POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
Un total de 510 reos cumplen con una o varias condenas en las cárceles del país por delitos graves, que ameritan permanecer en prisión desde 50 hasta 6 mil 30 años y 19 mil 704 privados de libertad tiene el sistema penitenciario, pero antes de recibir esos castigos o estar encarcelados de manera preventiva, estuvieron presos por otros actos al margen de ley. Aunque no existe un registro oficial que indique cuántos de ellos son reincidentes en condenas o en ingresos a las cárceles, sí hay varios casos documentados que refieren la persistencia de este problema, lo que a criterio de profesionales es urgente la separación adecuada y los espacios pertinentes para los reclusos.
Gustavo Adolfo Pirir García, alias “el Hammer”, exsargento del Ejército y líder de la clica Little Psycho Criminal fue condenado en febrero del año pasado a 507 años de cárcel por dirigir el atentado con una bomba incendiaria contra un bus de las Rutas Quetzal en 2011, el cual dejó 9 pasajeros muertos.
Antes de esa sentencia, Pirir García ya tenía otro proceso abierto por robar a un taxista y previamente estuvo en la cárcel por la comisión de diferentes delitos.
Estar tras las rejas no ha representado limitaciones para “el Hammer”, pues el pasado 21 de julio, la Policía Nacional Civil (PNC) desarticuló una estructura dedicada al sicariato y extorsiones contra buses, en el que se identificó que nuevamente Pirir García era quien dirigía estos actos delictivos desde la prisión.
El caso de reincidencia de ese pandillero no es el único; también está el de Rigoberto Morales Barrientos, quien dirigió la banda de secuestradores Agosto Negro y quien purga una condena por plagio y secuestro.
Morales Barrientos, ya sentenciado, enfrenta otro proceso legal, ya que en 2013 fue identificado por las autoridades como el dirigente de una banda de extorsionistas transnacionales, que se hacían pasar por pandilleros y que cobraban desde US$800 hasta US$ 1 mil.
Además, está el caso de integrantes de la banda El Patrón, que estuvieron detenidos por delitos menores, pero fueron puestos en libertad. (Vea: Otros sindicados y reincidentes).
A criterio de Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, la reincidencia de los reos, como los casos anteriormente descritos responden a la impunidad que afecta al país.
“Es claro que hay muchos privados de libertad que entran y salen de la cárcel como Juan por su casa. Es decir, porque el mismo sistema de seguridad y justicia tiene demasiadas deficiencias. Resulta que los capturan in fraganti pero por una nota (informe) mal redactada, es un argumento del abogado para sacarlos. Cuando los hechos de violencia, de cualquier tipo no tienen un castigo se instala el fenómeno de la impunidad tan común en este país. Es lógico que una persona delinca y lo capturen, pero cuando ya no puede salir sigue desde dentro con esa lógica porque significa el factor económico y de poder”, opinó el psicólogo.
LOS SENTENCIADOS
De acuerdo con el Sistema Penitenciario (SP), actualmente hay 510 reclusos con sentencias de entre 50 y 6 mil 30 años por delitos graves como secuestros, asesinatos y otros.
En total se cuantifican 468 hombres sentenciados y 42 mujeres, que purgan una condena en las diferentes cárceles del país.
Según los casos documentados, algunos sentenciados son reincidentes, lo que complica la situación de las cárceles.
La Hora requirió el apoyo de la ministra de Gobernación Eunice Mendizábal y del área de Comunicación Social del SP para entrevistar al director de esa institución Alexander Toro Maldonado, pero no fue posible.
A Toro, quien es el cuarto director de Presidios de esta administración y un funcionario ausente de sus funciones, se le pretendía solicitar información del trabajo que hacen con los reclusos sentenciados a varios años de prisión y reincidentes, pero no respondió. (Lea el recuadro Director de Presidios no responde).
En su lugar se buscó a Rudy Esquivel, portavoz del SP, quien explicó que la rehabilitación es un derecho para todos los detenidos.
“Desde la perspectiva del tema de rehabilitación, es un beneficio general a toda persona que está privada de libertad, tanto en situación preventiva y en debido cumplimiento de condena. Hay algo muy importante en el tema del marco legal que dicta que el Sistema Penitenciario debe tender un escenario de rehabilitación, se buscan mecanismos actuales a través del área de Rehabilitación social y del área de trabajo, productivo laboral y el área de trabajo social”, indicó Esquivel.
Por otro lado, el entrevistado argumentó que el hacinamiento es uno de los principales desafíos a enfrentar en las cárceles, que albergan a un total de 19 mil 704 privados de libertad, cuando su capacidad es para 6 mil 809, según la Política Pública Penitenciaria.
CORRUPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CÁRCELES
De acuerdo con representantes de la sociedad civil, la corrupción incrustada en el SP, la falta de clasificación de reos y la ausencia de espacios carcelarios, son factores que incurren en la reincidencia de los reos.
“Es una debilidad del Sistema Penitenciario, no es nuevo es muy viejo y nunca han podido tomar una decisión porque finalmente el tema de la delincuencia también tiene un beneficio para los que están afuera del Sistema Penitenciario que también se benefician económicamente de esa situación”, explicó el director de la Liga de Higiene Mental.
El psicólogo agregó que si no existiera corrupción habría mecanismos para enfrentar el problema.
“No sería tan complicado si hubiera voluntad política, porque el Sistema Penitenciario como sucede en otros país, a esos reos de alta peligrosidad simplemente se les aísla y punto, pero acá siguen manteniendo un vínculo de relaciones sociales dentro de la cárcel, recuerde que hace poco hubo una denuncia de que familiares se quedaron a dormir y no quisieron salir, pero sí se construyeran ciertas cárceles de alta seguridad y sí hubiera reos aislados con la garantía de derechos humanos que no deben perder, pero sin posibilidades de generar una acción hacia afuera porque no mantienen relaciones y vínculos con otros presos o con las mismas visitas”.
Por otro lado, Edgar Celada, analista en Seguridad y Justicia, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), indicó que la sobrepoblación es otro factor que agrava la reincidencia.
“La razón de la sobrepoblación de las cárceles no es problema en sí mismo del Sistema Penitenciario, es un problema conjunto del sistema de justicia del país, hay demasiada gente que está en prisión preventiva y que pasa el tiempo sin que sus procesos pasen y como consecuencia se satura las cárceles y esto lleva a que las cárceles deberían tener reclusos según la gravedad de los delitos que han cometido, pero aquí están todos revueltos, no solo no hay programas adecuados de rehabilitación y ahí no se está cumpliendo con el mandato constitucional -para rehabilitar-, sino que hay agravantes de la situación porque se mezclan delitos y personas”.
En tanto, Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), dijo que una manera adecuada de atender el tema carcelario es a través de la creación de fuentes de empleo, que permitan a los detenidos mantenerse ocupados.
“Nosotros creemos que quien cometió daño, debería pagarle a la sociedad, siempre hemos sido de la opinión que una forma de devolverle algo a la sociedad es devolverle con trabajo. Es una carga enorme para el Estado tener a estos reos en lugares de reclusión, sin que aporten nada, cuando podría construir escuelas, centros de salud, instalaciones que la población necesita para su desarrollo”, indicó Polanco.
Otros sindicados y reincidentes
El caso de los líderes de la banda El Patrón, sindicados por los asesinatos de dos abogados y un empresario de seguridad, es un ejemplo de la reincidencia de personas en situación preventiva que salen y vuelven a la cárcel.
Edgar René De León Calderón y Gerber Manolo López Chupina, los cabecillas del grupo criminal, dirigían a los sicarios y eran quienes cobraban por los asesinatos que cometía el resto de sindicados.
De León Calderón tenía antecedentes delictivos por portación ilegal de arma de fuego, tenencia de drogas y de pertrechos de guerra, por robo agravado e intento de robo.
Sin embargo, solo en dos ocasiones ingresó a prisión según los datos de Presidios: el 13 de diciembre de 2001 por robo agravado y el 23 de junio de 2009 por portación ilegal de arma de fuego.
Mientras que López Chupina estuvo detenido del 18 de diciembre de 2012 al 3 de enero de 2013, por los delitos de conspiración, asociación ilícita y robo agravado, de acuerdo con los registros del SP.
510 sentenciados
De acuerdo con el Sistema Penitenciario (SP), actualmente hay 510 reclusos con sentencias de entre 50 y 6 mil 30 años.
Los datos corresponden, en algunos casos, a más de una sentencia condenatoria y a sindicaciones por diversos delitos.
En total se cuantifican 468 hombres sentenciados y 42 mujeres, que purgan una condena en las diferentes cárceles del país.
Hombres 468
Mujeres 42
Total 510
Incumplimiento de la Ley
Aunque el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, ordena al Sistema Penitenciario atender la readapatación y reeducación de los reclusos, esa institución incumple con la normativa, muestra de ello es que varios de los privados de libertad son reincidentes de delitos.
La disposición literalmente indica: Artículo 19. Sistema Penitenciario. El Sistema Penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos, con las siguientes normas mínimas:
a. Deben ser tratados como seres humanos; no deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrán infligírseles tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad, o hacerles víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos científicos.
b. Deben cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con el personal especializado.
c. Tienen derecho a comunicarse, cuando lo soliciten, con sus familiares, abogado defensor, asistente religioso o médico, y en su caso, con el representante diplomático o consular de su nacionalidad.
La infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo, da derecho al detenido a reclamar del Estado la indemnización por los daños ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenará su protección inmediata.
El Estado deberá crear y fomentar las condiciones para el exacto cumplimiento de lo preceptuado en este artículo.
Director de Presidios no responde
A continuación, las preguntas que se intentaban plantear al director de Presidios, Alexander Toro Maldonado.
1. ¿Qué acciones pretende implementar en tres meses con 510 reos que tienen sentencias de entre 50 y 6 mil 30 años de cárcel?
2. ¿Dejará algún plan de acción para la siguiente administración de gobierno?
3. Está comprobado, según las investigaciones del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil que quienes están en la cárcel purgando condenas altas, como es el caso del secuestrador Rigoberto Morales Barrientos y el pandillero Gustavo Adolfo Pirir García, continúan delinquiendo desde la cárcel ¿qué han hecho con estos perfiles?
4. ¿Cómo avanza la creación de los módulos de deshacinamiento que se tenían previsto implementar en diciembre de este año?
5. ¿Por qué no existen controles de parte de Presidios para cumplir con la Ley de Equipos Terminales Móviles que se aprobó en 2013 y que buscaba sanciones rigurosas para quien ingresara o usara un celular, pues actualmente se siguen localizando celulares?
6. ¿La Inspectoría General de Presidios ha logrado determinar cuánto se acumula anualmente por permitir el ingreso de celulares que tienen un costo ilegal de entre Q500 y Q3 mil?
7. Usted es el cuarto director del Sistema Penitenciario durante esta administración ¿qué legado le dejaron sus antecesores?
8. ¿Cuál ha sido su experiencia en la administración de las cárceles?
SENTENCIADOS Y CONDENADOS
El Sistema Penitenciario alberga a 19 mil 704 privados de libertad, en los 22 centros carcelarios. De esa estadística hay un total de 9 mil 266 hombres en situación de condena y 8 mil 650 de forma preventiva, para hacer una cuantificación de 17 mil 916.
En el caso de las mujeres, hay 863 condenadas y 925 en situación preventiva, para hacer un total de 1 mil 788.
De acuerdo con los datos, las personas condenadas, entre hombres y mujeres, suman un total de 10 mil 129 y los detenidos en condición preventiva, 9 mil 575.
