto pasado, Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), expresó: “Lo que ahora se ha iniciado como una cruzada contra la corrupción, no solo debe afectar los sectores criminales, sino que también debe establecer una cultura de legalidad en la sociedad”.
Acuña considera que “debe existir el compromiso por parte de los buenos ciudadanos guatemaltecos para cumplir y respetar la ley”, ya que eso garantiza la convivencia sana y respetuosa en la sociedad.
“Hay una falta de cumplimiento de las leyes por parte de las autoridades, pero también vemos mucha debilidad en este sentido entre la ciudadanía; todos los guatemaltecos tenemos una cultura de acatar lo que establecen las normas”, opinó Acuña.
5. Independencia judicial
De acuerdo con Renzo Rosal, analista independiente, se necesita retomar el principio constitucional de la independencia judicial, pues sin ese principio de nada servirá tener más juzgados o más juzgadores.
La Fundación Myrna Mack apuntó que el mecanismo para garantizar que los jueces y magistrados cumplan con los requisitos de idoneidad, capacidad, honradez y reconocida honorabilidad, es fortalecer la Carrera Judicial, ya que de esta manera se evita que influencias de grupos de poder coloquen en los juzgados y altas magistraturas a personas corruptas que les permitan quedar impunes por los delitos que cometen.
Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), aseveró que hablar del sector justicia no implica solo el eje del Organismo Judicial, ya que también incluye al Ministerio Público (MP), así como a la Policía Nacional Civil (PNC), “debe fortalecerse al ente investigador que es el MP y al ente ejecutor que es la PNC”.
6. Un pacto fiscal
Un acuerdo social nacional que logre garantizar los recursos del Estado es fundamental, según Christians Castillo, analista del Ipnusac, quien considera que se debe pensar en un pacto fiscal. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, Guatemala se comprometió a aumentar la carga tributaria por lo menos al 12 por ciento, en comparación con el PIB, pero casi veinte años después, ese indicador se mantiene en el 10.8 por ciento.
Abelardo Medina analista y economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, indicó que si se quisiera hacer una reforma tributaria, antes se debe mejorar la moral tributaria que consiste en la voluntad de los contribuyentes a efectuar sus pagos, misma que actualmente está “lastimada”, pues se tiene la percepción que el dinero no está siendo utilizado de manera correcta.
“Si no se cumple eso de usar los recursos eficiente y transparentemente los recursos, créame no hay reforma que haga que mejore la recaudación”, dijo.
7. Reglas claras en la política
El comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, comparó a los partidos con “franquicias”, es decir, con los instrumentos que se utilizan para la concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial. En otras palabras, los partidos políticos son una especie de empresas creadas con el fin de lucrar.
De momento las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aún se mantienen estancadas en consulta en la Corte de Constitucionalidad, pero de llegar a aprobarse, opinó Rosal, es necesario que regulen los aspectos más importantes, como el origen del financiamiento privado, la campaña anticipada y la limitación de la reelección.
El CACIF manifestó su descontento sobre el proyecto de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos por considerar que no logra resolver la crisis tan grave de institucionalidad y de falta de representatividad de los partidos políticos.
8. Servicio Civil y orden en pactos
Respecto a la reforma a la Ley de Servicio Civil, Acuña mencionó que debe existir una carrera para funcionarios públicos, pues está demostrado que año tras año cuando ingresa un nuevo gobierno, se cambia a empleados públicos y se pierde importantes elementos con experiencia. “Vemos que en los cambios arrasan con la gente que se está involucrando en el desarrollo de las políticas públicas”.
Una carrera en el servicio civil también ayudaría a regular las mejoras salariales y prestaciones laborales de los trabajadores que actualmente están regidos por los pactos colectivos, pese a que generan problemas en las finanzas del Estado.
Este año, el pacto colectivo en el Ministerio de Salud Pública implica un costo de Q1 mil 835 millones para el Estado, mientras el Ministerio de Educación adquirió una carga que supera los Q1 mil millones en este rubro.
9. Erradicar la discriminación
A criterio de la académica Guillermina Herrera Peña, la discriminación, el racismo y la segregación son factores que afectan en todo sentido al país y le impiden evolucionar hacia una sociedad más justa. “En síntesis, el “racismo” es una pérdida de las posibilidades de interacción positiva y constructiva entre grupos humanos. Es una perversión de las relaciones sociales, una forma degradada y degradante de relacionarse, interactuar y comunicarse. Para combatirlo, hay que luchar contra sus manifestaciones: prejuicios y estereotipos negativos y discriminación”, advirtió la experta.
En cuanto a la discriminación económica, la distribución de los recursos del Estado a las diferentes entidades, según Mario Polanco, es también un aspecto que requiere una reforma. “Mientras la ciudad se queda con Q0.25 de cada Q1, hay departamentos que se quedan como por ejemplo Baja Verapaz, que se quedan con Q0.5, Alta Verapaz se queda con un Q0.1 centavo y Huehuetenango igual”, lo que significa que el presupuesto se distribuye de manera arbitraria.
10. Explicar en qué consisten las reformas
Renzo Rosal, analista independiente, dijo que para entender los cambios que requiere el sistema, es necesario que los miembros del G4 -el Procurador de Derechos Humanos, la Universidad de San Carlos, la Iglesia católica y una representación de iglesias evangélicas, logren explicar a la población en qué consisten las reformas, para que todos entendieran que dilemas se tienen en el país.
La Universidad de San Carlos y organizaciones sociales coincidieron en que los cambios en el Ejecutivo, tras la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina, no representan las reformas en el sistema político e institucional que exige la ciudadanía y tampoco existen las condiciones para que las mismas puedan aprobarse inmediatamente. Por lo que consideraron que se deben reactivar las manifestaciones pacíficas para impulsar un verdadero cambio en la administración pública.
En este caso, Rosal señaló a entidades como las iglesias, que podría apoyar en ese sentido junto a la Universidad de San Carlos.
SIN OPORTUNIDADES
Y es que los cambios profundos al Estado, permitirán que la población tenga acceso a mejores oportunidades en el país, prueba de ello son los pocos incentivos que tiene la población en cuanto a trabajos en el país.
La Dirección General de Migración reportó que un total de 57 mil 322, entre mujeres, hombres y menores de edad fueron deportados de México vía terrestre de enero hasta el 12 de octubre, mientras para 2014 hubo 34 mil 654 deportados hasta el 31 de octubre, eso quiere decir que existió un aumento de más de 22 mil personas que emigraron.
En tanto esa misma institución señaló que por vía aérea y hasta el 16 de octubre de este año ya se había deportado un total de 24 mil 974 connacionales aunque al comparar la cifra con el 31 de octubre de 2014 de 45 mil 424, si se podría presentar un descenso de más de 20 mil personas, tomando en cuenta que aún faltaría añadir más datos a la estadística.
PREVALECE EL COMERCIO INFORMAL
En tanto el Instituto Nacional de Estadística (INE) registra que en el país existen 6 millones 316 mil 005 personas dentro de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir población en edad de trabajar, asimismo las estadísticas de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2014, develan que a nivel nacional 60 de cada 100 personas, están laborando o buscando un empleo.
Asimismo la agricultura sería la actividad que mayor cantidad de fuerza de trabajo reúne con un 31.2%, siguiéndole el comercio con un 26.4%, sin embargo ese mismo estudio indica que a nivel nacional 4 millones 0315 mil 118 se ubican en el sector informal.
PRESIÓN AL CONGRESO
Mientras el G4, integrado por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH); la Iglesia Católica y la Alianza Evangélica, manifestó la necesidad de presionar al Organismo Legislativo con el fin de promover los cambios profundos en el sistema de Estado, y destacó la importancia de los movimientos pacíficos del país para que vuelvan a manifestarse a fin de promover estos cambios.
De acuerdo a ese grupo, el país está dejando pasar una oportunidad de transformación en su sistema político, económico e institucional, pues ahora ya no se trata de exigir una renuncia de funcionarios, sino de buscar el impulso a las reformas que garanticen el combate a la corrupción y la impunidad, así como de la renovación y depuración de instituciones públicas.
Óscar Julio Vian, arzobispo metropolitano, indicó: “Como ciudadanos debemos seguir presionando por las reformas como hasta ese momento lo hemos hecho. Hace poco estaba en Costa Rica y me dijeron los obispos que se alegraban por Guatemala por haber alcanzado tantas cosas de manera pacífica. Pero tenemos que seguir luchando contra la corrupción y contra la gran cantidad de ladrones que se han robado lo que no se ha tenido para invertir en la gente más pobre del país”.
“Existe la obligación de contribuir y participar; quienes tenemos esa opción podemos proponer reformas a las leyes para mejorar nuestros sistemas, tanto de seguridad y justicia, como en lo económico”.
LIZANDRO ACUÑA –IPNUSAC-“Estas sospechas no existirían si hubiera transparencia en el pago de tributos; en otros países esos montos que se pagan si se pueden ver”.
LUIS LINARES LÓPEZ –ASIES-“Lo que ahora se ha iniciado como una cruzada contra la corrupción, no solo debe afectar los sectores criminales, sino que también debe establecer una cultura de legalidad en la sociedad”.
IVÁN VELÁSQUEZ –CICIG-“Si no se cumple eso de usar eficiente y transparentemente los recursos, créanme no hay reforma que haga que mejore la recaudación”.
ABELARDO MEDINA“Mientras la ciudad se queda con Q0.25 de cada Q1, hay departamentos que se quedan como por ejemplo Baja Verapaz, con Q0.5, Alta Verapaz se queda con un Q0.1 centavo y Huehuetenango igual”.
MARIO POLANCO
