POR MIRIAM HERNÁNDEZ
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El juzgado B de Mayor Riesgo, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, dictó una orden de arraigo contra 50 empresarios y representantes legales de empresas presuntamente implicadas en el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), fue la dependencia que solicitó la orden de arraigo. El fiscal, Rolando Contreras, a cargo de presentar la solicitud, índico que los 50 empresarios están plenamente identificados. Varios son de origen asiático.
La fiscalía consideró necesario solicitar el arraigo de los sindicados por existir riesgo de fuga.
Según el fiscal, los empresarios identificados son un aproximado de 350, pero por sobrecargo de la judicatura se decidió separarlos por grupos aleatorios.
Además, se informó que se girarán órdenes de captura solo para quienes no se presenten a las citaciones.
Entre las 50 personas arraigadas hay desde comerciantes pequeños y medianos empresarios hasta importadores y representantes legales. Al ser consultado por periodistas, el fiscal declaró no conocer hasta el momento implicación de miembros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
Por su parte la Fiscal General, Thelma Aldana, confirmó a periodistas sobre el arraigo de los 50 importadores que pudieron haberse beneficiado evadiendo impuestos a través de la estructura de defraudación.
La semana pasada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), solicitó al juzgado B de Mayor Riesgo, citar a los 50 empresarios para que declaren sobre el caso.
Hasta el momento se suman aproximadamente 91 personas llevadas o citadas ante la justicia por su posible participación en la estructura de defraudación.
