POR GRECIA ORTIZ
gortiz@lahora.com.gt
El urbanista Alfonso Yurrita expone el descontrol y la impunidad en el sector inmobiliario que pone en peligro la integridad física de miles de personas, como ocurrió en la comunidad El Cambray II, donde la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) advirtió de riesgos antes de que se produjera la tragedia del pasado 1 de octubre.
La Hora Departamental: ¿Cree que existen controles suficientes en el sector inmobiliario?
Alfonso Yurrita: Hay un descontrol en la planificación para definir dónde se debe o no construir una vivienda, pero no es en todos los casos. Se trata de algunas colonias que están construidas en zonas de fallas geológicas, que no tienen nada que ver con grietas u otras cosas. El caso de El Cambray II, por ejemplo, es el más significativo. En este caso si es una falla. Esa zona es toda de alto riesgo y no solo para la gente que estaba abajo.
L.H.D.: ¿De qué falla geológica se trata?
A.Y.: Esa falla está, lamentablemente, a punto de moverse y va a afectar a toda la zona urbana que ha crecido de una forma desmesurada. La mayoría de –viviendas– que se ubican en barrancos están en alto riesgo, sobretodo, las que están localizadas en fallas geológicas. Ese lugar fue declarado de emergencia en 1964 por los geólogos.
L.H.D.: ¿Por qué se permite que se desarrollen proyectos inmobiliarios en áreas de riesgo?
A.Y.: La política de urbanismo ha quedado en manos de los promotores individuales (privados), que desarrollan sus proyectos habitacionales. El Estado no produce nada, ni las municipalidades. Entonces ellos (los promotores individuales) se colocan en donde quieren, ellos empujan y el más débil es el que va cayendo y va quedando. Aprietan a toda la gente que no tiene capacidad para irse a zonas más costosas. Los desarrollos urbanos están obligados a dejar un porcentaje de terreno de vivienda para el desarrollo social; es decir, los que hacen un condominio tienen que dejar un porcentaje para vivienda, pero aquí no lo hacen y eso es obligatorio.
L.H.D.: ¿Qué pasa con las autoridades?
A.Y.: Aquí hubo una política de nuestro querido alcalde. Llegó a la Municipalidad y deshizo todas las unidades técnicas; cuando fue Presidente acabó con todo, y dejó todo al sector privado, para que se encargara de los desarrollos de Guatemala y el Estado ya no hizo nada. ¿Cuántas entidades del Estado se dedican a ese factor?, casi ninguna.
Antes había un comité de emergencia y un comité de reposición nacional, después del terremoto; todas esas entidades trabajaron en proyectos de desarrollo urbano, pero eso desapareció, lo cerraron todo. La gente ya no tuvo en donde poder desarrollar sus proyectos y se tienen que conformar con lo que les van dejando, es decir, en las zonas que ni tienen servicios.
L.H.D.: En estas circunstancias. ¿Se podría dar otra tragedia como la de El Cambray II?
A.Y.: Esa falla ha seguido guardando energía hasta esta época. Ese deslave ha sido solo una advertencia, pero esto puede convertirse en algo peor; esa zona ha crecido anárquicamente, es un desarrollo urbano espantoso, sin ningún orden y sin ninguna regularización. Ese barranco que uno ve ahí cruza toda Santa Catarina Pinula. Estos son los problemas de Guatemala, aquí no es el problema de la corrupción como yo digo, es uno de tantos problemas que hay.
L.H.D.: ¿Quién debería de verificar que no se construyan viviendas en lugares de alto riesgo?
A.Y.: Las municipalidades son las responsables, pero no hay planes reguladores. Toda municipalidad debe tener un plan de ordenamiento territorial y establecer los planes reguladores en los cuales se defina las áreas de vivienda e industria. Aquí ya no se hace eso. Las zonas urbanas aquí y en los municipios crecieron tanto, que esto fue solo un aviso, la responsabilidad cae ahora en el Gobierno y sus unidades técnicas como el Segeplan, que tienen una serie de proyectos de este tipo y que tampoco le hacen caso.
Hay un descontrol en la planificación para definir dónde se debe o no construir una vivienda, pero no es en todos los casos. Se trata de algunas colonias que están construidas en zonas de fallas geológicas, que no tienen nada que ver con grietas u otras cosas. El caso de El Cambray II, por ejemplo, es el más significativo. En este caso si es una falla. Esa zona es toda de alto riesgo y no solo para la gente que estaba abajo.
El Estado no produce nada, ni las municipalidades. Entonces ellos (los promotores individuales) se colocan en donde quieren, ellos empujan y el más débil es el que va cayendo y va quedando.
Las municipalidades son las responsables, pero no hay planes reguladores. Toda municipalidad debe tener un plan de ordenamiento territorial y establecer los planes reguladores en los cuales se defina las áreas de vivienda e industria. Aquí ya no se hace eso.
ALFONSO YURRITA
