POR C. PALACIOS Y M. HERNÁNDEZ
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El Organismo Judicial es, por naturaleza, un pilar para el Estado de Derecho, pero atraviesa diversas carencias que van desde lo económico hasta lo normativo, lo que favorecen la impunidad, corrupción y violencia en el país. Analistas consideran que se requieren reformas legales urgentes, pero también garantías de financiamiento para la institución clave en la impartición de justicia.
El Organismo Judicial (OJ) enfrenta diversos obstáculos para impartir justicia de forma pronta y cumplida, enfatiza Gerson Sotomayor, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG). Entre los elementos fundamentales destaca la ausencia de un sistema que propicie la carrera judicial y la falta de independencia de jueces y magistrados al momento de impartir justicia, provocada no solo por actos de corrupción, sino también por poderes fácticos.
La impartición de justicia en el OJ también presenta problemas administrativos y de alcance, por la centralización de los juzgados. Según datos del Organismo Judicial, de 545 juzgados, tribunales y salas que funcionan en el país, el 39% funciona en las cabeceras departamentales -que representan el 7% de municipios-, mientras el 61 por ciento de juzgados debe atender el 93% de municipios restantes del país.
Desde la perspectiva de la fiscal, Tamara De León, encargada de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP), la impartición de justicia del OJ también se ve afectada por la dificultad para juzgar a los funcionarios del mismo OJ, un aspecto fundamental para depurar a la institución.
Para poder abrir proceso penal contra un juzgador, primero debe presentarse una solicitud de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberá conformar una comisión pesquisidora que decida si la acusación está fundada y si recomienda retirar el derecho de antejuicio al funcionario. En caso de intentar abrir proceso contra un magistrado o contra el presidente del Organismo Judicial, la solicitud se presenta en el Congreso.
Si bien el objetivo de La Ley de Antejuicio es proteger los cargos de acusaciones maliciosas cimentadas en razones políticas que nada tengan que ver con el actuar de un funcionario, también puede representar una herramienta para los jueces que son puestos sobre aviso antes de una investigación que debe realizar uno de sus colegas.
Cuando existen indicios suficientes de un mal actuar, el proceso para investigar un funcionario puede extenderse por el derecho de antejuicio y ser entorpecido por la posición privilegiada del acusado.
REFORMAS URGENTES
Para resolver algunos de los problemas de la impartición de justicia, el analista Sotomayor destaca la necesidad de aplicar reformar en la Ley de la Carrera Judicial. Entre los considerandos de esta ley se postula que “la Ley de la Carrera Judicial está inspirada en principios éticos, buscando la probidad del sistema en su conjunto y en especial erradicar la impunidad y la corrupción, con lo cual se persigue la pronta y eficaz administración de justicia, garantizar el libre acceso a la misma y en lo que corresponde al Organismo Judicial, procurar la estabilidad y credibilidad en las personas encargadas de aplicarlas.”
Hasta la fecha, la carrera judicial es regulada por una Ley que permite que los jueces sean asignados en cualquier juzgado, independientemente de su especialidad y no establece parámetros claros en cuanto a la supervisión de su trabajo.
La iniciativa de reforma de la Ley de la Carrera Judicial fue presentada ante el Congreso de la República el primero de julio del año en curso. El documento recoge los temas discutidos en la mesa técnica integrada para este propósito por la CICIG, el MP, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, instituciones civiles y asociaciones de jueces y magistrados.
Sin embargo, otra iniciativa, que fue planteada de forma independiente por la Corte Suprema de Justicia discrepa en puntos medulares con algunos cambios discutidos por la mesa de la que también forma parte. Entre los cambios que obvió la CSJ está la supresión de sus funciones administrativas, las cuales pasarían a estar en manos del Consejo de la Carrera Judicial, cuya integración sería multidisciplinaria e incluiría a un experto en Recursos Humanos, Administración de Empresas y Pedagogía.
Oswaldo Samayoa, analista independiente, considera importante que la CSJ asuma únicamente funciones jurisdiccionales, para asegurar que el ente contralor de jueces y magistrados sea independiente. “Si yo, por ejemplo, ingreso al Organismo Judicial, debería estar sujeto a los controles del organismo en materia disciplinaria, que es el Consejo de la Carrera Judicial. El problema es que estos mecanismos de control están actualmente manejados por el Presidente de la CSJ, entonces no le dan ninguna independencia, ni imparcialidad a estos mecanismos y pueden, incluso, convertirse en un método de persecución contra el juez que quisiera”, explicó el experto.
Para Gerson Sotomayor, es necesario garantizar que los operadores de justicia asciendan en la carrera judicial con base en su actuación desde que son jueces de paz y no solamente por postulación y concurso de oposición.
EVALUACIÓN ES DETERMINANTE
Para Samayoa es imprescindible el fortalecimiento de la Carrera Judicial. “Si lo que buscamos son jueces independientes, necesitamos evaluar su sistema de elección y nombramiento. Este control, que debiera mantener un Consejo de la Carrera Judicial independiente, debe fortalecerse desde la selección de los jueces que ingresarán a la Carrera Judicial y, además, tomar en cuenta aspectos como formación y capacitación continua, evaluación del desempeño, traslados y ascensos y el régimen disciplinario, cuya normativa no ha cambiado desde hace 16 años”, indicó
Según el informe del Proceso de elección de magistrados a la CSJ y Cortes de Apelaciones y otros Tribunales, realizado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2009, la tipificación de las faltas a la disciplina del OJ es incompleta, pues no contempla faltas y prohibiciones de otras leyes y la formación de los cuerpos disciplinarios es determinada por sorteo, mecánica que la CICIG encontró deficiente por evidenciar la falta de un criterio de selección de la junta que exija conocimientos en materia disciplinaria o alguna característica necesaria.
La CICIG también encontró problemas en el registro y clasificación de las denuncias que debían corresponder a la Junta Disciplinaria pero en cuyo registro encontraron procesos abiertos por situaciones no disciplinarias o que no constituyen quejas contra el personal juzgador sino simples peticiones.
MORA JUDICIAL
La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, indicó que la mora judicial de ese ente investigador asciende a 1 millón 418 mil 232 casos, lo que tiene una incidencia en el OJ.
Aldana indicó que el tema implica impunidad, ya que millones de personas esperan que se haga justicia, lo que se hace difícil teniendo en cuenta la cantidad de personal con que se cuenta.
En octubre del año pasado, La Hora reportó que uno de los proyectos impulsados por la Cámara Penal del OJ durante la presidencia del magistrado César Barrientos para acabar con la mora judicial en los juzgados de ejecución, finalizó en base a un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia.
El acuerdo 23-2013, que buscaba la liquidación de cerca de 300 mil expedientes relacionados a la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales en materia penal, fue reformado por uno nuevo emitido por la Corte Suprema de Justicia, el cual establecía que los juzgadores dedicados específicamente a esta liquidación regresarán a sus funciones normales y conocerán nuevos procesos.
El acuerdo que se firmó durante la gestión de Barrientos establecía que cuatro de los seis jueces de ejecución, quienes conocen procesos relacionados al cumplimiento de las penas y solicitudes de reos, dedicarían su función únicamente a liquidar todos los expedientes ingresados hasta el 31 de diciembre del 2011. Según el documento, dos jueces nuevos conocerían los procesos que hubieran ingresado en fechas posteriores.
De acuerdo con una jueza a cargo de esta liquidación, luego de la muerte del magistrado Barrientos, el proyecto –que además impulsaba la modernización y agilización de los procesos de ejecución de penas– fue abandonado sin que se lograran los avances esperados.
FALTA DE RECURSOS
Samayoa también cree que el fortalecimiento del Organismo Judicial debe pasar por contar con un presupuesto que permita satisfacer la demanda de justicia.
La justicia no tiene fondos para ampliar sus instalaciones o construir nuevos órganos jurisdiccionales, porque los recursos que recibe apenas es suficiente para su funcionamiento. El último año el Poder Judicial ha luchado para sobrevivir con un presupuesto limitado, luego de que el Congreso le redujera su asignación.
Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) aún no ha dado respuesta a la solicitud de ampliación presupuestaria realizada por la Presidencia del OJ hace más de un mes, cuando, Josué Baquiax, el titular de dicha institución, informó que contaban con fondos limitados. El déficit presupuestario asciende a Q650 millones para cubrir el último trimestre.
Samayoa indicó que la debilidad económica del sistema judicial garantiza impunidad para quienes en este momento temen ser perseguidos por actos de corrupción.
El magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina en su discurso, luego de ser juramentado en el Congreso como presidente del OJ para el periodo 2015-2016, pidió a los diputados aprobar una ampliación presupuestaria dentro del gasto público a ejecutarse el próximo año.
Según el togado, el techo presupuestario servirá para cumplir con las asignaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además para los gastos de funcionamiento y el pago de salarios de los empleados y funcionarios judiciales. El aludido recordó a los legisladores la importante labor que tiene el OJ en la justicia ciudadana.
ESFUERZO INSTITUCIONAL
Por su lado Ángel Pineda, vocero del OJ comenta que se han articulado varios esfuerzos para mejorar la impartición de justicia. Este 18 de septiembre presentaron la impresión del informe de labores anuales del sector justicia. Pineda declara que se enfocaron en varios ejes, uno en el área administrativa, otro de transparencia y en el área institucional, ejes que responden a las problemáticas del sistema judicial.
En cuanto a la falta de órganos jurisdiccionales influye también la falta de presupuesto que no ha llenado los requerimientos pero que el OJ intenta suplir con una política de contención de gastos.
DISTRIBUCIÓN DE JUZGADOS
545
Juzgados
39%
De juzgados funcionan en las cabeceras 7% en municipios
61%
de juzgados debe atender el 93% de municipios restantes del país
LA MORA JUDICIAL
1,418,232
Casos representan la mora judicial
DÉFICIT EN EL OJ
Q650,000,000
El déficit presupuestario del último trimestre
