POR MIRIAM HERNÁNDEZ
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El Juzgado B de Mayor Riesgo recibió la solicitud del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para citar a 50 personas –entre los que se encuentran importadores, agentes aduaneros y pequeños comerciantes– y que rindan declaración y determinar su posible vinculación con la estructura criminal de defraudación aduanera conocida como “La Línea”.
Sin embargo, la sobrecarga de trabajo en esa judicatura limita su capacidad para cumplir con el requerimiento, por lo que el juzgado aún no define cuando se llevarán a cabo dichas audiencias ni las audiencias de etapa intermedia del Caso “La Línea”, que involucran a exfuncionarios como Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías.
Además del trabajo que exige el Caso “La Línea”, producto de las investigaciones de la CICIG y el MP, el Juzgado B de Mayor Riesgo se encuentra sobrecargado por la falta de actividad en el juzgado A de Mayor Riesgo.
La jueza extitular de dicho juzgado, Carol Patricia Flores mantenía una disputa con la CICIG y por eso se inhibía de conocer los casos en los que tenía participación es institución.
Recientemente fue trasladada a una judicatura ordinaria luego de que un informe de la Supervisión de Tribunales, presentado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), concluía en que la jueza había dejado de impartir justicia pronta y cumplida por excusarse de conocer varios casos, por lo que la Corte decidió trasladarla a un juzgado ordinario.
Carol Patricia Flores se excusó de conocer siete casos relacionados a la CICIG, quedando aún en lista para ser atendidos otros 53 expedientes con la misma característica.
Un informe de la Supervisión de Tribunales, presentado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), concluía en que por tales hechos, la jueza había dejado de impartir justicia pronta y cumplida.
SOLICITUD DE ANTEJUICIO
El 30 de julio del presente año, la CSJ decidió retirarle la inmunidad a la juzgadora, esto luego de que el MP y la CICIG presentaran una solicitud de antejuicio para investigarla por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento de deberes por no presentar su declaración jurada patrimonial anual.
Entre los casos de alto impacto de los que se ha excusado la juzgadora desde que fungía como titular del juzgado, también está el Caso Siekavizza, cuya audiencia de apertura de juicio está programada para el mes de agosto de 2017, según lo informó el órgano jurisdiccional a cargo del caso en junio del presente año.
El debate se programó hasta dentro de dos años debido a mora judicial de la sede que sigue siendo cargada con expedientes.
