POR GRECIA ORTIZ
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Guatemala requiere desarrollo, pero no tiene recursos para conseguirlo
La carga tributaria de Guatemala no registra aumentos significativos en los últimos años, pese a que cada vez crece la demanda de los servicios públicos salud, educación y seguridad, lo que compromete la inversión para el desarrollo social y el combate de la pobreza. Lo poco que se recauda no se ejecuta con transparencia, y la corrupción sigue siendo el rector del sistema. Naciones Unidas advierte que la ausencia de partidas de contingencia en el presupuesto para 2016 aumenta la vulnerabilidad de las clases sociales más desprotegidas. ¿Debemos pagar más por bienestar? ¿Qué cantidad de los ingresos del Estado sirven para alimentar la corrupción?
Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, Guatemala se comprometió a aumentar la carga tributaria por lo menos al 12 por ciento, en comparación con el Producto Interno Bruto (PIB), pero casi veinte años después, ese indicador se mantiene en el 10.8 por ciento.
Incluso, el índice de los ingresos tributarios de la administración central como porcentaje del PIB decreció del 11 por ciento de 2013, al 10.8 en 2014, de acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Finanzas Públicas.
Esto se refleja en las variaciones mínimas que registran los ingresos tributarios para financiar el presupuesto del Estado. Según el Banco de Guatemala, en 2013 se registraron ingresos por 46 mil 335.5 millones y la cifra apenas aumentó a 49 mil 096.9 millones en 2014. (Vea: Una baja carga tributaria)
A pocos meses de finalizar el período fiscal de 2015, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), reportaba hasta agosto la recaudación de Q33 mil 807.6 millones, una cifra baja si se considera que para esa fecha se tenía previsto contar con Q36 mil 942 millones.
Esta situación no pasa desapercibida dentro y fuera del país. El Sistema de Naciones Unidas en Guatemala manifestó su “profunda” preocupación por la falta de recursos del Estado para cumplir con sus obligaciones básicas, necesarias para el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas.
De acuerdo con Naciones Unidas, “la preocupación es mayor debido a los altos niveles de pobreza. Esta situación pone en riesgo la gobernabilidad del país”.
Según datos del Banco Mundial, Guatemala tiene los niveles más bajos del mundo en recaudación y en gasto social, en relación con el PIB, además de tener un presupuesto nacional pequeño, la inversión para proteger a la población más vulnerable es insuficiente.
PERSPECTIVAS PARA 2016: ANIQUILAN A LA SALUD
El Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala ve con preocupación que el anteproyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para 2016, de Q72.4 mil millones, implica una disminución del gasto social respecto del Presupuesto 2015. (Vea: Presupuesto y proyección)
En este proyecto se muestra un notorio descenso presupuestario en áreas clave, como la educación, la salud, el combate a la desnutrición, la prevención de la violencia y atención integral a las víctimas, particularmente mujeres y niños, y la atención a migrantes.
El presupuesto en salud tiene un decremento de más de Q100 millones y a eso hay que sumarle que los recursos se destinarían principalmente al pago salarios; de aprobarse así habría una reducción en los servicios para la población, lo que implicaría perpetuar la precariedad del servicio. La baja cobertura de vacunación y la falta de insumos ponen en peligro la salud y la vida de la población. La ausencia de partidas de contingencia en el presupuesto aumenta la vulnerabilidad de las clases sociales más desprotegidas.
Estadísticas del Programa Mundial de Alimentos revelan que en este momento, la canícula prolongada está afectando a 160 mil familias que no tienen lo necesario para subsistir, recargando las tareas de las mujeres, y cuyos hijos e hijas pueden padecer cuadros severos de desnutrición. Además de esta realidad, el combate a la desnutrición crónica también tendría una significativa disminución presupuestaria, según el anteproyecto referido, en circunstancias que el país tiene la tasa más alta de desnutrición crónica en América Latina y una de la más alta a nivel mundial.
“El presupuesto para educación se mantiene por debajo del 3% del PIB, lo cual es insuficiente para responder a las demandas de la población y superar los déficits, tanto en cobertura como en calidad educativa. Esta situación, además de violar un derecho fundamental de la niñez y la juventud, impide la movilidad socioeconómica de la población y compromete el desarrollo futuro de la nación”, refiere Naciones Unidas.
SIN PLANES POLÍTICOS
El Instituto de Estudios Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) presentó un análisis del proyecto de presupuesto para 2016 y destacan que la proyección de los ingresos tributarios es de Q54 millardos, equivalentes a una carga tributaria proyectada del 10.4%.
A criterio de ICEFI, alcanzar esa cifra de recaudación sería posible solo si el nuevo gobierno consigue implementar un plan efectivo para la recuperación de la SAT, y aunque advierte que todos los partidos políticos presentaron propuestas durante el proceso electoral para rescatar esa institución, ninguno indicó un plan específico de cómo lo lograría, y con ello se podría tener una perspectiva de lo que sucedería.
El déficit fiscal estimado en el proyecto de presupuesto para 2016 es de Q10 millardos que equivalen al 1.99% del PIB. De esa cuenta, el financiamiento del déficit muestra un desequilibrio que se cubriría con un 93 por ciento de Bonos del Tesoro, en tanto un 3 por ciento lo haría con préstamos externos y el 4% con recursos de caja.
EL GASTO SOCIAL ES PRIORITARIO Y EL RIESGO DE CAER COMO LOS PAÍSES EUROPEOS
Para Alejandra Contreras, del ICEFI, “las asignaciones no pueden dejar descubiertos Ministerios que proveen servicios esenciales a la población”. “A nosotros nos preocupa que hay recortes que van en prevención de mortalidad materna en el programa de desnutrición crónica, dentro la misma estructura en salud”, afirmó.
Ese fue justamente el problema de los países europeos que se vieron afectados por la crisis, como es el caso de Grecia que tuvo que recortar la inversión en servicios básicos.
A criterio de Contreras, existen asignaciones que se deberían poner en discusión, como el programa de fertilizantes, que de acuerdo a estudios realizados, se ha demostrado que resultan ser ineficientes y politizados por las autoridades nacionales y locales.
El proyecto del presupuesto, a criterio de Abelardo Medina, economista del ICEFI, también presenta otro tipo de deficiencias; el primer problema es que aun cuando se ha cuestionado sobre el monto y la forma de asignación, este no contribuye de una forma decidida a ser un instrumento de desarrollo.
“Con este presupuesto no podemos pensar que sea la solución a muchos de los problemas que tiene el país, especialmente en materia de salud, educación, seguridad; eso quiere decir que tal vez el primer problema es que aunque aparenta que es alto, de todas maneras no corregimos con el presupuesto los problemas del país”, agregó.
Medina detalló que también existe una diferencia entre ingresos y gastos que se cubren con deuda, aunque el problema principal es que es deuda que en términos generales “es cara”, pues el Gobierno puede endeudarse tanto por bonos internos o externos, “los bonos normalmente además de que tienen un plazo menor, tienen tasas de interés altas”. Vea: Deuda en crecimiento.
LO QUE NADIE OFRECE: LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
A criterio de Luis Linares López, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), es necesaria una reestructuración del proyecto de presupuesto para 2016, ya que de no hacerlo, o aumenta el déficit fiscal o la deuda.
Por ello insiste en que se requiere una revisión para eliminar o reducir algunas partidas que resultarían innecesarias o de dudosa efectividad.
El analista indicó que, incluso, se llegaría a necesitar una política de austeridad, “a la seguridad Presidencial están asignados 156 millones –quetzales-, una cantidad exagerada”, que podrían ir destinados a servicios que necesiten mayor cantidad de recursos.
Ante la crisis y la falta de presupuestos destaca que sí existe un peligro de gobernabilidad, pues el Estado deja de cumplir con sus funciones y sus deberes esenciales. Otro aspecto que destacó es la continuidad de la lucha contra la corrupción, al reducir la discrecionalidad en contrataciones y compras que no son transparentes.
Adrián Chávez, analista en salud del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), opinó que se esperaría una renegociación ética de pactos colectivos, acorde a las necesidades y posibilidades actuales.
Para el entrevistado, de llegarse a aprobar el presupuesto que se propone, sería incluso mejor quedarse con el que se maneja actualmente “lo mejor que podría pasar al Ministerio es que no se apruebe y que se quede con el Presupuesto tal y como está actualmente”.
DEUDA EN CRECIMIENTO
Por otro lado el ritmo de crecimiento de la deuda de los últimos tres gobiernos se encuentra en un promedio de 23.4% y es que de acuerdo a cálculos realizados con información del Banco de Guatemala (Banguat) y el Registro Nacional de las Personas (Renap), cada guatemalteco de los 16 millones 771 mil 248 ya adeuda Q7 mil 85 correspondientes de las deudas del Estado de los Q118 mil 840 millones 150.
Y es que en montos durante la administración de Otto Pérez Molina se creció en deuda pública un 26.4%, en comparación al 22.9% y el 20.9% que fueron contratados en los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y de la Gran Alianza Nacional (Gana).
Mientras en el endeudamiento externo adquirido por Pérez Molina suma Q52, 851.4 millones, en tanto Álvaro Colom reportó Q38, 938.9 millones, y con Oscar Berger la deuda externa alcanzó los Q24, 030.6 millones al término de su gestión.
“Con este presupuesto no podemos pensar que sea la solución a muchos de los problemas que tiene el país, especialmente en materia de salud, educación, seguridad; eso quiere decir que tal vez el primer problema es que aunque aparenta que es alto, de todas maneras no corregimos con el presupuesto los problemas del país”.
Abelardo Medina –ICEFI-“Lo mejor que podría pasar al Ministerio es que no se apruebe y que se quede con el Presupuesto tal y como está actualmente”.
Adrián Chávez –Ipnusac-“El presupuesto para educación se mantiene por debajo del 3% del PIB, lo cual es insuficiente para responder a las demandas de la población y superar los déficits, tanto en cobertura como en calidad educativa. Esta situación, además de violar un derecho fundamental de la niñez y la juventud, impide la movilidad socioeconómica de la población y compromete el desarrollo futuro de la nación”.
ONU
