POR VIRGINIA CONTRERAS
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Seis meses han transcurrido desde que las investigaciones realizadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) evidenciaran la participación de altos funcionarios de gobierno en una red de defraudación aduanera, situación que desató una ola de indignación en la ciudadanía y motivó a que se pronunciara en contra de los actos de corrupción mediante un sinnúmero de manifestaciones que buscaban justicia. La población despertó, pidió castigos para los corruptos y exigió modificaciones en el sistema, para que la historia no se repita una vez más.
El 16 de abril salieron a luz los actos de corrupción que se venían dando entre trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y altos funcionarios de gobierno, junto a particulares y empresarios, acontecimientos que llevaron al pueblo a pedir la renuncia de ambos gobernantes, logrando en primera instancia, que la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, dimitiera de su cargo. Las protestas continuaron para exigir la destitución del mandatario Otto Pérez Molina y cada vez con más fuerza, luego de que las investigaciones que realizara el MP lo vincularan al caso.
Estos sucesos sumergieron al país en una crisis política que lo impulsó a exigir reformas en las leyes de Servicio Civil, de la Carrera Judicial, Contrataciones del Estado y la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), la cual entre otros aspectos fundamentales requiere que el voto nulo sea vinculante, la reelección acotada, la supresión del transfuguismo, restricciones en la manera de hacer proselitismo y mejor control para evitar la propaganda anticipada.
Sin embargo, pese a las demandas del clamor popular, distintos procesos han frenado la oportunidad de que estos cambios se den. Por ejemplo, el aplazamiento por parte del Congreso para que la LEPP fuera aprobada y trasladada a la Corte de Constitucionalidad (CC) y recibiera el visto bueno.
Según señaló la CC, el Legislativo obvió el requisito de que para aprobar las reformas a dicha ley se requería alcanzar la mayoría calificada, o sea 105 votos a favor o en contra, tanto en la primera como en la segunda lectura. Pero resultó que durante la primera lectura realizada el 23 de julio fueron aprobadas dichas reformas con 86 votos, y en segunda lectura, el 31 del mismo mes, se aprobó con 84 votos a favor.
El pasado 1 de octubre, con el aval de 124 diputados, el Congreso aprobó el acuerdo con el que se envió a la Corte de Constitucionalidad (CC), el proyecto con el que se busca reformar la Ley Electoral, y se espera la respuesta de esa entidad.
APLAZAMIENTO DE LAS ELECCIONES
Desde el inicio de este contexto, un grupo de la población que participó en las manifestaciones contra la corrupción, también solicitó el aplazamiento de las elecciones previstas para el 6 de septiembre, lo que finalmente no ocurrió, y dio lugar a una segunda vuelta en la que se definirá la Presidencia entre Jimmy Morales y Sandra Torres.
A criterio de Jorge Santos, director del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), la no postergación de las elecciones podría sumir al país en una crisis aún más profunda, pues las causas que propician la corrupción siguen vigentes.
Además, considera que el partido político y demás miembros de Gabinete que sean elegidos en ellas, pueden ser cuestionados desde el momento en que tomen posesión, ya que fueron electos y nombrados en el marco de un sistema corrupto.
Santos refirió que la ciudadanía requiere que exista una sanción judicial frente a los hechos de corrupción para poder sentar un precedente de justicia alrededor de los casos y que sirva de ejemplo a quienes en un futuro pretendan realizar algo similar.
Añadió que la demanda ciudadana contra la corrupción deberá ir acompañada de una transformación profunda del modelo del Estado guatemalteco y del marco normativo que le da vida al mismo.
El Director señaló que derivado de todos los acontecimientos por los que ha pasado la ciudadanía se ha vuelto impaciente y por lo tanto, de ahora en adelante, habrá más nivel de observación, vigilancia y auditoría social por parte de ésta.
FIN DE LA TOLERANCIA
Renzo Rosal, analista y director de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar, explicó que la impaciencia con la cual cuenta ahora la población terminó siendo un valor fundamental de la democracia, ya que durante mucho tiempo fueron muy permisivos, por lo que en el marco del sistema político actual “el que se haya podido recortar esa paciencia que se tradujo en tolerancia, es un elemento fundamental”.
Rosal destacó que se aprendió que ejercer ciudadanía significa ejercer presión, poner límites, tiempo, regulaciones y auditoría social, palabras que antes solo se escuchaban y que hoy son aprovechadas para demandar acciones concretas y son elementos indispensables en el proceso de cambio social que el país está requiriendo.
El politólogo aseguró que los casos de corrupción como La Línea o IGSS-Pisa no serán los últimos que puedan ser hallados, puesto que indicó no hay país en el mundo que no tenga procesos de corrupción. No obstante, resaltó que en el caso específico de Guatemala esta situación trascendió fuera de control.
CRECIMIENTO DEL EJERCICIO CIUDADANO
Para Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, las experiencias por las que han atravesado los guatemaltecos devino en el crecimiento en el tema del ejercicio ciudadano, ya que aquellos que antes eran alejados o apáticos, ahora se han vuelto participativos, un cambio positivo.
Según Garavito, las protestas se fueron radicalizando debido a que no se logró la propuesta inicial, en donde se exigía la renuncia de los gobernantes, en donde de haber sucedido desde el momento en que se solicitó, el furor se hubiera apaciguado al ver en la práctica que esa exigencia tenía un eco.
El psicólogo refirió que el panorama es difuso en cuanto a que no se tiene la certeza sobre lo que sucederá con los señalamientos y procesos en los que se encuentran las personas que han sido investigadas, si terminarán en una sentencia justa y adecuada conforme a los hechos, así como si el tema del proceso electoral finalizará con alguien idóneo, y no con los mismos políticos que poseen historial, lo que dependerá del futuro inmediato del país.
REPUDIO A LA CORRUPCIÓN
De acuerdo con la socióloga, Margarita Castillo, el futuro del país estará plagiado de un profundo descontento ciudadano, ya que las manifestaciones y las distintas muestras de repudio de la ciudadanía tienen que ver con el hartazgo no solo a la corrupción, sino al abuso, a los excesos de la institucionalidad de los funcionarios públicos, lo que a su criterio pone en grave riesgo la situación de los nuevos gobernantes si no de la propia gobernabilidad.
Castillo declaró que los recientes acontecimientos han servido a los guatemaltecos no solo para tomar acciones sino para tener un posicionamiento político, en donde la ciudadanía es el actor principal de todo este proceso, la cual tiene desconfianza, incluso, del sector empresarial.
La socióloga expresó que a la mínima señal de corrupción en el porvenir, el pueblo estaría dispuesto a seguir pronunciándose en contra, ya que la ciudadanía que ha manifestado en diversas ocasiones en la Plaza de La Constitución, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, no es aquella que ha sido acarreada o ha estado allí bajo alguna condición sino más bien, por convicción.
¿QUÉ DEBE CAMBIAR?
De acuerdo con Santos, los últimos eventos demuestran que la crisis no solo se encuentra en el sistema de partidos políticos, sino más bien está alojada en los tres poderes del Estado, en donde se ha evidenciado que puede generar privilegios, abuso de poder, vacíos para cometer actos delictivos, arbitrariedad y niveles de impunidad muy altos.
En tal sentido, el activista en derechos humanos precisó que debe transformarse de raíz el Estado para que estos fenómenos y estos problemas ya no se sigan dando y para ello, explicó, se debe reconsiderar la profundización de la democracia, la cual tendría que atravesar por un nuevo pacto social que tendría que ser expresado en una nueva Constitución.
En tanto, el Director de Incidencia Política manifestó que aparte de las aprobaciones de las reformas de las leyes anteriormente mencionadas, se necesita implementar la formación de ciudadanía que represente los nuevos valores, tales como reconocer que se debe ser más respetuoso de la ley y no tan tolerantes en los actos fuera de ella.
A decir de Garavito, la actitud ciudadana es algo que debe continuar cambiando, ya que en la medida que ellos se sigan empoderando y exigiendo sus derechos, los cuales indica están claramente establecidos en la Constitución, es como se lleva a cabo el Estado de Derecho, para que de esta manera funcione para todos y no solo para quienes han tenido el poder.
Por otro lado, ante la interrogante, Castillo opinó que para cambiar el sistema, los diputados que aún se encuentran dentro del gobierno deben renunciar como lo hicieran en su momento los ministros “que aunque sea muy tarde, ya no le siguieron haciendo la comparsa a este gobierno”, pese a que según ella, los funcionarios no tenían ninguna decisión sustantiva en modificar la situación del Presidente.
Renzo Rosal destacó que se aprendió que ejercer ciudadanía significa ejercer presión, poner límites, tiempo, regulaciones y auditoría social, palabras que antes solo se escuchaban y que hoy son aprovechadas para demandar acciones concretas y son elementos indispensables en el proceso de cambio social que el país está requiriendo.
Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, refirió que el panorama es difuso en cuanto a que no se tiene la certeza sobre lo que sucederá con los señalamientos y procesos en los que se encuentran las personas que han sido investigadas, si terminarán en una sentencia justa y adecuada conforme a los hechos, así como si el tema del proceso electoral finalizará con alguien idóneo y no con los mismos políticos que poseen historial, lo que dependerá del futuro inmediato del país.
