POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Sectores prevén recorte en monto solicitado por Obama
El plan que surgió en los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica para buscar solución a la llamada crisis de los niños migrantes en Estados Unidos y que ofrece grandes inversiones monetarias para promover el desarrollo humano, el crecimiento económico y la seguridad en la región, podría ser boicoteado por el Congreso norteamericano, dominado por los republicanos, quienes exigen mayores garantías de transparencia para la concesión de los fondos, especialmente en Guatemala, inmersa en una crisis política en los últimos meses por constantes actos de corrupción en el Gobierno.
Esto opinan el canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales, el presidente del CACIF, Jorge Briz, la secretaria ejecutiva de Conamigua, Alejandra Gordillo además de dos representantes de organizaciones que velan por los derechos de los connacionales que entran indocumentados a territorio estadounidense, quienes también temen una drástica disminución en la cifra solicitada por el presidente Barack Obama a su aparato legislativo para financiar la ambiciosa iniciativa.
A pesar que la votación definitiva sobre este proyecto presupuestario no se espera hasta finales de este año, los entrevistados coinciden en que las autoridades de Guatemala deben abanderar ya junto con sus homólogos de Honduras y El Salvador, el compromiso de realizar los cambios legales que sean posibles para la transformación de los sistemas político, económico y social de los países participantes como una muestra de confianza a Washington y para que apruebe sin cuestionamientos el paquete de ayuda de US$1 mil millones.
ES LA ÚNICA OPCIÓN
En septiembre de 2014 los presidentes de los países que integran el llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), elaboraron el documento «Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte». Este proyecto presenta las líneas estratégicas de acción que los gobernantes suponen serán la respuesta para contener la masiva migración de indocumentados a Estados Unidos, principalmente los miles de menores solos detenidos en las fronteras ese año.
En el financiamiento del plan participarán Estados Unidos, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Banco Mundial, entre otros actores internacionales, sumados a los recursos que los gobiernos del norte de Centroamérica se comprometen a aportar.
Se espera que en los próximos meses, el Congreso estadounidense apruebe US$1 mil millones, en el presupuesto del año fiscal que inicia en octubre. El plan tiene una duración de cinco años.
Para el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales, aunque el presupuesto requerido para la alianza actualmente está siendo estudiada por los congresistas estadounidenses, la expectativa es que habrá un recorte al monto solicitado por el líder de la Casa Blanca, Barack Obama, y al final la asistencia de EE. UU. quede reducida a 700 millones de dólares y estableciéndose también ciertas condiciones para la concesión de los fondos.
Aún así, el funcionario asegura que el Plan de la Alianza no depende estrictamente de los recursos que el Congreso de EE. UU. pueda aprobar sino también del dinero que los propios países quieran invertir, ya que es un programa pensado por los Estados de la región con el apoyo del BID y que ya se tiene en los presupuestos de los tres países más de US$2.8 millardos destinados para el efecto.
«El Plan es la única opción que tiene Guatemala porque lo que busca es el desarrollo económico de manera que las personas encuentren un empleo digno y bien pagado en sus países de origen para que no se vean en la necesidad de migrar a otra nación. Pero hay que dejar claro también que por cada dólar que aportará el Gobierno de EE. UU., la región estaría aportando cuatro dólares», aclara el entrevistado.
Sin embargo, Morales reconoce que la suerte del plan de ayuda sí podría valerse de la capacidad de los gobiernos de usar el dinero de forma transparente y eficiente, lo cual ha sido el centro de las discusiones desde el inicio. En otras palabras, que la corrupción y la falta de transparencia han sido temas de preocupación en el Congreso del vecino país. En Guatemala, los iniciales esfuerzos de una reforma al sector justicia, un elemento vital contra la corrupción y la impunidad, fue boicoteado desde el Estado y comunicado a Iván Velásquez por el mismo Canciller.
Ahora, tras los recientes casos de corrupción gubernamentales develados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- y el Ministerio Público, el Canciller dice la importancia de que los diversos sectores sociales del país apoyen el diálogo que promueve actualmente el Gobierno para tratar asuntos sobre el combate a la corrupción y la impunidad para el fortalecimiento de la institucionalidad pública.
«Para que la corrupción sea disminuida necesitamos un Estado fuerte, con un servicio civil público profesional ya que la corrupción se da porque los empleados públicos lamentablemente no hacen carrera en la administración y entonces quienes llegan a ocupar después los puestos en el Gobierno casi siempre son personas con afinidades políticas o que son colocados por los compromisos en campaña de los partidos, pero que no conocen el Estado», agrega.
Finalmente, el diplomático anuncia que se pretende proponer con sus homólogos centroamericanos, la creación de un Consejo integrado por distintos actores como el Embajador de EE. UU. en cada país, USAID, representantes del gobierno, el sector privado y la sociedad civil para que de manera transparente se ejecuten los recursos y se priorice la inversión en los territorios que registren más migraciones.
«El Plan de la Alianza es un proyecto con resultados que se darán en el mediano y largo plazo, igual que el plan Colombia, cuyos primeros resultados se vieron 15 años después de iniciar su implementación. El mecanismo de ejecución que proponemos para que sea más ágil, es un Consejo Administrativo integrado en cada país para que sea imposible robarse un solo centavo», finaliza Morales.
NO ES LA SOLUCIÓN
Por el lado del sector privado, Jorge Briz, jefe del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, pone el dedo en parte de la llaga argumentando que si bien la ayuda estadounidense es clave, la misma no llegará así de fácil si persiste la corrupción y la entronización de los grupos de poder paralelos en el Estado, que según los críticos, están a la espera de «aprovechar» las dádivas de Washington.
En ese contexto, el líder de la cúpula empresarial insiste en que el dinero «no es la única respuesta» para atacar problemas como la pobreza y la violencia que cada día más se intensifican en Guatemala, pero si es necesario que la ayuda internacional se gestione «de forma cuidadosa y adecuada» para que la misma ofrecida por el gobierno de Obama, no agrave más los problemas.
«La evidencia reciente muestra que cuando se brinda ayuda externa a países con problemas estructurales como los de Guatemala, estos pueden agravarse. Si ese es uno de los principios que rige el plan, hay que dar por sentado que las causas que originan la migración hacia Estados Unidos, seguirán presentes y la constante salida de miles de guatemaltecos persistirá», explica Briz.
Y sigue su intervención, planteando dos escenarios: «En el mejor escenario, la propuesta de Washington es un desperdicio de dinero. En el peor, dar mil millones a gobiernos con lúgubres historiales de transparencia y derechos humanos empoderará a políticos corruptos en detrimento de las personas a las que se pretende ayudar».
Según el citado, para que existan reales garantías de transparencia en el Estado para la eficiente inversión de los recursos que se tienen proyectados dentro del PAP, son esenciales una serie de propuestas de reformas legales atendiendo el clamor ciudadano que demanda una transformación en el sistema político, económico y social del país, ya que forma parte de los últimos compromisos con Estados Unidos.
«En resumen, primero hay que limpiar la casa para que el próximo gobierno reciba instituciones y procesos que logren la transparencia en el gasto público con resultados concretos en áreas tan importantes para el desarrollo como la seguridad, la salud, educación, infraestructura y empleo. Guatemala ha mandado un mensaje muy claro que ya no soportamos a más autoridades corruptas y demanda soluciones concretas para mejorar la administración pública», puntualiza el representante del CACIF.
EL FACTOR CLAVE
A inicios de octubre, el vicepresidente Alfonso Fuentes Soria, dio a conocer que en su visita a Nueva York, EE. UU., donde participó en el 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), constató el interés de la cooperación internacional para desarrollar el plan que está orientado hacia la creación de oportunidades, el fortalecimiento del capital humano, el mejoramiento de la gobernabilidad y la seguridad del Istmo.
Alejandra Gordillo, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, Conamigua, coincide con la visión del vicemandatario y menciona que en seno del Congreso de EE. UU., hay expectativa sobre los cambios que se den en el sistema del país pues ya «sea en letra o en espíritu», la nación norteamericana siempre establece condiciones para la ayuda que pueda brindar.
Además, admite que si bien el plan está en el proceso de negociaciones, cuenta con información privilegiada que entre los legisladores ya se escuchan voces señalando los constantes problemas de corrupción en Centroamérica como argumento para boicotear la iniciativa.
«La corrupción es la razón más fuerte que tiene el Congreso para no aprobar aún los recursos destinados para el Plan. Este tema ha incidido mucho en la resistencia de los congresistas por lo que se debe empezar a mostrar que existe un trabajo y un compromiso conjunto del sector privado, el gobierno y la sociedad civil para que los legisladores respalden este proyecto», subraya la responsable de la entidad.
UNA OPORTUNIDAD
Luego de la salida del Gobierno de Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y otros funcionarios, quienes han sido procesados por denuncias de corrupción en su contra, Julio Villaseñor, del grupo SOS Inmigration International, expone firmemente que el Plan de la Alianza para la Prosperidad sigue una alternativa para Guatemala, pues la experiencia de los últimos meses en el país le da una nueva faceta a lo que primariamente se pensaba que sería un factor negativo para que los estadounidenses se decidieran a autorizar un presupuesto para este plan.
Villaseñor declara que en la actualidad, Guatemala demuestra que está lista, como sociedad, a fiscalizar los recursos que se pudieran asignar, aunque también está consciente de que hace falta más voluntad política del Congreso norteamericano para frenar la migración ilegal de las personas, sobre todo de los jóvenes, quienes al no tener oportunidades se ven obligados a abandonar su país de origen.
«Obama no tiene por ahora ninguna oportunidad de lograr que ese plan se dé o se materialice en su período presidencial, dado a la conformación política del Congreso en sus dos Cámaras. Recordemos que si ellos aprueban el plan, el crédito políticamente hablando se lo lleva Obama. Y eso es malo, malísimo, para los republicanos ya que ellos son amos y señores de las dos Cámaras», expresa Villaseñor.
El experto también hace referencia del apoyo del partido demócrata para consolidar la ayuda y es, añade que es cuestión de seguir la labor de cabildeo con el partido republicano para que los fondos terminen de ser una realidad, ya que a su criterio, resulta más económico combatir el problema de raíz que construir un gran muro en la frontera sur.
«Se necesitará también ver más aires con remolino en Honduras y El Salvador para convencer a los congresistas a dar el visto bueno a dicho plan… que ellos también van por el saneamiento de las anquilosadas y corruptas prácticas políticas de piñatización de los recursos públicos», culmina.
CONTROL EMPRESARIAL Y MIGRATORIO
Aunque en el discurso público de las partes interesadas prevalece que el multimillonario plan es para contener la masiva migración y las causas que la provocan, en el fondo este plan no es más que un proyecto que tiene como prioridad el control migratorio, mediante la verticalización de la frontera estadounidense así como el impulso y consolidación de grandes inversiones privadas, a decir de Pedro Pablo Solares, director de Puente Norte, organización que brinda consultoría en Migraciones.
«Es conveniente cuestionar si alguna vez ha sido una buena alternativa para Guatemala. Desde su concepción, el Plan Alianza Para la Prosperidad (PAPP) es una iniciativa que despertó muchas dudas sobre si respondería a los propósitos para los que fue propuesto», cuestiona el directivo.
Por lo tanto, en palabras de Solares, se puede concluir que el Plan de la Alianza para la Prosperidad tiende a convertirse en un nuevo proyecto inversionista de carácter privado, que consolidaría a los grupos económicos más fuertes, y que puede conducir a nuevas oleadas de migrantes, tal como ha ocurrido de manera creciente en los últimos años.
«El plan inicial de mil millones de dólares será reducido, y las partes que subsistan, podrían ser las relacionadas con la seguridad, que no es la causa principal de emigración en Guatemala. Si los fondos del plan se destinan a seguridad, o a competitividad empresarial en sectores alejados de las aldeas de occidente, la emigración lejos de disminuir, continuará en la tendencia de ascenso sostenido que muestra desde hace ya varias décadas», opina.
El titular de la entidad afirma que entre los mínimos requeridos se encuentra redirigir la inversión pública a las regiones donde se concentra la mayoría de la pobreza y población indígena y para eso se requiere que no se responda exclusivamente a intereses de grupos de poder económico y este a su consideración, es uno de los grandes desafíos, que bajo las actuales circunstancias no parece que se resolverá en el corto ni largo plazo.
«Habría que canalizar los fondos hacia la creación e implementación de programas locales de desarrollo en los municipios que generan mayores flujos de emigración, en particular en municipios del norte de Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Quetzaltenango y Totonicapán», justifica Solares.
«El Plan es la única opción que tiene Guatemala porque lo que busca es el desarrollo económico de manera que las personas encuentren un empleo digno y bien pagado en sus países de origen para que no se vean en la necesidad de migrar a otra nación. Pero hay que dejar claro también que por cada dólar que aportará el Gobierno de EE. UU., la región estaría aportando cuatro dólares».
Carlos Morales
Canciller
«La evidencia reciente muestra que cuando se brinda ayuda externa a países con problemas estructurales como los de Guatemala, estos pueden agravarse. Si ese es uno de los principios que rige el Plan, hay que dar por sentado que las causas que originan la migración hacia Estados Unidos, seguirán presentes y la constante salida de miles de guatemaltecos persistirá».
Jorge Briz
CACIF
«La corrupción es la razón más fuerte que tiene el Congreso para no aprobar aún los recursos destinados para el Plan. Este tema ha incidido mucho en la resistencia de los congresistas por lo que se debe empezar a mostrar que existe un trabajo y un compromiso conjunto del sector privado, el gobierno y la sociedad civil para que los legisladores respalden este proyecto».
Alejandra Gordillo
CONAMIGUA
«El plan inicial de mil millones de dólares será reducido, y las partes que subsistan, podrían ser las relacionadas con la seguridad, que no es la causa principal de emigración en Guatemala. Si los fondos del plan se destinan a seguridad, o a competitividad empresarial en sectores alejados de las aldeas de occidente, la emigración lejos de disminuir, continuará en la tendencia de ascenso sostenido que muestra desde hace ya varias décadas».
Pablo Solares
Puente Norte
