POR VIRGINIA CONTRERAS
vcontreras@lahora.com.gt
En Guatemala el sector inmobiliario crece cada año con el aumento de la demanda de vivienda, pero no se garantiza que éstas sean dignas ni seguras para la población, ya que de acuerdo a la Asociación Centroamericana de la Vivienda (Acenvi), cerca de 1 millón 600 mil residencias en el país no son adecuadas y debido a ello, pueden causar efectos nocivos en la salud, educación y bienestar de las personas. Además, es evidente la falta de ordenamiento territorial puesto que son recurrentes las urbanizaciones en áreas de riesgo.
La tragedia que se suscitó el pasado 1 de octubre en la aldea El Cambray II, en Santa Catarina Pinula, cuando ocurrió un deslizamiento de tierra que soterró a decenas de viviendas y causó la muerte de más de doscientas personas, puso en evidencia el descontrol territorial que existe en el país y cómo la falta de supervisión de las comunas, junto con la corrupción, se unen a la necesidad de la población de adquirir una vivienda, sin importar si ésta se encuentra en una zona de riesgo.
Eventos similares han ocurrido en otras áreas, pese a que en febrero de 2012 fue publicado el Decreto No. 9-2012, Ley de Vivienda, con el objetivo general de establecer las bases institucionales, técnicas, sociales y financieras, que permitieran a las familias el acceso a una vivienda digna, adecuada y saludable, con equipamiento y servicios.
Pero la pobreza aunada a la poca voluntad política, ha hecho que en los últimos años hayan aumentado las barriadas populares en la ciudad y los municipios cercanos, proliferando los asentamientos humanos.
Según el estudio “Lineamientos para la priorización de intervenciones, que permitan reducir el déficit habitacional”, del Viceministerio de Vivienda del Ministerio de Comunicaciones (CIV) y del Fideicomiso para el Desarrollo Local en Guatemala (FDLG), el déficit habitacional total se concentra en las regiones de Petén, Huehuetenango y Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Suchitepéquez y Retalhuleu, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, así como en los departamentos de Chimaltenango y Chiquimula. El estudio no registra el departamento de Guatemala, a pesar que la Conred identificó al menos 300 mil personas que habitan en puntos de riesgo.
Asimismo, señala que el 51% de los hogares deficitarios se encuentra en rango muy alto y 21% en alta prioridad e indica que las viviendas de mala calidad están constituidas por las casas formales y los apartamentos urbanos o rurales que tienen paredes de bahareque, lepa, palo o caña; techos de paja, palma o similar; y piso de tierra; puesto que estos materiales de construcción están relacionados con enfermedades como el mal de Chagas y otras afecciones infecciosas, tanto gastrointestinales como respiratorias.
Del mismo modo, en el departamento de Guatemala el panorama del desorden territorial debería haber cambiado con la entrada en vigencia en el 2010 del Plan de Ordenamiento Territorial, con el cual se pretendía mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la utilización racional del territorio acorde a su mejor potencial.
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
De acuerdo con la Municipalidad de Guatemala, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es la herramienta de planificación mandada por el Código Municipal para que los municipios puedan cumplir con la función de ordenación del territorio que la Constitución les asigna.
El objetivo de este es mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante la utilización racional del territorio acorde a su mejor potencial, proveyendo claridad y transparencia en la información, agilidad en la aprobación de proyectos, certeza para los vecinos inversionistas y protección de los intereses de vecinos residenciales.
Empero, tal como lo indicó Hugo Fernando Gómez, subsecretario de planificación y ordenamiento territorial de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), a la fecha, solo Quetzaltenango y la ciudad capital cuentan con un plan y su respectivo reglamento, mientras el desorden en el resto de los departamentos es evidente.
Según el funcionario, recientemente se instaló una mesa interinstitucional donde participaron entidades del Ejecutivo y descentralizadas que tienen que ver con la gestión del territorio para hacerles ver que dentro del marco legal, cada municipio debe contar con un plan y un reglamento.
Esto no solo para definir los criterios de ocupación sino el enfoque de protección a la vida de los habitantes, que comprende la conservación del medio ambiente, la implementación de un modelo sostenible para el crecimiento ordenado a partir de los cascos urbanos y la articulación entre otras políticas como la vivienda y otros servicios públicos que debe garantizar el poder local.
“Debemos pasar de la voluntad a tener una ley que obligue a las autoridades de las principales ciudades a tener un plan de ordenamiento territorial en el mediano plazo. Por la coyuntura, este es el momento idóneo para retomar la discusión”, dijo Gómez.
No obstante, algunos estiman que debido a que el POT es una figura establecida en 2010, prácticamente es un ensayo para muchos municipios.
POT: UN ENSAYO
El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Isaías Martínez, refirió que debido a que el plan de ordenamiento territorial es una figura bastante nueva, implementado por primera vez en el Código Municipal del año 2010, a la fecha no deja de ser un ensayo para muchos municipios.
De acuerdo con Martínez, influye en este asunto el hecho que el Estado no tenga una política pública encaminada al plan de viviendas, lo que contribuye a que en la mayoría de municipios no esté funcionando el POT.
El presidente destacó que de la tragedia suscitada en El Cambray II, se impondrá a las nuevas autoridades ediles el establecimiento de controles y compromisos para evitar futuros inconvenientes.
“Entre todo lo malo y lo triste salen situaciones positivas y justo ahora que están por iniciar nuevas autoridades locales surge la oportunidad propicia para realizar los ordenamientos como debe ser, por medio de controles y compromisos, con la ayuda de otras instancias”, explicó.
Por otro lado, se realizó una exploración sobre las opciones que existen en el mercado para adquirir un techo.
LEY DE INTERÉS PREFERENCIAL
Pelayo Llarena, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) indicó que la entidad a la que representa está promoviendo en el Congreso una ley de tasa de interés preferencial, con el objetivo de que la compra de la vivienda pueda tener un interés menor a los préstamos normales de los bancos, la cual es utilizada en países desarrollados como Colombia y Panamá.
Llarena explicó que esta tasa de interés reduciría al menos en un 30% los pagos a la vivienda, pero aclaró que se necesita de un empleo formal para poder tener acceso a este beneficio.
El funcionario considera que los proyectos de vivienda financiados por el Estado son un fracaso debido al historial que se ha manejado en el pasado, tal fue el caso del Banco de la Vivienda (Banvi), en donde indicó, los fondos se perdieron y no cumplieron con su finalidad.
“Ese tipo de proyectos no funcionan, ya que han sido utilizados en el pasado con el Banvi y han fracasado. El gobierno no es un ejecutor, sino un administrador de recursos públicos y un facilitador de los servicios que un Estado debe de proveer”, dijo.
En este sentido, cabe agregar que datos del Ministerio de Finanzas Públicas y el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin), refieren que en los últimos 10 años, el Fopavi y el extinto Fondo Guatemalteco de Vivienda (Foguavi), cerrado por prestarse a acciones clientelares, ha recibido más de Q4 mil 200 millones.
En el 2005, el Fondo creado con el objeto de otorgar subsidio directo y facilitar el acceso al crédito a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema que carecen de una solución habitacional adecuada, recibió Q316 millones 715 mil 917.
En 2006 y 2007, Q485 millones 226 mil 637 equivalente al 14% del Presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi); en 2008, le fue asignado un techo de Q339 millones 606 mil 886; y, en el 2009 y 2010, recibió Q205 millones 320 mil 015.
Los datos oficiales agregan que en 2011, al Fopavi se le asignó Q389 millones 144 mil 317; en 2012, Q448 millones 543 mil 832; en 2013 y 2014, Q457 millones 985 mil 795; y, para el 2015, Q459 millones 489 mil 840, respectivamente.
Al día de hoy nadie da cuenta de cómo se han gastado esos miles de millones.
ALTERNATIVA HABITACIONAL
A decir de Mildred Espinoza, gerente general de Empower Business Latin America (EBLA), se requieren de varias alternativas para abordar el tema de déficit habitacional, en donde la vivienda puede ser una herramienta para erradicar la pobreza, ya que a través de la construcción de la misma se pueden generar empleos.
Espinoza explicó que la alternativa que EBLA propone es una casa fabricada a base de paneles de trigo comprimido y acero galvanizado como materia prima, diseñada para soportar terremotos, ciclones y huracanes.
“Nos proyectamos como una empresa de empoderamiento para las comunidades, como catalizadores del cambio que permita a las familias el acceso a viviendas más dignas”, acotó.
A criterio de la entrevistada, dentro de los factores que llevan a las personas a residir incluso en zonas de riesgo oscilan entre la accesibilidad del transporte hasta el precio económico que pueden pagar, dado que la adquisición de una residencia en toda Latinoamérica es un tema muy costoso, por lo que considera, es necesario desarrollar programas que estén guiados a los más vulnerables.
De igual manera opinó Luis Samayoa, director de la organización Hábitat para la Humanidad Guatemala, ya que señaló que para hacer frente a esta situación se requiere generar un proyecto de certeza jurídica de la propiedad. Además, desarrollar un plan de fomento a la vivienda de interés social que integre una serie de estudios demográficos y topográficos, para evitar o disminuir la magnitud de los incidentes producidos por fenómenos como lluvias o deslizamientos.
GOBIERNOS SIN VISIÓN POPULAR
Para el investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Edgar Balsells, el resultado de que no existan proyectos acordes para la vivienda social se debe a la falta de propuestas de los gobiernos que no han tenido esa visión.
Balsells difirió sobre la propuesta de Llerena, debido a que señaló que el 70% de la población económicamente activa pertenece al sector informal. Además porque expresó que muchas de las personas que residían en el lugar de la tragedia eran inmigrantes del campo quienes habían llegado a la ciudad en busca de un futuro mejor.
El analista destacó que la solución inmediata para atacar este problema se encuentra en elegir gobiernos que tengan visión popular, así como que el Estado provea los terrenos para la construcción de los hogares, en donde exista una convivencia de la clase alta, media y baja en los mismos barrios, como en otras partes del mundo, con el objetivo de evitar la segregación.
