POR SAIRA RAMOS
sramos@lahora.com.gt
La Dirección Legislativa recibió esta mañana el dictamen a las reformas a la Ley de Probidad, luego que la Comisión Extraordinaria por la Transparencia reformó varios artículos de la misma, obligando en ella que los funcionarios y empleados públicos que devenguen un salario desde Q8 mil presenten su declaración jurada patrimonial.
Según el presidente de esa sala, José Alejandro de León, el proyecto pretende que los diputados al Congreso y Parlamento Centroamericano (Parlacen), así como los concejales, síndicos y demás funcionarios de Estado tienen la obligación de presentar a la Contraloría General de Cuentas (CGC), un informe sobre sus bienes, esto en aras de la transparencia y detección temprana de actos de corrupción.
La iniciativa de reforma que tiene el aval de todos los miembros de esa Sala también incluyeron que la CGC maneje un sistema de informática donde las declaraciones presentadas por los funcionarios y empleados públicos estén a disposición de la ciudadanía y entidades que así lo requieran, tales como, el Ministerio Público (MP) y Superintendencia de Bancos (SIB).
